Pere Aragonès anunció el lunes que para 2030 lo de la independencia está resuelto. Anótenlo en la agenda. El president calcula que el referéndum de independencia tendrá lugar justo antes de la celebración en los Pirineos de unos Juegos Olímpicos de invierno en los que Cataluña podrá ya contar, pongamos por caso, con equipo nacional de bobsleigh. Hay que recordar que en el pacto de Gobierno entre ERC y Junts se establece que esos juegos requieren de una consulta popular previa. Su pregunta puede ser aun mejor que la de Ibarretxe en 2008: «¿Quiere usted que el Comité Olímpico Español se postule para conseguir unos Juegos que se celebrarán en Cataluña (y también en Aragón, pero menos) en los que Cataluña (eso déjenlo de mi mano, lo tengo casi resuelto) competirá siendo un país independiente?».

El Gobierno le dijo ayer a Aragonès que eso de ir poniendo fechas para la independencia está feo. No es «el camino del diálogo». Pues igual no es el del diálogo, pero desde luego es un camino. Uno infinito que los independentistas transitan con provecho. Oriol Junqueras dijo en 2013 que la independencia la declaraba él ese año y luego dijo en 2015 que la independencia la ejercería Cataluña sin falta en 2016. En 2016 Esquerra avisó de que la independencia llegaba impepinablemente en marzo de 2017…

Hay que reconocer que la flexibilidad con el calendario no es un fenómeno estrictamente catalán. En 1830 el pastor William Miller anunció el regreso de Cristo para 1843 y, cuando eso no sucedió, alegó un error de cálculo: sería en 1844. Cristo tampoco apareció ese año por la razón que fuese y hubo tanto disgusto que se le llamó a aquello ‘La Gran Decepción’. Y aun así los verdaderos creyentes terminaron asegurando que Cristo, venir, había venido, solo que, en lugar de bajar a la Tierra, se metió en una oficina celestial a mover papeles y ver quién se salvaba.

Pues eso: la independencia de Cataluña será en 2030, antes de las Olimpiadas. Lo garantiza Pere Aragonès, que no asegura en cambio que dentro de diez días vaya a ir a la Diada. Hay al parecer peligro de pitos, abucheos y puede que incluso peticiones de ese documento que en Cataluña está tardando tanto en aparecer: la hoja de reclamaciones profética.

Nuestro universo obedece leyes poderosas. Una establece que los partidos exigen la despolitización de la Justicia cuando están en la oposición. Cuando están en el gobierno, lo que exigen es su turno de politizar. Ayer el Gobierno recordó que se cumplen mil días sin renovar el CGPJ e insistió en que lo del PP no tiene igual en Europa. Es un argumento impresionante que se sostiene porque tampoco tenemos ni idea de lo que pasa en Europa. Sobreactuado como suele, Pablo Casado aseguró que Moncloa puede «abandonar toda esperanza». Así de digno defiende el PP la despolitización de la Justicia, pero en 2017, cuando el Consejo de Europa le dio a España el último toque al respecto, gobernaba Rajoy. La polémica es tramposa y circular. Viene envuelta en apelaciones al sentido de Estado, virtud que al parecer no debe forjarse lealmente en la trastienda, sino surgir en el debate justo cuando a mí me conviene.

El precio de la luz va de récord en récord y en Podemos invitan a salir a la calle si se quiere «un Gobierno audaz y valiente». Es curioso que crean que estas cosas les benefician. Como si ellos no formasen parte del Gobierno y el Consejo de Ministros no fuese un órgano colegiado. O como si estas peticiones no recordasen a las que les hacen los guiñoles a los niños para reaccionar. Cierto que la nueva política ha terminado siendo algo extraño. Quién podía imaginar que el cambio social se consigue al final abandonando el poder para fichar por las tertulias.