Iñaki Ezkerra-El Correo

  • El aterrizaje en la escena política de la memoria histórica tuvo como respuesta un crítico despliegue bibliográfico que continúa

En el encendido debate en torno a la llamada memoria histórica ha habido quien oponía el concepto de ‘historia’ al de ‘memoria’, descalificando a esta última, que sería subjetiva por su propia naturaleza, en favor de la primera, que sería la objetiva y depositaria de la verdad. No dudo del carácter loable de ese planteamiento, como tampoco de su ineficacia en dicho debate. Y es que tal enfoque supone una renuncia a jugar en el mismo campo que los que se erigen en propietarios del recuerdo colectivo. Supone delegar en ellos el monopolio de la memoria y plantarles cara en obvia desventaja. Dicho de otro modo, se puede apelar a la vez a la historia y a la memoria sin que afloren incompatibilidades entre una y otra. Es eso lo que ha hecho el historiador Guillermo Gortázar en ‘Un veraneo de muerte’, un libro excepcional que presentará hoy en la Sala Ignacio Aldecoa, de Vitoria, y que aborda la ola de asesinatos que, bajo el dominio de los milicianos del Frente Popular, asoló San Sebastián en el verano de 1936 convirtiendo la ciudad vacacional de referencia de la época en una pesadilla.

El «reinado del terror» duró 57 días: los comprendidos entre el 18 de julio, fecha de la sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil, y el 13 de septiembre, en que tomaron la ciudad las tropas del general Mola. La desaparición del Estado en aquellos dos meses permitió el fusilamiento de ciudadanos de los que solo se conocían sus ideas conservadoras o de los que se ignoraba su tendencia política.

El libro de Gortázar recoge el caso del primer fusilado, un abogado de Murcia que se hallaba pescando en el Paseo Nuevo y al que alguien acusó de espía y de hacer señales a los barcos para que afinaran la puntería de los cañonazos. Otro de los fusilados de los que da cuenta el libro fue un agricultor zaragozano hospedado en el hotel Excelsior al que una camarera denunció por escuchar Radio Nacional, hecho que lo convirtió de manera automática en monárquico y amigo del asesinado Calvo Sotelo.

‘Un veraneo de muerte’ reproduce los nombres de 258 víctimas cuyos restos descansan en el cementerio de Polloe y que fueron ignoradas en un monumento que en 2014 inauguró el entonces alcalde de la capital donostiarra Juan Carlos Izaguirre, miembro de EH Bildu. Dicha escultura solo rinde homenaje a las víctimas identificadas con el bando republicano, lo cual supone un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la subsiguiente de Memoria Democrática de 2022, que incluyen entre las víctimas de la contienda del 36 a todas las que padecieron persecución o violencia sin distinción de partido político, filiación ideológica o creencia religiosa.

Es esa omisión flagrante la que está en el origen del propio libro de Gortázar. Y es que nos hallamos ante la paradoja de que se burlan de la letra de esa ley los mismos que la elaboraron y votaron. La cuestión va más allá del contenido de ese texto legal con el que se puede estar o no de acuerdo. Tal desafío sienta un grave precedente de inseguridad jurídica y matonismo político pues equivale a jugar con las cartas marcadas, a cambiar las reglas de la partida a mitad de esta a conveniencia. Y a hacer valer el mafioso lema de ‘la ley somos nosotros’.

Historia y memoria. El libro de Gortázar se hace eco de cuatro decenas de voces de testigos presenciales de la tragedia y recurre no solo a expedientes o material de hemeroteca, sino a cartas, memorias y diarios de los protagonistas, inscritos en diversas ideologías. El aterrizaje en la escena política de la memoria histórica tuvo como respuesta a partir de 2004 un crítico despliegue bibliográfico sin precedentes que aún no ha concluido.

De hecho, la publicación de ‘Un veraneo de muerte’ coincide estos días con la de otros libros que también oponen, a la memoria que se pretende oficial, otra memoria. Así, la misma Alicia Ramos Mesonero, que en 2012 publicó ‘Memoria de las presas de Franco’, ha publicado este mismo año ‘Damas de España. Víctimas del Frente Popular en la Guerra Civil’, un excelente volumen dedicado al amplio grupo de mujeres que fueron absurdamente perseguidas y encarceladas a manos de la milicia revolucionaria por llevar determinado apellido o por su condición de aristócratas, burguesas o fervientes católicas. Por esas páginas desfilan desde Amelia Azarola, esposa de Julio Ruiz de Alda, el héroe del Plus Ultra, a Adriana Lerroux, hermana del político, pasando por Pepa Chávarri, deportista de élite, o por la escritora Concha Espina.

Al igual que Alicia Ramos, y como no podía ser de otro modo, Guillermo Gortázar constata en su magnífico libro las atrocidades que se multiplicaron en ambos bandos durante la contienda del 36 y que resulta preciso asumir sin sectarismos. Para responder a la falsa o sesgada memoria. Y porque es de justicia.