El rey emérito, Juan Carlos I, ha aprovechado la celebración del 42 aniversario de la Constitución para anunciar la regularización de sus obligaciones tributarias. O así lo parece. La discusión de la Monarquía se ha avivado, al tiempo que se multiplicaban las muestras de desafección respecto a la Carta Magna. Quienes reclaman la reforma de la Constitución apelan indistintamente a su actualización generacional -alegando que ya son minoría los españoles de más de 60 años, que pudieron participar en el referéndum de 1978- y a la necesidad de superar los condicionantes en que se desarrolló la Transición -reivindicando lemas que añoran algunos de más de 60 años-. Pero el ventajismo no se limita a esa doble argumentación. Afecta a algo más importante: a la imposibilidad de alcanzar un consenso reformador mientras la polarización partidaria dibuja líneas absolutamente divergentes en cuanto a la revisión del ‘régimen del 78’. Léase que para redactar una ley orgánica sobre la Monarquía.

El republicanismo militante también es ventajista. Señala que el restablecimiento de la democracia tras la dictadura franquista no debió asumir la Monarquía como forma de Estado, sino volver a aquella contra la que se pronunció el alzamiento. Aunque en realidad confía en la implosión de la Corona; más bien en la prolongación de su declive. Confía en que Juan Carlos I continúe mostrándose desdeñoso hacia el país, como si se sintiera legitimado para pasar factura por los servicios prestados. Confía en que Felipe VI se vea obligado a actuar a la defensiva durante años; y en que la contracción de facto de la Familia Real al Rey, la Reina y sus hijas transmita la sensación de que la Monarquía tiene los días contados.

El formalismo de que «se están juzgando personas, y no instituciones», que ha empleado esta semana el presidente Sánchez, es lo máximo que el socialismo gobernante parece dispuesto a declarar hoy. Cual si esperase heredar una república ‘a beneficio de inventario’.

Pero el republicanismo de Unidas Podemos, el de ERC, el del resto del independentismo catalán, o la ‘constitución’ que pretende redactar EH Bildu para una república propia en Euskal Herria, no parecen delinear una democracia liberal y pluralista. Las estrecheces, ciertas, de la Constitución y las vergüenzas de la Corona están siendo empleadas poco menos que como subterfugio para alentar regímenes a peor en nombre de utopías caóticas. Regímenes inalcanzables pero latentes, cuando la estabilidad política e institucional tiende a reducirse al voto en aluvión de los Presupuestos de 2021.