La crisis desatada por la guerra de Putin ha empequeñecido tanto la política interior española, y más el peso relativo de las diecisiete políticas autonómicas, que la diatriba respecto a la supresión o el mantenimiento del impuesto sobre el Patrimonio, respecto a implantar o no más impuestos ‘a los ricos’, se ha convertido en la reserva ideológica de la que todas las formaciones echan mano a ciegas ante la proximidad de las urnas.
Una de las pocas salvedades es el PNV que, sin duda también por interés electoral, trata de sortear la discusión, con el lehendakari Urkullu anunciando ayer que propondrá a las diputaciones forales la deflactación del IRPF a partir del 1 de enero de 2023. Una medida por ahora tan inconcreta como el ‘impuesto a los ricos’ avanzado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, secundada por Pedro Sánchez. Pero que permitiría discutir sobre el sistema impositivo en su conjunto a partir de los efectos previsibles de cada corrección para las arcas públicas, la economía y las personas y familias más desprotegidas.
Aunque lo más probable es que, con tal de asegurar la tramitación de los Presupuestos Generales frente a lo que regulen las autonomías gobernadas por el PP, Pedro Sánchez continúe soslayando tanto esa cuestión como la financiación autonómica. En el fondo, es la misma actitud de Mariano Rajoy cuando se negaba a abrir melones sin saber de antemano dónde podían acabar los gajos.
Ayer se hizo visible que el PSE prima la estabilidad política frente a cualquier desavenencia con el PNV. También su propia estabilidad como partido. Y que los jeltzales tratan de apurar las posibilidades que puede ofrecerle la legislatura en Madrid para presentar, si acaso, algún resultado más en materia de autogobierno antes de que termine el año. Relajados ante el escarmiento ajeno del viaje a ninguna parte del independentismo catalán, y a sabiendas de que EH Bildu se ha recolocado en el posibilismo de después de ETA.
Los socialistas vascos no tienen más remedio que asumir como propia la deflactación del IRPF que idee el consejero Azpiazu con los diputados forales de Hacienda, simulando que no entra en contradicción con la política defendida por Sánchez. Del mismo modo que éste se ve obligado a mostrar empatía hacia las comunidades gobernadas por fuerzas del ‘bloque de investidura’ frente a las prevenciones que mantiene respecto a las demás. Todo ello mientras Vox por un extremo y Unidas Podemos por el otro reivindican para sí que PP y PSOE se enfrenten en materia tributaria sin que importen sus efectos reales.