Tonia Etxarri-El Correo

Si el referéndum constitucional celebrado hace 45 años sirvió para dotarnos de un marco de convivencia cimentado en el consenso entre las fuerzas mayoritarias por encima de los intereses partidarios, ahora el Gobierno debería darnos la oportunidad de convocarnos a una consulta. Sobre la ley de amnistía. La que borrará los delitos cometidos por los secesionistas del ‘procés’ que hicieron algo mucho más grave que «jugársela en el 2017». Desafiaron al Estado vulnerando, precisamente, la Constitución y el Estatuto de autonomía y rompiendo el marco de convivencia desde el propio Parlamento de Cataluña. La ocasión política lo requiere. Estamos en un momento crucial. Quienes robaron, malversando dinero público, y quienes practicaron la violencia en nombre de la independencia incendiando calles en Barcelona y atacando a policías van a quedar impunes gracias a la ley de amnistía que Pedro Sánchez tiene prisa por sacar adelante en el Congreso de los Diputados.

Ha cambiado tanto el comportamiento de nuestros responsables políticos en los últimos cinco años que se están imponiendo las mayorías parlamentarias a la democracia constitucional. Es la mitad más uno la que va a aprobar esta ley de impunidad. Con la otra mitad en contra, la mayoría en el Senado, las protestas en la calle y la oposición en buena parte del mundo de la judicatura (¿estarán todos al otro lado del muro que ha levantado Pedro Sánchez?), el presidente se podría marcar un 92 de la Constitución. Teniendo en cuenta que establece que las decisiones políticas «de especial trascendencia» podrán ser sometidas a referéndum consultivo «de todos los ciudadanos», podría demostrarnos que él cree tanto en la Carta Magna que, además de reclamar al PP que la cumpla con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, va a escuchar la opinión de las urnas. Sé que es un brindis al sol. Pero a la ciudadanía –a toda, no sólo a la catalana– le asiste el derecho a ser consultada para no tener que decirle a este presidente que no actúe en su nombre.

Una cosa es defender la reforma necesaria de la Carta Magna y otra muy distinta deconstruirla. ¿Quedará encajada la ley de impunidad en una Constitución en la que no cabe (según Sánchez y sus ministros hace tan sólo unos meses) sin reformarla?

Veremos juegos malabares. Se encajará el derecho de autodeterminación. Lo insinuó Francina Armengol en su discurso partidista. El PNV dice que ya va tocando. Pero es Puigdemont quien marca la pauta. Resulta difícil considerar constitucionalista a quien pacta, como Sánchez, en nombre de la Constitución, con quienes son hostiles a nuestro ordenamiento jurídico. Y hoy por hoy, todos sus socios lo son.

Hasta ahora se va cumpliendo el guion de Puigdemont. Al dictado. No parece que el fugado de la Justicia a quien Sánchez va a rehabilitar gracias a la ley de amnistía sea un abanderado de la Constitución, precisamente. Al prófugo no sólo le interesa resolver su situación y la de los suyos, sino reventar las costuras institucionales del Estado español. ¿Lo veremos?