Fátima Báñez, ministra de Empleo del PP, presentó en febrero de 2012 el Decreto ley para la reforma del mercado laboral. Fue una fecha clave porque a partir de entonces comienza a recuperarse el empleo que se había perdido a mansalva en tiempos zapateros.
Hay que recordar que la ministra Díaz, tan sobrevalorada en méritos como ayuna de conocimientos teóricos, pero que no tiene el menor escrúpulo en adjudicarse la igualdad salarial por razón de sexo (ella dice ‘género’) cuando eso lo hizo ley Rafael Calvo Ortega, ministro de Suárez, en 1980. También blasona ahora del descubrimiento de los Ertes, una aportación de Fátima Báñez que ella desconocía radicalmente y que para explicarlo pedía sopitas al ministro Escrivá: “A ver si entre los dos somos capaces de explicarlo bien”, decía la pobre, sin que el ministro de SS moviera un músculo. Y lo que resulta abiertamente espectacular es que ella haya sostenido tan terne la necesidad de derogar la reforma de Rajoy mientras saca pecho de las mejoras de las cifras de empleo alcanzadas mientras está en vigor la reforma laboral de Fátima Báñez.
Digamos pues que la reforma laboral de Sánchez no es en absoluto una derogación de la Ley de 2012. Todo lo más es una corrección, algunos leves retoques a la reforma de Rajoy, salvando alguna capacidad de negociación de los sindicatos, lo que no está mal si estos se mantienen dentro de la racionalidad y no incurren en errores como reivindicar subidas salariales en plana recesión de la crisis de 2008.
Ayer daba cuenta Marisa Cruz de la posición de firmeza que ha adoptado Pedro Sánchez sobre la cuestión: no piensa aceptar modificaciones en el texto, no va a aceptar que se tramite como proyecto de ley y no piensa negociar contraprestaciones con las que compensar a sus socios a cambio del voto favorable. El portavoz parlamentario en el Congreso, Héctor Gómez, se ha puesto tajante al señalar límites a Yolanda Díaz, en el sentido de que si ella quiere hacer concesiones supongo que ‘chulísimas’ a los socios del Gobierno será ella quien tenga que explicarlas y después, someterlas a la aprobación del Gobierno. Hablando en plata: que no será ella quien tenga la última palabra.
El Gobierno está librando la batalla en un doble frente. Por una parte contra la oposición a quien invita a votar mediante contrato de adhesión, sin negociación alguna. En mi opinión la reforma es perfectamente votable, aunque también son de comprender las resistencias de Pablo Casado, ante un tipo que no tiene el menor escrúpulo en granjearse el voto de los nacionalistas a los Presupuestos mediante concesiones a los terroristas y que pretende el voto del PP por su cara bonita. Luego está lo de Ciudadanos, tan deseosos de votar la reforma, sin que Sánchez se haya dignado llamar a la bella Inés para pedírselo. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no piensa permitir que la reforma laboral se salve con los diez escaños de Arrimadas, “la norma nacería tocada”. Por otra parte, ¿Qué quiere decir ‘no a las contraprestaciones’? Los votos del PNV (y los de Bildu, y los de ERC y los de etc) valen su peso en oro y así los pagará Sánchez. No hay contraejemplos.