Nacho Cardero-El Confidencial

Una cosa es estar en el Gobierno y otra muy distinta es gobernar, decía Antonio Maura. Lo decía de España, un país donde los voceros oficiales son especialistas en tirar balones fuera

Hay que reconocer la habilidad del Gobierno para sacudirse responsabilidades. Esquivan con ‘finezza’ las críticas por la tardanza en la gestión de la crisis, una dilación no muy diferente a la de otros países; las críticas por la congelación de las estadísticas y el número de muertos, que eso se debe a la falta de criterios uniformes en las comunidades autónomas, y las críticas por la escasez de recursos humanos y sanitarios para combatir la pandemia, que de tal carestía tienen la culpa los recortes del Ejecutivo anterior.

Todo ello sin mentar el intento de los socios de Sánchez de tratar de demostrar que el virus se debió crear en algún laboratorio en los sótanos de Génova 13, tal y como demuestra el hecho de que la comisión de investigación sobre el covid se retrotraiga a los tiempos de Rajoy.

Si el Gobierno carece de responsabilidad en las residencias, ¿para qué tanto estado de alarma? ¿Por qué tanto quilombo de mando único?

Una cosa es estar en el Gobierno y otra muy distinta es gobernar, decía Antonio Maura. Lo decía de España, un país donde los voceros oficiales son especialistas en tirar balones fuera y obviar los deberes que conlleva la asunción del poder.

Sucede con las estadísticas del covid-19, donde Sanidad no solo ha hecho mutar el método de contabilización sino que lleva ya más de 10 días sin actualizar el recuento de fallecidos, congelado en los 27.136, algo inédito en cualquier otro país del mundo.

Que la calculadora del coronavirus se haya roto no dejaría de ser una simple anécdota aritmética si no fuera porque tras las cifras hay vidas humanas, familias que velan a sus muertos mientras escuchan perplejas que el virus ha dejado de matar.

Sucede también con las residencias de mayores, un macabro espectáculo que, a la espera de que el horror vuelva con una segunda ola, solo ha servido para que el Ejecutivo central encuentre un chivo expiatorio en la figura de Díaz Ayuso, la mala malísima de la política nacional, a la que Pablo Iglesias acusa de “un posible crimen” por “rechazar el traslado de ancianos a los centros cuando se produjo el pico de la pandemia”.

Si el Gobierno carece de responsabilidad, si la culpa es solo de la Comunidad de Madrid, ¿para qué tanto estado de alarma? ¿Por qué se montó entonces el quilombo del mando único?

No se trata de eximir de responsabilidades a la comunidad, que las tiene, y ahí están los tribunales para dirimirlas, con querellas acumulándose en el Supremo contra la presidenta regional interpuestas por familiares de los mayores fallecidos en residencias, sino de esa astucia que posee el vicepresidente segundo para hablar a humo de pajas y achacarle los problemas al partido de enfrente, como si él no gobernara.

Porque la delegación de competencias en las CCAA suena a excusa burda. Iglesias es el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, cartera que debiera encargarse del espinoso asunto de las residencias. Aunque el real decreto publicado el 14 de marzo sobre el estado de alarma lo dejaba fuera y designaba a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad como “autoridades competentes delegadas”, él también es responsable.

Unidas Podemos propone nacionalizar las residencias, lo que tendría un coste de más de 5.000 millones de euros para las arcas públicas

De hecho, el real decreto-ley de 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social de la crisis incluía una partida de 300 millones para “financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales”. Iglesias era el encargado de gestionar ese dinero. A día de hoy, nada se sabe de esa aportación destinada a residencias para adaptarlas a la nueva realidad poscovid.

Como experto en levantar cortinas de humo, eso sí, ha lanzado a su grupo parlamentario con una propuesta en el Congreso para nacionalizar las residencias, lo que tendría un coste de más de 5.000 millones de euros para las arcas públicas.

Lejos de avalar las tesis de Unidas Podemos, la pandemia ha puesto negro sobre blanco la urgente necesidad de una mayor implicación de las administraciones y una mejor asistencia hospitalaria en las propias residencias. Una coordinación, además, que no solo debe abordarse hacia los centros hospitalarios sino también con los servicios de atención primaria. Si no fuera por la colaboración público-privada, la lista de espera sería mucho más elevada.

Pero Iglesias, que es un zorro en eso de dar la vuelta al calcetín y que los asuntos le salpiquen a otro, ha llevado la polémica a su campo de juego ideológico. Lo mismo con el caso Dilma que con las residencias. Es siempre lo mismo. Es el coronavirus, pero no solo es el coronavirus. Ahí a Iglesias, hay que reconocérselo, no hay quien le gane.