Vivimos tiempos convulsos, plagados de incertidumbres, ansiedad y miedo. Principalmente, a causa de la crisis sanitaria provocada por una pandemia mundial que hasta el pasado mes de marzo nos hubiera parecido más propia del guión de una mala serie. Pero también, como consecuencia de la profundísima crisis económica y social a la que todas las medidas y remedios para hacer frente a aquélla nos han terminado abocando.

En estas circunstancias, no podíamos esperar sino que se terminaran agravando las situaciones de riesgo de las personas más vulnerables. Y, en especial, que ello afectara negativamente a las víctimas de una específica y particular forma de violencia, la violencia de género, dificultándoles aún más la siempre complicada salida de la situación de abuso y maltrato en el que se encuentran sumidas.

Hoy ya conocemos algunas cifras reales de que, lo que en aquellos momentos de confinamiento y encierro vislumbrábamos como una dramática amenaza, se ha convertido en una amarga realidad.

Por un lado, las estadísticas judiciales nos muestran que han descendido significativamente los procedimientos por violencia de género, las denuncias y hasta las peticiones de protección por parte de las víctimas, respecto de los incoados en el mismo periodo del año 2019. Los datos trimestrales de este 2020 nos dicen que las denuncias descendieron nada menos que un 14,62%, y aún más las peticiones de medidas de protección, que bajaron hasta el 19,62%.

Sin embargo, de los datos que mensualmente publica la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que se desprende es que durante esos mismos meses, las llamadas al 016 se incrementaron como en ningún otro momento. Y así, en el mes de abril de 2020, el primero completo en situación de encierro, se produjeron un 61,1% más de llamadas que en el mismo mes del año anterior. Tendencia que se mantuvo en los dos siguientes, también de estado de alarma: un 41% más de llamadas en mayo, y un 39,2% en junio.

Para mí, son datos más que evidentes. Frente a esas menos de dos mil peticiones efectivas de protección de víctimas de violencia de género en los Juzgados de España, en los tres meses de abril, mayo y junio, las más de ocho mil llamadas al 016 que superaron a la media en ese mismo trimestre, se revelan como los inequívocos sonidos de un amargo silencio.

El silencio de las que callan por miedo a hablar de la violencia que sufren. Miedo a sufrir las represalias de sus agresores. De que no les crean si lo cuentan tras tantos años y tanto maltrato silenciado, ocultado con disimulos y hasta con malos gestos. De estar y de sentirse aisladas y solas. Miedo al fracaso, después de haberse convencido ellas mismas, de tanto oírselo decir a sus abusadores, de que no valían para nada.
Miedo al futuro, a poder hacer frente por sí solas a sus obligaciones y necesidades económicas y, sobre todo, las de su familia, sus hijos e hijas y demás personas que de ellas dependan. Lo que en un momento socio-económico como el que estamos viviendo, supone un obstáculo para muchas víctimas, insalvable.

La COVID19 se ha llevado por delante cientos de miles de empleos en nuestro país. Y desgraciadamente, más de la mitad de esas pérdidas han recaído en trabajos desempeñados por mujeres. Eso sin contar con los otros tantos trabajos sin contrato en los que se cobra en negro, sin posibilidad de pensiones, seguro médico, ni la de poder ser contados cuando simplemente desaparecen, y que desempeñan, comparativamente, un mayor número de mujeres. Y que, dada la actual composición del mercado de trabajo, desde las empresas consultoras más acreditadas hasta los organismos más fiables, como el Fondo Monetario Internacional, se alerta de que las mujeres tienen también en el futuro próximo casi dos veces más de probabilidad de perder el empleo que los hombres a causa del coronavirus.

Cómo no iba todo ello a influir negativamente en el ánimo de unas víctimas que, bien lo sabemos por la experiencia previa, en un importante número de casos nunca denunciará. O tardará incluso años en hacerlo. Y que en no pocas ocasiones, además, después de denunciar, lo negará todo y volverá con su maltratador. Porque esa es una de las características y consecuencias de esta forma de violencia.

Pero para quienes desde ámbitos como la Justicia, la Seguridad, la Asistencia y la Atención, tenemos un ámbito de mayor responsabilidad en la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas, este inequívoco retroceso en lo cuantitativo, lejos de desalentarnos, sólo debería servir para empujarnos a reforzar e incidir en todo el conjunto de buenas prácticas que hemos ido acumulando con la experiencia de estos últimos veinte años.

También para hacernos oír mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Para que las víctimas tengan la confianza, la seguridad, de que nuestro compromiso público es ayudarlas a librarse de la violencia. En la misma medida que los agresores conozcan que el abuso y el maltrato son delitos que tenemos la obligación de perseguir, y que lo estamos haciendo.

Un día como hoy, que se reivindica como el Día Internacional contra la Violencia de Género, parece el momento idóneo para recordar la necesaria denuncia de una realidad en la que siguen viviendo, cada día, muchos miles de mujeres. También, y yo diría que sobre todo, para que a ellas, sea directamente, o a través de quienes, si no lo saben, al menos lo sospechan, les pueda llegar el mensaje de que denunciar y pedir ayuda es el primero y esencial paso para salir de la situación de violencia en la que viven, y algunas mueren.

Un día que, en definitiva, nos ayude a romper esos sonidos de un silencio tan largamente insoportable.

*** María Tardón Olmos es magistrada de la Audiencia Nacional y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.