CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO – EL MUNDO – 11/11/15
· La maquinaria del Estado se ha puesto en marcha, implacable. El Consejo de Estado dictaminó ayer que la resolución aprobada por el Parlament el pasado lunes supone una «declarada insumisión a las instituciones del Estado» y, por tanto, apoyó de forma unánime que el Gobierno la recurra ante el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros se reúne hoy de manera extraordinaria con ese fin.
La semana pasada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional urgió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidos los Mossos) a que le informen «de cualquier hecho delictivo que encaje en los preceptos penales» de su competencia. El asunto tiene su interés, ya que, aunque la Audiencia no pueda actuar contra parlamentarios o miembros del Gobierno, sí puede hacerlo contra otras autoridades, funcionarios o particulares cuyos actos puedan encuadrarse dentro de los delitos de sedición o rebeldía.
Luego le tocará el turno al Constitucional, que, con toda seguridad, admitirá el recurso del Gobierno y frenará las actuaciones que se deriven de la resolución aprobada el pasado día 9.
Todo ello amparado en el consenso político. Sánchez acudió ayer a Moncloa para hablar del asunto, trato deferente que le ha otorgado Rajoy como líder de la oposición. Ciudadanos también respalda la ofensiva contra la insumisión de los independentistas, aunque Rivera aún no tiene cita para visitar al presidente.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, había augurado el domingo que el Gobierno no se atrevería a adoptar medidas contra las iniciativas de la Cámara. Pues bien, ahí están. Y esto es sólo el principio.
Los partidarios de la independencia han lanzado un órdago a la legalidad constitucional convencidos de que el Gobierno no asumiría el riesgo de responder con todo el peso de la ley.
Parece mentira pero Junts pel Sí ni siquiera tiene un plan Bque indique el camino a seguir en caso de que el Gobierno ordene a las Fuerzas de Seguridad que hagan cumplir las resoluciones judiciales, como es su obligación.
El coordinador general de Convergència, Josep Rull, balbuceaba ayer ante esa eventualidad. «Sería absurdo, eso no sería de recibo en un país de la Unión Europea», fue su atropellada respuesta en Espejo Público.
Está bien que los funcionarios, desde el presidente de la Generalitat a los encargados de poner en marcha el mecanismo de desconexión, sepan que sus acciones pueden acarrearles consecuencias, que sean conscientes de que el procés no les cubre de sus responsabilidades penales.
Está bien que algunas instituciones de la sociedad catalana, que han jugado frívolamente con la ruptura de España, sepan que el desafío no se va a resolver con más dinero y más soberanía. Sobre todo si el camino elegido para lograrlo vulnera la Constitución. El editorial de ayer de La Vanguardia (calificando de «error» la resolución aprobada por el Parlament) es una prueba de que al menos una parte del establishment catalán ha entendido el mensaje. Ese giro del diario del conde de Godó respecto a la deriva alocada de Mas está en consonancia con el «rechazo a las decisiones unilaterales» que expresó ayer Antón Costas, presidente del Círculo de Economía.
Está bien, en fin, que Mas se sienta cada día más solo –la CUP no le votó– en su viaje a ninguna parte.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO – EL MUNDO – 11/11/15