Romper España es inconstitucional

TAN obviamente opuesta al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna era la proclama independentista lanzada por el Parlamento catalán que la noticia no ha sido tanto el fallo del TC ante el recurso planteado por el Gobierno o la unanimidad alcanzada por sus señorías cuanto la prisa que se han dado estas en pronunciarlo: tres semanas. Una celeridad nunca vista.

Romper España es inconstitucional. Lo suponíamos hasta quienes no somos juristas de reconocido prestigio, antes de que lo dijera una sentencia. Romper España unilateralmente desde una de las comunidades autónomas que la integran constituye una pretensión inasumible e intolerable para el Estado de Derecho por la sencilla razón de que «la soberanía de la Nación, que reside en el pueblo español, conlleva necesariamente su unidad». Eso dice el tribunal y, antes que él, la lógica.

Romper España desgajando de ella Cataluña es un acto de sedición, que ha de ser combatido por todos los medios legales, no porque los partidarios de llevarlo a cabo carezcan de una mayoría suficiente en las urnas autonómicas, como alegan con vehemencia algunos autoproclamados demócratas. Tampoco porque tal ruptura conlleve o deje de conllevar la separación de la Unión Europea, como también se argumentó durante la campaña autonómica. Lo es porque España no se parcela ni se divide sin el consentimiento expreso de todos sus propietarios, que somos el conjunto de los españoles vivos y también, de alguna manera, los que aún están por venir y los que ya se marcharon. España representa más que la suma de sus diecisiete autonomías actuales consideradas una a una y desde luego mucho más que la voluntad coyuntural de una fracción de sus habitantes inferior al diez por ciento del total.

Romper España es un acto demasiado trascendente e irreparable como para dejarlo en manos de Mas, Junqueras y Baños. En palabras de Andrés Ollero, ponente de este jarro de agua fría sobre los delirios del trío en cuestión, «un acto del parlamento y del gobierno de la comunidad autónoma de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española». En román paladino, una usurpación pura y dura del derecho a decidir que nos pertenece a todos. Un robo en grado de frustración. Un golpe de Estado fallido.

Bueno será que a partir de ahora los partidos defensores de la unidad en el marco legal vigente se centren en ese argumento, dejando a los separatistas y sus socios las disgresiones al uso sobre porcentajes de voto susceptibles de legitimar la pretendida autodeterminación, porque mientras el sistema educativo y los medios de comunicación oficiales sigan bajo su control ese porcentaje irá aumentando inexorablemente hasta alcanzar la cifra crítica. Esto no es cuestión de mayorías más o menos cualificadas, sino de propiedad y soberanía. Cuanto antes lo tengamos todos claro, antes abandonarán los sediciosos la esperanza de doblegar nuestra determinación poniendo punto final a cinco siglos de Historia.

El Tribunal Constitucional ha cumplido con su obligación en un plazo de tiempo récord, respondiendo a la gravedad de la situación creada por un desafío abierto a la Nación. Tal vez ahora encuentren un rato sus señorías para leerse el recurso referido a la ley del Aborto y decidir, cinco años después, si los concebidos no nacidos tienen derecho a esperar que alguien proteja sus vidas.