Miguel Sebastián, EL MUNDO 21/11/12
EL DEBATE sobre el posible proceso de secesión en Cataluña tras las elecciones autonómicas del 25N tiene muchas vertientes. Una política, otra de tipo jurídico y otra económica, en la que centraré este artículo. No es casual que la iniciativa secesionista se haya acentuado en plena crisis económica, coincidiendo con un importante ajuste de los saldos públicos en todos los niveles de la Administración. Pero el proceso se origina en el sentimiento de agravio de buena parte de la población catalana ante un sistema de financiación autonómica que consideran injusto. Este sentimiento ha calado incluso entre colegas de la profesión económica, que defienden la idea de que Cataluña sufre un «expolio» por parte del resto del Estado, medido por una desorbitada «balanza fiscal desfavorable. Y se ha visto reforzado con otro sentimiento: que su sistema de financiación es claramente más desfavorable que el Concierto vasco.
No voy a entrar a rebatir estos dos sentimientos, aunque conviene recordar que a Cataluña se le ofreció a finales de los años 70 el mismo sistema de financiación del cupo vasco y lo rechazó, por suponer, según ellos, unos ingresos «más inciertos» que los que se conseguirían con sucesivas negociaciones del modelo de transferencias estatales. Y, por otra parte, la idea de «balanza fiscal» como elemento de agravio es más que discutible, porque la presión fiscal no se aplica a territorios sino a personas y a empresas, por lo que la progresividad hace que los territorios con personas más ricas o con mayor tejido empresarial lógicamente sufran una mayor presión fiscal. ¿Se imaginan cuál debe ser la «balanza fiscal» de la City de Londres, o de la Moraleja en Madrid? ¿Justificaría ello su deseo de secesión si ésta se planteara? ¿La aceptarían los partidos de izquierda, en base al sacrosanto «derecho a la autodeterminación de los pueblos»?
Pero no pretendo debatir eso. Este artículo pretende ser amigable y ambos temas, el rechazo al Concierto en su día y el cálculo de las balanzas fiscales, son espinosos y producen enconamiento. Lo que quiero considerar es el caso más amistoso y favorable a las tesis de Artur Mas y del resto de los nacionalistas secesionistas. Es decir, no voy a argumentar, como ya se ha hecho, lo que le ocurriría a Cataluña, una región con un notable peso industrial y un elevado grado de apertura al exterior, fundamentalmente con España y el resto de la Unión Europea, en caso de una ruptura unilateral con España, que conllevaría su salida automática de la UE. No quiero hacerlo no porque no crea que sea verdad, sino porque no quiero que se me incluya en la lista de los que infunden «miedo» justo unos días antes de las elecciones autonómicas. Por el contrario, voy a suponer que Cataluña consigue un proceso de segregación amistoso, pacífico y jurídicamente aceptable y que se convierte en el 28º Estado de la Unión Europea. Es decir, un escenario que sería inmediatamente firmado por Mas y el resto de los nacionalistas catalanes, tanto de la izquierda como de la derecha.
Vaya por delante que nunca he entendido el argumento de la izquierda nacionalista y secesionista, que repudia lo que, desde su punto de vista, es una entidad supranacional intermedia, como es España, pero no repudia una entidad supranacional superior, como es la UE. Porque, si según dicha izquierda, todos nuestros males actuales vienen de la Troika, de Merkel, del BCE y de Bruselas, ¿por qué no proponen de paso su salida de la UE? Y ya puestos, ¿no es tan opresora una entidad supranacional como la otra? Por eso, me parece más coherente la actitud de la derecha nacionalista, representada por CiU. Lo que repudian no son los recortes, la austeridad y la ortodoxia fiscal y monetaria europeas, sino el «exceso de solidaridad» de Cataluña con el resto de España a través del modelo de financiación. Es decir, estamos ante un caso particular de la rebelión de los ricos. Y, suponiendo que se llega a una solución amigable, ello recuerda al proceso de separación de la República Checa con respecto a Eslovaquia, allá por 1993, lo que se conoce como el divorcio de terciopelo.
