El imperio de la ley es más fuerte de lo que Pedro Sánchez y sus socios desearían. A diferencia de la propaganda difundida por el equipo gubernamental de opinión sincronizada, la palabra ‘democracia’ no define un régimen de obediencia ciega a lo que apruebe en un momento dado una mayoría parlamentaria, sino un sistema mucho más complejo, destinado a proteger las libertades, el pluralismo y la independencia de los poderes que integran el Estado. Un conjunto de equilibrios y contrapesos capaz de garantizar que todos los ciudadanos se sometan a unas mismas reglas de juego, desde el primero al último, incluyendo a los gobernantes. Sobre todo los gobernantes. Lo cual frustra la pretensión del presidente de blindar su permanencia en La Moncloa ofreciendo impunidad a un delincuente huido de la justicia a cambio de siete votos.

En los últimos cinco días el sanchismo ha sufrido una sucesión de derrotas políticas y judiciales que habrían provocado la dimisión de cualquier Ejecutivo imbuido de valores democráticos. El empecinamiento del nuestro en aferrarse a las poltronas demuestra que está muy lejos de abrazar esas convicciones. El martes, doce de los quince fiscales que integran la junta del Tribunal Supremo, incluidos varios ‘progresistas’, se pronunciaron a favor de imputar a Puigdemont por terrorismo. Lo contrario de lo que defiende su jefe, Álvaro García Ortiz, apodado ‘Alvarone’ en referencia a los apelativos empleados dentro de la mafia, siguiendo la consigna dictada por el propio Sánchez al proclamar, tajante, que «los independentistas no son terroristas». El miércoles, sus socios de investidura, Junts y el PNV, se abstuvieron en el Senado en la votación de la ley antiokupa presentada por el PP, enviando una señal muy clara de que su apoyo pende de un hilo. A menos de que su rehén siga pagando puntualmente el chantaje, les bastará con una abstención para tumbar cualquier iniciativa socialista en el Congreso. El jueves llegó la bofetada más dolorosa. Una mayoría abrumadora del Parlamento Europeo se mostró partidaria de investigar a fondo las conexiones del ‘expresident’ con Putin, respaldando con ello sin fisuras la actuación del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Voloh en Barcelona.

La amnistía ofrecida por el PSOE y rechazada por Junts se ha convertido en papel mojado. En su actual redacción, no ofrece a los criminales suficiente protección. De ahí que su principal beneficiario exija una cobertura absoluta ante cualquier delito y amenace con precipitar el fin de la legislatura si el líder socialista rehúsa plegarse a esta condición. Puigdemont no tiene nada que perder. El acorralado es Sánchez, atrapado entre el ultimátum de su aliado y la claridad con la que Europa se muestra decidida a defender la democracia, velando por su seguridad y amparando a los jueces responsables de hacer cumplir la ley. Empieza el juego de la gallina entre el fugado de Waterloo y el presidente del Gobierno de España.