EN UNA INAUDITA resolución, que podría calificarse de ingeniería jurídica, el pleno del Tribunal Constitucional, reunido ayer con carácter extraordinario, decidió por unanimidad no admitir aún a trámite el recurso del Gobierno, hasta que no se pronuncien todas las partes, a la vez que suspender la investidura de Puigdemont a no ser que ésta sea presencial. Con esta decisión salomónica, no contradice los argumentos del Consejo de Estado sobre el carácter preventivo de la impugnación del Gobierno, a la vez que recoge la pretensión del Ejecutivo de evitar de facto las dos posibles representaciones esperpénticas y circenses que manejaban los independentistas. Puigdemont no podrá ser investido telemáticamente, ni tampoco podría presentarse de manera improvisada en la cámara autonómica. Si realmente quiere volver a presidir la Generalitat, deberá regresar a España, ponerse a disposición del juez que le tome declaración y solicitar de éste una «autorización judicial» para poder ejercer sus derechos políticos, que el ex president mantiene intactos hasta que no exista un sentencia judicial en firme contra él.

Pese a los rumores de división interna entre los miembros del pleno (que han debatido durante más de siete horas), el TC ha podido salvar in extremis la unanimidad que ha mantenido hasta el momento en sus resoluciones sobre Cataluña. Una unidad necesaria e imprescindible para mostrar a los secesionistas la fortaleza y la inquebrantable decisión de las instituciones del Estado frente a los propósitos de quienes quieren romper las reglas de convivencia de todos los españoles.

No obstante, es obvio que la precipitada y poco prudente iniciativa del Gobierno ha provocado una innecesaria situación de tensión entre los dos principales poderes del Estado, que deben actuar de manera coordinada para desbaratar el desafío soberanista. En ningún caso el Gobierno debe poner en situaciones límite a las instituciones, ni delegar exclusivamente en la Justicia actuaciones que deben articularse a través del liderazgo político y el consenso entre las fuerzas democráticas.

La coyuntura política es de extrema gravedad, ya que está en riesgo la unidad y la estabilidad del país, así como su imagen ante la comunidad internacional. Y aunque los fines perseguidos por el Gobierno son plenamente legítimos, no todos los medios son recomendables. Frente a las trampas legales y políticas de los secesionistas, el Gobierno sólo puede utilizar el imperio de la ley, ya que éste es la única garantía de preservar la democracia. El Ejecutivo sabía que era previsible que el Consejo de Estado se pronunciase negativamente sobre el recurso al debate de investidura anunciado para el próximo martes, ya que el derecho no puede actuar nunca preventivamente. También, que era inaudita la decisión de ignorar ese informe y seguir adelante con el recurso. El TC ha salvado una situación que nunca debería haber llegado a estos extremos de incertidumbre.