Las diferencias están en los detalles, no en el objetivo central. Figuras destacadas y representativas de los dos principales partidos –PP y PSOE– y del nacionalismo histórico catalán se muestran de acuerdo: es necesario proceder «ya» a una reforma de la Constitución que redibuje el modelo territorial.
El ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba; el ex ministro de Asuntos Exteriores del PP José Manuel García-Margallo; y uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978, Miquel Roca, coincidieron ayer en la meta última: la revisión de la Carta Magna se impone sin prisa pero sin pausa para acomodar las expectativas de las nuevas generaciones, reconocer las singularidades dentro de la igualdad y ofrecer un marco para superar la crisis.
Así lo plantearon ayer en el foro organizado por EL MUNDO, Expansión y Sagardoy Abogados, titulado Reforma Constitucional y Organización Territorial.
Se impone una revisión de la Carta Magna que reconozca un modelo federal «no asimétrico» en España; que «integre las singularidades» sin admitir la desigualdad; que acomode la sensibilidad de las nacionalidades sin ceder a las exigencias de los secesionistas; que establezca con claridad el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y que incluya en sus páginas los principios fundamentales de un sistema de financiación «suficiente y solidario».
Todos los ponentes, a excepción del ex vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, que mantiene que en España hay otras prioridades más acuciantes y, además, ve «poco margen de actuación para las reformas», abogan por abrir un proceso de revisión de la Carta Magna que dentro de una semana cumplirá 38 años.
Proceso que, en cualquier caso, debería abordarse, como planteó la presidenta del Congreso Ana Pastor, con los mimbres del «diálogo, respeto y compromiso» y «sin arriesgar lo fundamental por criterios oportunistas o sectarios». «Si no es así, mejor que no lo hagamos», advirtió.
García-Margallo se manifestó partidario de la reforma «desde siempre». Más aún, el ex ministro tiene desde hace varios años redactada una propuesta de cambio que no ha visto la luz más allá de los círculos de debate político e intelectual porque Mariano Rajoy tiene enormes reservas a abrir un debate de este tipo sin tener claro de antemano qué es lo que se pretende cambiar y cuál es el consenso básico con el que se cuenta para conseguirlo.
Sin embargo, y pese a las reticencias de Rajoy, la corriente a favor de una revisión de la ley de leyes es cada vez más potente. Margallo apuesta por una reforma que dibuje con claridad un modelo territorial de corte federal, que modernice la regulación de los derechos y libertades, que ponga fin a la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, que reforme el Senado, clarifique la distribución competencial y establezca los principios fundamentales del sistema de financiación autonómico.
Margallo afirma que reformar no debe implicar entrar en un «cambio radical». «De lo que se trata», mantuvo ayer, «es de actualizar los pactos para dar respuesta a los cambios que se producen». Por ello, el ex ministro defiende centrarse en «cambios posibles y no utópicos» conservando los principios fundamentales: soberanía nacional, unidad, igualdad y cohesión social. Y cree que la sintonía de fondo que tienen sobre esta cuestión PP, PSOE y C’s permitiría abordar la tarea sin temor.
Él como Pérez Rubalcaba defiende que la reforma de la Constitución no debe abordarse con el objetivo de dar satisfacción al independentismo catalán, si bien, coinciden ambos, en que la revisión debería ayudar a limar el problema.
Rubalcaba cree que la reforma sería una herramienta básica para superar la triple crisis –política, social y territorial– que padece España. En su opinión, en la Carta Magna debería recogerse la sanidad como un derecho básico, a imagen y semejanza de la educación; debería garantizar la transparencia y la democracia de las instituciones y de los partidos políticos y tendría que rehacer el pacto territorial para limar las disfunciones entre Cataluña y el resto de España que afectan al conjunto del Estado.
En su opinión, el espíritu federalista debería estar en el centro de los cambios pero no para admitir desigualdades o privilegios sino para «reconocer singularidades» y «no para poner en cuestión el Estado autonómico, sino para reforzarlo». Los modelos en los que cabría encontrar un ejemplo son para Rubalcaba, y también para Margallo, los de Alemania y Austria. «No sé», dijo el ex secretario general del PSOE, «si le falta tiempo al independentismo para ganar, pero sí estoy convencido de que al constitucionalismo le falta un proyecto político que agrupe a la gente que no quiere irse de España pero que no quiere que las cosas sigan como están».
Para Miquel Roca, la Constitución de 1978 es un «éxito indiscutible». Él parte de la premisa de que «la misión» de la Carta Magna no es resolver el problema de Cataluña aunque sí insiste en que su solución debe buscarse siempre dentro del marco que la propia Constitución establece. La «responsabilidad» en este asunto compete, en su opinión, a «todos y cada uno de los agentes políticos».
Roca mantiene que es posible reformar la Carta Magna aunque defiende la necesidad de «combinar pequeños acuerdos» que pueden dar lugar a un cambio grande «en el futuro». Ayer, el ex político catalán se erigió en defensor de la ley de leyes recalcando que sirvió para «resolver problemas históricos sobre la base de la convivencia». Desde su punto de vista, la raíz del actual problema catalán hay que buscarla en el «gravísimo error político» que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut y no en el texto de la Constitución que sí reconoce la pluralidad de España.
Martín Villa fue el ponente menos favorable a los cambios. Avisó del peligro de caer en cambios que supongan un «federalismo asimétrico» y se mostró partidario de «un fisco único para toda la nación». Él admite las singularidades de algunas autonomías, pero rechaza que deban ser realzadas en el texto constitucional. Martín Villa insiste en que antes de embarcarse en un proceso de revisión hay que debatir sobre qué se quiere cambiar para evitar un «desguace total». En su opinión, la unidad nacional, el respeto a las competencias autonómicas, la monarquía y los derechos y deberes iguales para todos son puntos intocables.