Nicolas Redondo, EL ECONOMISTA, 23/12/11
El nuevo Ejecutivo de Rajoy puede gobernar con un amplio margen de maniobra los próximos años sin necesidad de recurrir al zoco parlamentario para intercambiar favores por votos. Esa independencia es una característica positiva del nuevo Gobierno, especialmente en estas circunstancias tan complicadas desde un punto de vista económico y también político, y sería un grave error que este aspecto fuera ignorado por el recién estrenado Gabinete del Partido Popular.
En el País Vasco, las tensiones políticas e institucionales se multiplicarán desde el nacionalismo más cercano a la banda terrorista ETA, sin tener claro qué posición tomará el nacionalismo institucional: unificar líneas de acción con Amaiur, condicionada por su histórico complejo de culpabilidad ante los entornos etarras, o plantear su propia iniciativa que le permita volver a liderar el campo nacionalista, pese a que esta última opción haga perder posiciones al nacionalismo vasco en general. Para complicar más la situación en el País Vasco, todas las declaraciones de los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi fortalecen la pretensión de robustecer una alianza con Sortu, Bildu, Amaiur o como se llamen cuando este deseo se pueda convertir en realidad, renunciando, según parece, a la actual política de pactos que les ha dado -aunque se empeñan en no darse por enterados- el periodo más brillante de la historia del socialismo vasco en las instituciones.
Será distinto, pero no menor, el pulso de naturaleza económica que plantearán los nacionalistas catalanes, con más intensidad y presión en estos tiempos de dura crisis. Lo que no ha sido más cierto que un cuento para asustar a pusilánimes -«Cataluña se está desenganchando del resto de España»- utilizado por algunos catalanes para llamar la atención, asustar, negociar en la situación más ventajosa, puede adquirir carta de naturaleza en un periodo de penuria económica, de tremendos recortes sociales que afectan a los sectores más humildes y menos predispuestos hasta ahora a dejarse embaucar por el melancólico e inevitable cántico nacionalista. Pero a estos dos graves problemas el nuevo Gobierno debe unir la definición del papel que tendrán las comunidades autónomas en el futuro -con seguridad, distinto al desempeñado hasta hoy- y la fuerte deslegitimación que han sufrido estos últimos años instituciones centrales del sistema constitucional español, precisamente en un momento en el que sería más necesario que nunca un país vertebrado, sólido y unido para encarar la inevitable y nueva definición de la UE.
Y según cómo enfrente estas cuestiones, podremos hacer una primera evaluación fundamentada del nuevo Ejecutivo, como la pudimos hacer del Gobierno de Zapatero, empeñado en huir de los Pactos de Estado con el primer partido de la oposición durante las dos últimas legislaturas y construyendo una política de alianzas sorprendentes para el socialismo clásico y, desde luego, perjudicial para los intereses nacionales.
La mayoría parlamentaria debe permitir a los ganadores tomar la iniciativa, marcar los criterios generales, establecer las bases de actuación… Pero se equivocarán gravemente si no contemplan la necesidad de construir grandes acuerdos con los partidos de oposición, y muy especialmente con el PSOE, para enfrentar algunas de las cuestiones planteadas.
La Historia de España ha sido la crónica de un largo y profundo enfrentamiento entre españoles durante siglos que ha impedido la existencia de consensos básicos que poseen otros países de nuestro entorno. El siglo XX es el relato de una quiebra nacional que culmina con una dramática guerra civil, pero el siglo XIX también fue un periodo en el que los españoles no pudieron ponerse de acuerdo sobre los aspectos más básicos de nuestra convivencia, y buena prueba de ello fueron las Guerras Carlistas y la accidentada peripecia constitucional de nuestro país durante casi todo el siglo XIX. Nuestra historia ha sido el continuo intento de una parte de la sociedad española de imponer a la otra sus programas más radicales y utópicos en nombre de la religión o de ideologías que eran interpretadas con el mismo fundamentalismo. Sólo en el último cuarto del siglo XX nos impusimos la obligación de acordar, de consensuar, las reglas mínimas para la convivencia, y justamente ese esfuerzo nos ha procurado el periodo más largo de paz, libertad y prosperidad de nuestra historia contemporánea.
Pero el tiempo transcurrido y la irresponsable gestión de una realidad, que es inevitablemente el producto de nuestro pasado, ha producido una especie de cansancio de materiales que es necesario tener muy en cuenta en el futuro próximo, y no veo forma de atajar la situación que no pase por un Gobierno responsable, que diga a los españoles la verdad -por mucho que ésta nos quebrante- y recupere los grandes acuerdos de finales de los años 70 y de la década posterior. Un consenso que defina correctamente las autonomías españolas, equilibrando el reconocimiento constitucional de la diversidad con la idea, también constitucional, de nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley en todo el territorio nacional, y abordando la imprescindible recuperación de la credibilidad institucional, debidamente alejada de la instrumentación partidaria y de la arbitrariedad. Hoy, como en otros momentos históricos, nos vemos obligados a enfrentarnos a una complicada situación internacional, europea y económica -tal vez vuelva a ser un momento crucial, en el que podemos enjaezarnos con los países de nuestro entorno o perder esa gran oportunidad y recuperar el ensimismamiento que en otros tiempos nos caracterizó, tan dulce como paralizante- y al mismo tiempo emprender grandes reformas si queremos seguir en la senda marcada por la Transición. Claro que dependerá de nosotros, los ciudadanos españoles, de los partidos de la oposición, y muy especialmente del primer partido de la oposición, desequilibrado por los resultados electorales y por una política con pocas semejanzas a la definida por la ortodoxia socialdemócrata. Pero quien tendrá una responsabilidad superior será, es, el partido liderado por Rajoy…
Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad.
Nicolas Redondo, EL ECONOMISTA, 23/12/11