EL MUNDO – 01/06/16 – VICTORIA PREGO
· Va a ser muy difícil imputar al presidente de Murcia con los datos que, según parece, obran en poder del juez. Porque lo que se deduce de la información que hoy publica este periódico es que la Guardia Civil explica que Pedro Antonio Sánchez llegó a contratar a Alejandro de Pedro, uno de los principales investigados en el caso Púnica, para que mejorara su imagen. Incluso dice que estaba decidido a pagarle 4.500 euros al mes durante siete meses, los que faltaban para las elecciones municipales de mayo de 2015.
Pero no pagó. Y no pagó, dice la Guardia Civil, porque la Policía destapó el caso Púnica en el mes de octubre cuando se detuvo por orden del juez a medio centenar de concejales, alcaldes y empresarios. El más conocido de los detenidos fue en su día Francisco Granados, antiguo secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Justicia del Gobierno madrileño, aunque hoy le haya igualado en fama su antiguo socio de fechorías, David Marjaliza, que es quien está facilitando la investigación porque está cantando hasta La Traviata.
En ese momento no tiene nada de raro que Pedro Antonio Sánchez y cualquiera se echara atrás y suspendiera todo contacto con el empresario investigado, con lo cual se confirma que no llegó a rematar la operación. Eso es a lo que se aferra el actual presidente de Murcia: efectivamente, no puede haber ningún pago en la contabilidad de la Administración murciana por la sencilla razón de que no lo hubo. Por tanto, no se le puede acusar de haber malversado el dinero público, eso es verdad. Pero de los informes de la Guardia Civil se concluye que a Pedro Antonio Sánchez le salvó la campana y que, de no haber sido porque el escándalo de la Púnica estalla en el mes de octubre, él no habría podido defenderse a día de hoy con la intensidad con la que lo ha hecho.
El delito de usar dinero público para fines personales no se cometió y, aunque todo indica que estuvo a apunto de cometerse, eso no se puede afirmar con seguridad. Supongamos que en el último momento, aunque no se hubiera producido la actuación policial que llevó a Granados y sus compinches a la comisaría, Sánchez se hubiera arrepentido y hubiera decidido dar marcha atrás y no consumar el compromiso adquirido en primera instancia. ¿Quién se atreve a asegurar que eso no habría pasado en ningún caso?
La condena preventiva no es de recibo en una sociedad libre y democrática. No se puede acusar a una persona de «previsible delincuente», aunque muchos tengan el convencimiento de que el delito estaba a punto de cometerse.
Pero eso es una cosa y otra muy distinta es la consideración política que merezca ese episodio. Hace dos días se decía en las filas del PP que las noticias que se daban sobre el informe de la Guardia Civil eran «confusas e imprecisas». Ahora ese documento se ha hecho público y está negro sobre blanco para que todos puedan calibrar la envergadura de las acusaciones que se desprenden del documento presentado al juez. Y lo que se deduce de lo leído es que el presidente de Murcia no merece ser defendido políticamente por los dirigentes del PP.
EL MUNDO – 01/06/16 – VICTORIA PREGO