Dejando a un lado los sucesos investigados y las comprometidas diligencias practicadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid ante la Delegación del Gobierno -con plena autonomía funcional y dependencia de la jueza-, su obligada reserva, así como otras cuestiones que han aparecido en torno al informe discreto a la cadena de mando sobre aspectos sensibles, y aún más allá, al ejecutivo, sobre todo cuando éste es parte interesada, o también la objetividad puesta en duda de ciertos análisis e indicios aportados por la investigación, me centraré en los aspectos generales y las consecuencias para el buen funcionamiento del Instituto Armado de intervenciones no medidas en la cadena de mando, como el cese por pérdida de confianza del mando de la Comandancia de Madrid, aunque más allá de los hechos concretos que dan pie a la reflexión.

La Guardia Civil nació en 1844 de la necesidad de disponer de un Cuerpo armado y especializado alternativo al Ejército y desplegado territorialmente en pequeños Puestos o Destacamentos, a lo largo y ancho de toda la geografía española, para afrontar los problemas de seguridad pública en los caminos preñados de salteadores y asegurar el cumplimiento de las nuevas leyes promulgadas por los gobiernos constitucionales frente al orden antiguo.

Desde su nacimiento fue un Cuerpo armado de naturaleza militar con funciones de protección, seguridad ciudadana y orden público interior a las órdenes de las autoridades gubernativas, pero también con capacidad para esclarecer delitos, formular atestados y detener a los presuntos culpables a las órdenes de las correspondientes autoridades judiciales.

Su carácter militar reforzaba el sentido del deber, su entrega, dedicación y esfuerzo y su espíritu de servicio, así como la eficacia en el cumplimiento de las funciones encomendadas, pero también reforzaba su autonomía frente a intereses ajenos y su neutralidad respecto de intereses, a la vez que su servicio especial cerca de los ciudadanos acentuaba la prudencia por encima de la firmeza, virtudes todas que quedaban sublimadas en el honor y su contrafuerte: su estructura jerarquizada y disciplinada, para garantizar siempre una actuación ajena a toda arbitrariedad o corrupción.

La Guardia Civil ha sido así durante mas de 175 años un instrumento útil al país y a los ciudadanos que han necesitado sus servicios, habiendo afrontado los retos de modernización exigidos y la necesaria evolución paralela a la Constitución y las Leyes, las Instituciones y la sociedad.

La Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 fue la primera pieza maestra tras la Constitución que encuadró a la Guardia Civil como Fuerza de Seguridad en virtud del cumplimiento ordinario de funciones de protección y seguridad de los ciudadanos y para garantizar la ejecución de las leyes y la persecución de los delitos, aunque manteniendo su naturaleza y disciplina específicas, que la hacen apta para cumplir también misiones de carácter militar, y la prohibición de sindicación y de efectuar peticiones colectivas, marcando a la vez unos principios básicos de actuación comunes, entre los que se encuentra la exigencia absoluta de neutralidad política e imparcialidad, e incluyendo acertadamente la necesidad de una cuidada formación profesional de sus componentes.

Sin embargo esta Institución, apreciada por su ecuanimidad al servicio de los intereses generales y de los ciudadanos, a la par que se moderniza, está siendo sometida a tensión y desgaste por falta de ajuste suficiente de ciertas piezas extrañas que a modo de rejones están debilitando gradualmente elementos esenciales de su fortaleza, tales su estructura jerarquizada y su disciplina, inseparables de su naturaleza militar, sobre las que se sustenta la objetividad y eficacia en el cumplimiento de sus misiones, que ayudan a comprender la situación actual.

La integración de las asociaciones profesionales, ineludibles porque facilitan y canalizan el ejercicio de los derechos profesionales, no ha quedado bien ajustada al estatuto singular y la estructura jerárquica y territorial del Cuerpo ya desde el sistema de elección de sus representantes, produciendo distorsiones en su funcionamiento por el carácter, la extensión y la expresión en forma reivindicativa y pública de ciertas demandas, o su trato político, que acaban generando intervenciones ajenas al ejercicio del mando, la eficacia de los servicios y la disciplina.

Paralelamente al desenvolvimiento asociativo, el régimen disciplinario de la Guardia Civil, en el que se sustenta su ordenamiento militar, se ha ido desnaturalizado en sucesivas reformas alejándolo del más apropiado a su naturaleza militar para acercarlo a su condición de Cuerpo de Seguridad, en una posición de pérdida de carácter del mando.

Pero se produce un deterioro aún más grave de la Institución que pone en riesgo su futuro, cuando el servicio es guiado por criterios más particulares o políticos que profesionales, o se producen intromisiones en el ejercicio del mando, en la carrera profesional o en la asignación o el cese en puestos de responsabilidad por tales motivos sin respetar en la medida debida el orden jerárquico y los procedimientos internos, sin justificación objetiva suficiente.

Las instituciones que componen las Administraciones Públicas han sido edificadas laboriosamente y constituyen el sustento del Estado, y aunque dependen del poder ejecutivo hay un nivel de desenvolvimiento profesional y otro de dirección política en cuyo cruce se sitúan los puestos profesionales de mayor responsabilidad, libremente elegidos siguiendo criterios de confianza, o que incluso llegan a recaer en personas ajenas a la profesión, nombramientos que no deberían extenderse por la pérdida de objetividad, credibilidad y deterioro institucional que conllevan, ni confundirlos con puestos intermedios de libre designación interna, y es que las Administraciones Públicas están al servicio del poder ejecutivo pero no son el poder ejecutivo.

En la Guardia Civil, una institución fuertemente jerarquizada, el nivel de delimitación de los puestos intermedios de responsabilidad de libre designación y cargos de elección de especial responsabilidad ha de ser más estrecho si cabe, ceñido más aquel al ámbito profesional, y el respeto a la jerarquía más exigible, precisamente para garantizar la mayor objetividad y servicio a los intereses generales, y cualquier intervención externa debe ser cuidadosamente sopesada y siempre ejercida a través de los canales de mando establecidos.

La naturaleza, estatuto profesional y funciones de la Guardia Civil, sus valores, jerarquía y disciplina específicas, singularmente adaptadas, guardando el equilibrio debido con el ejercicio de sus funciones, reequilibrando donde sea conveniente en el largo plazo, siguen siendo válidos y actuales para cumplir con la mayor objetividad y eficacia sus misiones bajo las directrices de las autoridades gubernativas, administrativas y judiciales que correspondan, manteniendo la autonomía profesional necesaria, como una Institución fiel y confiable al servicio del país.

*** Benito Salcedo Muñoz es general de la Guardia Civil.