EL MUNDO – 20/11/14
· La Junta de Fiscales apoya llevar a los tribunales al ‘president’, la vicepresidenta y la consejera Rigau por los cuatro delitos propuestos por el fiscal general, uno de los cuales conllevaría prisión.
La cúpula del Ministerio Público, integrada por 24 fiscales de muy distintas sensibilidades ideológicas y nombrados en su mayoría por gobiernos socialistas, dio ayer al fiscal general el apoyo que precisaba para llevar a los tribunales al president de la Generalitat, Artur Mas, y para superar la crisis abierta por los fiscales de Cataluña, contrarios a la querella.
Torres-Dulce superó el trance con nota: sólo uno de los 24 fiscales de Sala se opuso abiertamente a la querella y otro lo hizo de forma menos clara. Un respaldo prácticamente total respecto a los futuros querellados –no sólo el president, sino también la vicepresidenta y la consejera de Educación– y en cuanto a los cuatro delitos propuestos. Uno de ellos, obstrucción a la Justicia, conlleva pena de prisión.
La práctica unanimidad de la Junta de Fiscales de Sala –el máximo órgano asesor del fiscal general en materia jurídica– respaldó así sin vacilar el criterio de Eduardo Torres-Dulce de que la conducta del presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, al llevar a cabo la consulta soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional merece ser investigada en los tribunales.
El cerrado apoyo de los generales de la carrera fiscal a Torres-Dulce contrarresta con creces la oposición de los nueve fiscales del Tribunal Superior catalán a sostener la querella contra Mas. Finalmente tendrá que ser el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el que en breve plazo deberá registrar la querella, que se dirigirá contra todas las autoridades señaladas por Torres-Dulce –el president, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau– y por los cuatro delitos apreciados indiciariamente: desobediencia a la autoridad judicial, prevaricación continuada, malversación de fondos públicos y obstrucción a la Justicia. Este último, que castiga a la autoridad o funcionario que «impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente», tiene fijada una pena de prisión de seis meses a un año. Los otros tres se sancionan con multa e inhabilitación o suspensión, aunque la malversación también conllevaría pena de cárcel si el querellado no devuelve el dinero público destinado a usos impropios en el plazo de 10 días tras la iniciación del proceso penal.
El de ayer fue un debate de cuatro horas en el que intervinieron los 24 fiscales de Sala asistentes. Sólo falló uno por motivos de salud.
Únicamente el fiscal encargado de seguridad vial, Bartolomé Vargas, mostró una discrepancia abierta a la presentación de la querella. A su juicio, dado que hay algunos procedimientos penales abiertos por jueces de Cataluña, bastaría con que el fiscal intervenga en ellos en vez de presentar una querella. Se le contestó que las acciones penales promovidas por algunos partidos y plataformas ciudadanas específicamente contra Mas aún no están admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Cataluña. De otro lado, la forma de personación habitual del Ministerio Público en los procesos penales es mediante la formulación de una querella propia.
Otro fiscal, Pedro Crespo, que está al frente de la Fiscalía de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, intervino brevemente para oponerse a la querella aunque de una forma poco clara, según varios de los asistentes.
En lo que todos los fiscales de Sala coincidieron es en que las razones esgrimidas por la Fiscalía Superior de Cataluña para oponerse a la querella contra Artur Mas «carecían de rigor jurídico» –dijeron fuentes de la Junta– y eran contradictorias en sí mismas: desechaban la prevaricación administrativa y veían obstáculos a la desobediencia, pero afirmaban que Mas había desarrollado «argucias jurídicas» para burlar la TC y había incurrido en una «absoluta falta de lealtad» al acuerdo de suspensión de la consulta.
No se hicieron valoraciones políticas ni sobre el Gobierno ni sobre la Generalitat, pero sí hubo alguna alusión a la absoluta improcedencia de las declaraciones públicas en las que se aseguró que la querella se iba a presentar de forma inminente (en referencia a la presidencia del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho). En este sentido, se invitó al fiscal general a que aprovechara alguna de sus comparecencias para volver a subrayar que la Fiscalía actúa según sus propios criterios y no los de otros.
También se pidió a Torres-Dulce que aclarara que no ha habido ningún «motín» o «desobediencia» de los fiscales de Cataluña, que han expresado por los cauces estatutarios correctos sus discrepancias jurídicas.
En ese documento se afirma que Artur Mas tenía el «designio original» de celebrar el «referéndum» independentista del 9-N pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, y por ello puso en marcha una estrategia –impulsar la consulta sin decreto ni actos jurídicos formalizados– «con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional».
Según ese texto, las decisiones del Tribunal Constitucional de suspender por dos veces el proceso consultivo «dejan expuesta la ausencia de cobertura legal y, en consecuencia, la intrínseca arbitrariedad de la conducta desarrollada» por Mas, Ortega y Rigau.
«Mediante un ejercicio desviado de las funciones públicas que ostentan», añade, «adoptaron decisiones y tomaron medidas que fueron causa eficiente de la celebración de una consulta que se hallaba suspendida por decisión vinculante del máximo órgano de garantías constitucionales».
Según el documento, la resolución dictada el 4 de noviembre por el TC paralizando el denominado «proceso participativo» ciudadano «no dejaba margen alguno a la duda» y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsarlo.
EL MUNDO – 20/11/14