EDITORIAL EL MUNDO – 05/11/14
· Artur Mas lleva intentando burlarse del Tribunal Constitucional desde que el pasado 14 de octubre decidió convertir la consulta independentista del próximo domingo en un «proceso participativo», pero ahora parece decantarse decididamente por la desobediencia. La clave es de qué forma va a actuar el Estado ante el desafío, si la Generalitat continúa promoviendo el 9-N pese a la suspensión «de la consulta, de sus actos preparatorios y de cualquier acto vinculado a ella» decretada ayer por el TC. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos pero todo indica que el presidente catalán quiere seguir dirigiendo el proceso, aunque sus promotores nominales a pie de calle sean la Asamblea Nacional Catalana y la asociación cultural Òmnium.
Sobre el papel activo de la Generalitat no cabe ya ninguna duda. Tras la lógica negativa de Correos a hacerse cargo de la propaganda electoral de la performance secesionista de dentro de cuatro días, Artur Mas ha encargado el buzoneo de la campaña a Anton Raventós –miembro de una de las familias más próximas a la Generalitat–, y queda por saber cuándo y en qué condiciones se ha adjudicado este contrato. Y ayer mismo el conseller portavoz, Francesc Homs, replicó a la paralización del proceso ratificando que mantiene el 9-N y anunciando que la Generalitat piensa denunciar al Gobierno ante el Supremo por vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y participación del pueblo de Cataluña. En lugar de acatar la ley e interrumpir su campaña, Mas intenta obtener la máxima rentabilidad política a su pulso institucional convocando, además, para esta semana una reunión del denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, del que forman parte todos los partidos y asociaciones proconsulta.
A estas alturas está claro que la astucia de Artur Mas ha radicado en haber intentado engañar al Estado con una falsa promesa de respetar las leyes, en haber querido sortear las resoluciones del TC con todo tipo de triquiñuelas y en haber banalizado la democracia con un simulacro de consulta sin censo, sin cobertura legal y sin las mínimas garantías. Todo con tal de permanecer en el poder y de acallar las críticas de sus socios minoritarios por fracasar en la culminación de un plan de ruptura con España que era jurídicamente inviable.
El TC ha acertado admitiendo a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado sin avenirse a especificar cuáles serían las consecuencias que tendría para el presidente de la Generalitat infringir la ley. El Gobierno pretendía que el TC le hiciera el trabajo hasta el final, pero la pelota está –como debe ser– en el tejado del propio Ejecutivo y de la Fiscalía, que ha de seguir con atención todos los movimientos de la Generalitat para actuar con firmeza en defensa de la legalidad si fuera necesario.
Se trata de una tarea crucial porque el Govern ha convertido en voluntarios a funcionarios que ahora se arriesgan a prevaricar. El Estado está legitimado para emplear medidas coercitivas en defensa de las leyes a través de los cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos d’Esquadra. Con todo, cabe esperar una respuesta firme pero evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza para que la salvaguarda del orden constitucional no permita a los independentistas alimentar la falacia de un Estado represor frente a las ansias de libertad de un pueblo oprimido. La legalidad sigue vigente en Cataluña y existen precedentes de la capacidad de respuesta del Estado en casos de desobediencia. Recuérdese que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, fue inhabilitado y perdió su carrera política por desobedecer a los tribunales. Eso mismo le podría pasar a Mas.
EDITORIAL EL MUNDO – 05/11/14