EL ARGUMENTO allí era parecido al que ahora usa CiU. Para la República Checa, que tenía una renta per cápita relativa un 60% más alta que Eslovaquia, continuar unidos a los eslovacos como un solo país suponía un lastre para ellos, los ricos, que tenían que cargar con la aportación solidaria al conjunto del Estado, aportación que consideraban excesiva (el expolio). Y en 1993 se produjo el divorcio de terciopelo. ¿Le fue bien a la República Checa desde entonces? Rotundamente no. Su renta per cápita relativa al promedio europeo (UE=100) era un 77% en 1995. En 2011 apenas llegaba al 80%. Por tanto, sólo han avanzado tres puntos en casi dos décadas. Por el contrario, países del Este que permanecieron unidos, como Polonia, avanzaron en 22 puntos en su renta per cápita relativa a Europa, es decir casi ocho veces más que la República Checa.
Si a la República Checa no le fue bien en su divorcio, ¿por qué le iba a ir a bien a Cataluña? En este punto quiero argumentar que muy probablemente le iría incluso peor que a la República Checa. Hay tres razones que hacen que el punto de partida de Cataluña sea bastante peor que el de la República Checa:
1. Tanto la República Checa como Eslovaquia tenían garantizado su ingreso en la UE a futuro, aunque se separasen, ingreso que tuvo lugar en 2004. Y, como ya se ha dicho, Cataluña no tiene garantizado dicho ingreso, más bien lo contrario.
2. La deuda pública de la República Checa representaba el 14% de su PIB. ¿Cuál sería el ratio de deuda pública de Cataluña? A su deuda autonómica (44.000 millones de euros) y local y de empresas públicas propias (13.000 millones de euros) habría que sumarle, dado que estamos caracterizando un escenario de divorcio amistoso, en el que se reparten también los pasivos y no sólo los activos, la parte alícuota de la deuda de la Administración central y la de las empresas públicas españolas. Dicha parte alícuota tendría que suponer, al menos, el porcentaje del PIB catalán sobre el conjunto del PIB español (cerca de un 19%). Es decir, hablaríamos de 116.000 millones de euros por el primer concepto y de 27.000 millones de euros por el segundo. En total unos 200.000 millones de euros, es decir, la deuda pública catalana se acercaría al 100% de su PIB, por lo que Cataluña tendría que emplearse a fondo para seducir a los mercados o negociar con las instituciones europeas su refinanciación. Y ya hemos aprendido lo que quieren decir ambas cosas.
3. Finalmente, la renta per cápita. El último año para el que se dispone de cifras oficiales homogéneas es 2009. En ese año la renta per cápita de Cataluña era el 120% de la media europea. Es decir, Cataluña era más rica que Alemania (116% en ese año). Es verdad que en estos años habrá retrocedido algo en renta per cápita relativa. Pero seguro que sigue siendo más elevada que la de Francia (107), Reino Unido (108), Italia (101) o incluso Finlandia (116). Es decir, que en ese hipotético escenario favorable de ingreso en la UE, Cataluña se convertiría en «contribuyente neto» a la Unión Europea, cosa que España hasta la fecha nunca ha sido. ¿Estarían entonces los catalanes dispuestos a ejercer su solidaridad con búlgaros, rumanos, lituanos y húngaros antes que con extremeños, andaluces, murcianos y canarios? Difícil de explicar y aceptar en una tierra donde una parte importante de su población se nutre de gentes que provienen precisamente de esos territorios de España.
En resumen, el escenario más amigable para la secesión de Cataluña es un mal escenario para Cataluña. Y, sobre todo, será un escenario muy difícil de explicar a sus propios habitantes, que por ahora parecen moverse por impulsos emocionales y de frustración ante la crisis, pero que históricamente han demostrado, en los momentos clave, un gran pragmatismo y una gran racionalidad económica. Por eso, estoy plenamente convencido de que llegará un día no lejano en que digan: «No podemos Mas».
Miguel Sebastián es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Miguel Sebastián, EL MUNDO 21/11/12