EDITORIAL ABC – 29/06/14
· Reformar la Constitución para beneficiar a unos frente a otros vulneraría el espíritu de la Carta Magna y dañaría gravemente el beneficioso marco de convivencia de los españoles.
· La inclusión de Europa en el texto, la Sucesión a la Corona y la cuestión territorial salvaguardan la unidad nacional y podrían formar parte de la actualización del texto.
La Constitución de 1978 ha propiciado a España la época de mayor estabilidad política y prosperidad económica de su historia, demostrando de forma inequívoca su incalculable valor como principal marco jurídico del Estado. De ahí, precisamente, que cualquier retoque o cambio que se plantee sobre su contenido deba afrontarse con especial cuidado y profunda responsabilidad, ya que el texto constitucional configura algo tan esencial como el modelo de convivencia de todos los españoles.
Sin embargo, el evidente éxito que ha cosechado la Carta Magna durante casi cuatro décadas no significa que no puedan introducirse ciertas modificaciones, siempre y cuando redunden en una mayor eficiencia de las instituciones y una mejora del actual sistema político y social. Y, para ello, dicha reforma ha de asentarse sobre una serie de condiciones básicas e ineludibles. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó la reunión que mantuvo el pasado viernes en Génova con los responsables autonómicos del PP para sondear a sus barones sobre esta importante cuestión, abriendo, por primera vez, la puerta a un posible cambio constitucional en el futuro, tras el creciente debate político que ha surgido en torno a la organización territorial del Estado.
El problema de fondo es que, si bien es cierto que el actual marco jurídico presenta algunas deficiencias dignas de mención, su corrección es imposible si no se parte de dos prerrequisitos. En primer lugar, la existencia de un gran consenso político y social, y, en segundo término, la vital salvaguarda de las competencias del Estado, sin concesiones de ningún tipo al nacionalismo ni menoscabo de la unidad nacional. Si con cientos de asesinados el Estado de Derecho no ha cedido al vil chantaje de ETA, menos aún debe hacerse con el terrorismo acorralado, como sucede en la actualidad, por mucho que le pese a la demagógica y populista ultraizquierda.
Una cosa es acometer un cambio más o menos superficial, como fue la adaptación al Tratado de Maastricht o la reciente cláusula de estabilidad presupuestaria del artículo 135, y otra muy distinta tocar el núcleo de la Carta Magna, la esencia del sistema, cuya modificación requiere el acuerdo de dos tercios de cada Cámara, la disolución de las Cortes, la aprobación posterior del nuevo Parlamento por mayoría de dos tercios y, finalmente, su ratificación mediante referéndum. Sin consenso previo, por tanto, no hay reforma posible.
Y la tarea en este ámbito se antoja harto difícil si se tiene en cuenta que la receta oficial del PSOE para abordar el modelo territorial consiste en implantar un federalismo asimétrico para beneficiar expresamente a Cataluña frente al resto de autonomías, una discriminación absolutamente inaceptable, tanto desde el punto de vista jurídico como financiero. Lo grave, además, es que los principales candidatos a suceder a Pérez Rubalcaba al frente de la Secretaría General del partido, Eduardo Madina y Pedro Sánchez, coinciden en que Cataluña sea reconocida como nación, lo cual viola de forma explícita la soberanía nacional, el eje fundamental sobre el que pivota la democracia española. Con estos mimbres, el imprescindible acuerdo político se antoja inviable.
Pese a ello, existen, al menos, tres reformas que se podrían plantear a simple vista partiendo del imprescindible respeto a las condiciones citadas. Por un lado, la inclusión de Europa en el texto constitucional, con un título específico o subordinado a otro existente, para regular la imparable integración de España en la legislación comunitaria. La Sucesión en la Corona, eliminando la anacrónica prevalencia del varón sobre la mujer, y el necesario régimen de aforamiento de los Reyes tras abdicar.
Y, por último, abordar la cuestión territorial para definir el marco competencial y mejorar la financiación autonómica, pero desde el respeto a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. España es uno de los países más descentralizados del mundo, superando incluso a los sistemas federales, pero el modelo autonómico no está exento de errores y deficiencias que, sin embargo, se podrían abordar para evitar las habituales amenazas nacionalistas con el fin de mejorar su financiación y, de este modo, perpetuar injustos privilegios. Reformar la Constitución para beneficiar a unos frente a otros vulneraría el espíritu de la Carta Magna y dañaría muy gravemente el beneficioso marco de convivencia de los españoles.
EDITORIAL ABC – 29/06/14