El Gobierno tiene fecha para casi todo. Para la votación de la senda de estabilidad de este martes; para la repetición del 23 de julio; para el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 29, donde aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica; para el último Consejo de Ministros de julio y para el primero de la vuelta, el 25 de agosto. La única fecha que el ministro de Hacienda, Arcadi España, no quiso dar la semana pasada, cuando el Gobierno aprobó esa senda y un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros, fue la del día en que el proyecto de Presupuestos para 2027 pasará por el Consejo de Ministros camino del Congreso. La explicación de Moncloa es que hay que ir «paso a paso». La razón es que ese día pone en marcha un reloj que después no se puede parar.

Lo del martes está descontado. La senda de estabilidad es el documento que fija cuánto déficit y cuánta deuda pueden asumir el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos entre 2027 y 2029, y sin ella aprobada el Gobierno no puede redactar unas cuentas con las cifras que le gustaría. En el Consejo de Ministros dicen estar «abiertos a dialogar» y admiten en la misma frase que su interés no basta, porque no tienen los votos. Ha habido conversaciones estas últimas semanas con algunos socios, que han pedido más margen de gasto para las autonomías —ese 0,1% de déficit que ya provocó una bronca con los independentistas, y que también reclamaron voces de Sumar—, y el ala socialista del Gobierno se negó a moverlo.

El pleno traerá otras cosas y en las filas socialistas se agarran a ellas. Se votan las leyes de discapacidad y de dependencia, dos normas del ministerio de Derechos Sociales que en comisión sólo tumbaron PP y Vox; la convalidación de dos decretos, uno para garantizar el servicio público de RTVE y otro que inyecta 6.200 millones extra al sistema de dependencia hasta finales de 2027; y las enmiendas de totalidad contra la despenalización de los delitos de opinión, una proposición que llevaba dos años parada y que PSOE y Sumar han desatascado ahora. Si nadie da la sorpresa, el Gobierno saldrá del martes con cuatro leyes nuevas en su contabilidad, hasta 72, y con la senda por los suelos. Lo segundo le pesa más que lo primero.

Rechazada la senda, el Consejo de Ministros tiene que aprobar otra vez el mismo texto y remitirlo de nuevo a la Cámara baja, y esa segunda votación ya está agendada para el pleno extraordinario del 23 de julio. Entremedias, el jueves 16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia sobre la ley de amnistía, y todo apunta a que seguirá la línea del abogado general, que consideró la norma española compatible con el derecho comunitario. Si eso se confirma, el Constitucional resolverá en otoño a favor de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, el Supremo tendrá que aplicar la amnistía y el expresident podrá volver a España. Es el motivo por el que en Moncloa mantienen algo parecido a la esperanza con Junts, que ha contribuido a tumbar la senda en ocasiones anteriores y que también la tumbará este martes.

Con la senda caída dos veces, Sánchez podrá elaborar los Presupuestos de 2027 con los objetivos de déficit y deuda pactados con Bruselas, y llevarlos al Congreso como muy tarde el último día de septiembre. Serían los primeros que aterrizan en el Parlamento en tres años de legislatura. A partir de ahí el procedimiento se vuelve mecánico, tasado, con el debate de totalidad unas tres semanas después de la aprobación en Consejo de Ministros, y ese debate es el que el Gobierno no puede ganar hoy, porque Junts ha anunciado su rechazo y pone como precio que el Estado abone a la Generalitat todos los recursos que entiende que le debe. Para la financiación autonómica que se aprueba a finales de mes pide otra cosa, un concierto fiscal. Sánchez llegará al otoño con esas dos carpetas encima de la mesa sabiendo que difícilmente saldrán adelante.

El presidente abrió esa puerta él mismo el mes pasado, en Bruselas, cuando los periodistas le preguntaron si el final de la legislatura dependía de los Presupuestos y contestó que negociarán con los grupos y que, si hay que tomar decisiones, se tomarán cuando se produzcan esas hipótesis. Días después, en el comité federal del 27 de junio, Sánchez no dio ninguna fecha, aunque sí garantizó lo que el partido llevaba meses pidiéndole —y el PNV empujando—: que no habrá superdomingo, que las generales no coincidirán con las municipales y autonómicas de mayo.

Sumadas las dos cosas, en los aparatos territoriales se ha instalado la convicción de que, si los Presupuestos decaen en otoño, la disolución de las Cortes tocaría en noviembre/diciembre y las urnas caerían en el primer trimestre de 2027. Marzo, en el cálculo mayoritario, ya sería tarde, porque la Semana Santa se adelanta este año al 21 y si el presidente elige domingo le quedan el 7 y el 14. También sería antes de las Fallas valencianas, que se inauguran el día 15.

En 2023, Sánchez adelantó las urnas a julio después de la debacle de mayo y remontó gracias a los pactos entre PP y Vox, y ahora una parte del partido cree que ese truco ya no funciona. Si el PSOE pierde ayuntamientos, diputaciones y comunidades, argumenta un alto mando de una federación alejada de Ferraz, llegaría “desfondado” a las generales; y si el voto contra Vox se puede activar en un sentido, también se activa en el contrario, con Feijóo negociando con Abascal después de haber ganado la Moncloa.

Perder los Presupuestos, además, obliga al Gobierno a hacer por decreto lo que más le gusta enseñar. La subida de las pensiones tendría que aprobarse por esa misma fórmula en enero, como en los tres últimos años, y convalidarse en el Congreso; la del salario mínimo le basta con un real decreto del Consejo de Ministros, sin pasar por la Cámara. Es la forma de llevar la conversación a la economía, el terreno donde el presidente saca pecho. En la última semana, en el Gobierno se frotaban las manos con Feijóo hablando de castigar el absentismo laboral sin concretar su propuesta.

En Ferraz repiten que no están en el escenario de generales, que todo está abierto, que de momento no. Y en la misma conversación cuentan que esperan de todo, condenas, causas nuevas, la posibilidad de que el partido acabe imputado por el caso Leire o por la financiación irregular que investiga bajo secreto el juez Ismael Moreno. Esa última hipótesis es la única que los propios dirigentes reconocen como línea roja para los socios, la que podría precipitar las elecciones antes de marzo.