En su reunión del 11-12 de marzo de 2016, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, fijó en un extenso listado los criterios generales que deben cumplir los países para preservar la buena salud del Estado de Derecho. Uno de esos criterios incide en la conveniencia de contar con un eficaz sistema de controles y contrapesos para la mejor distribución del poder entre las instituciones: “Debería ser posible que un Poder Judicial independiente e imparcial controlara la constitucionalidad y legalidad del ejercicio del Poder Legislativo y Ejecutivo” (punto 39). En aquella sesión plenaria, celebrada en la capital del Véneto, la Comisión quiso subrayar especialmente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estableció en su día la indisoluble vinculación que existe entre Estado de Derecho y sociedad democrática (“Una sociedad sujeta al Estado de Derecho”, y no al revés), y enumeró los seis requisitos básicos que han de darse para que un país pueda ser clasificado como una democracia sin riesgo de regresión:
1) Legalidad del procedimiento de aprobación de textos legales basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia; 2) Seguridad jurídica; 3) Prohibición de la arbitrariedad; 4) Tribunales independientes e imparciales y revisión judicial de los actos administrativos; 5) Respeto a los derechos humanos; 6) No discriminación e igualdad ante la ley.
Como ha denunciado la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, ni uno solo de estos indicadores (citados en negrita) queda incólume tras los pactos sellados por Pedro Sánchez con el nacionalismo excluyente. La transparencia ha brillado por su ausencia en el proceso negociador y la futura ley de amnistía la han impuesto sus beneficiarios. Es por tanto arbitraria, tanto por su irregular gestación como por su contenido, y porque además de esquivar los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destruye el principio más esencial de todos los principios, como se ha ocupado de subrayar Cándido Méndez, ex secretario general de la UGT: el de igualdad ante la ley.
Se pretende cambiar las reglas del juego para adaptarlas a las exigencias de los que se las saltaron, en lo que constituye una agresión sin precedentes a la autonomía e independencia del poder judicial
Por si el daño ocasionado a la credibilidad de nuestra democracia no fuera suficiente, la ley pretende eliminar los efectos suspensivos de futuros recursos contra la misma, en abierta confrontación con las normas que regulan las atribuciones de jueces y tribunales. Se quiere cambiar de este modo las reglas del juego para adaptarlas a las exigencias de los que se las saltaron, en lo que constituye una agresión sin precedentes a la independencia judicial. A tal fin, incluso se anula parcialmente la aplicación de una Ley Orgánica, la del Poder Judicial, perpetrando un despótico golpe de mano que refuta las intenciones democráticas de sus autores y se anuncian comisiones parlamentarias para corregir, y en su caso castigar, al modo polaco, a los jueces “rebeldes” (lawfare).
La proposición de ley de amnistía, y la descarada pretensión de que un solo ministro, desde su arbitraria triple cartera, erradique los contrapesos que deben existir entre el legislativo, ejecutivo y judicial, son las últimas señales de un proyecto de permanencia en el poder cuya perdurabilidad requiere de un anómalo control de las instituciones. En estos días, sin ir más lejos, hemos asistido a un nuevo capítulo del ostentoso asalto a un Legislativo ya definitivamente colocado en disciplinada posición de firmes: el oportuno nombramiento como letrado mayor del Congreso de un alto cargo del Gobierno, Fernando Galindo.
Galindo fue director general de Cooperación Autonómica y Local y subsecretario en el gabinete del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de Sánchez, y su mujer, para qué disimular, trabajó como directora general de Relaciones con la Cortes con el hoy triministro Félix Bolaños. El predecesor de Galindo, el letrado mayor Carlos Gutiérrez, opinaba que la amnistía entra “en palmaria contradicción con la prohibición de conceder indultos generales prevista en el artículo 62 i de la Constitución”. Si se prohíbe lo menos, vino a decir, está prohibido lo más. Para Galindo, “un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo”, no existe una contradicción tan “palmaria” con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. Prueba superada. Así que con el Ejecutivo depurado (pobres Montero y Belarra) y el Congreso de los Diputados en primer tiempo de saludo, el único poder que se resiste a la doma sigue siendo el Judicial. Y no será porque no lo han intentado casi todo. Veamos.
Gobierno ‘extremoso’
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, pasa a ocuparse de la Fiscalía General del Estado; sin solución de continuidad. Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex ministro de Justicia él, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia (Bolaños, siempre Bolaños) ella, son nombrados por el Gobierno magistrados del Tribunal Constitucional. Tres días después, 12 de enero de los corrientes, la nueva mayoría “progresista” nombra a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero, presidente del tribunal de garantías. Y esto más reciente, de anteayer: Álvaro García es ratificado como fiscal general después de que el Tribunal Supremo anulara el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala por desviación de poder “visible e innegable”.
En paralelo, y aunque el Consejo de Estado haya pasado durante el sanchismo a formar parte del grupo de instituciones “zombi”, Sánchez coloca a la ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio, licenciada en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social, al frente de esa (otrora) dignísima institución.
Sánchez utiliza a menudo la resistencia del Partido Popular a renovar el CGPJ como escudo protector y argumento para sacar del foco este sistemático desprecio de la neutralidad de las instituciones y de la apariencia de imparcialidad. Pero a la vista de esta interminable cadena de casos de manifiesto nepotismo y abuso de poder, es inevitable sospechar que los deseos de renovación del órgano de gobierno del tercer poder del Estado, repetidamente expresados por el líder socialista, estén más vinculados a su intención de controlar el último fuerte que a la voluntad de cumplir con la Constitución.
El independentismo necesita la complicidad del PSOE y la inhibición de Europa. Lo primero ya lo tiene; pero esto último, el naufragio en España de la Comisión de Venecia, es lo que a toda costa hay que evitar
En el acto del Colectivo Fernando de los Ríos, el ex ministro socialista Virgilio Zapatero (“Zapatero el bueno”, aclaró una voz del público asistente) calificó al actual Gobierno como el “más extremoso de los últimos 45 años”. Pero dijo algo más relevante: “Se quiere convencer a los ciudadanos de que la derecha española es filofascista, en un descarado intento de obstaculizar el normal desarrollo de uno de los fundamentos de las democracias, la alternancia en el poder”. Y añadió: “Hoy se reproduce a escala nacional el infame Pacto del Tinell de 2003”. Recordemos lo que se acordó en aquel pacto (textual): “Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. Firmado: Joan Saura i Laporta (ICV-EUA), Pasqual Maragall i Mira (PSC-CpC) y Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC).
Habrá quien piense que Zapatero, “el bueno”, exagera cuando habla de gobierno “extremoso”. ¿De verdad? El pacto del Tinell fue una operación antidemocrática que afortunadamente acabaron neutralizando en parte los contrapesos políticos e institucionales de entonces. De hecho, años después (2012) el PP salió al rescate de un Artur Mas en minoría que necesitó el voto de los populares para aprobar los presupuestos de la Generalitat. Hoy, el objetivo de un nacionalismo mucho más radicalizado, consciente de que esta oportunidad puede que no vuelva a repetirse, pasa precisamente por la eliminación de aquellos contrapesos. Para ello necesita la complicidad del PSOE y la inhibición de una Europa urgida por otros problemas. Lo primero ya lo tiene; pero esto último, el naufragio en España de la Comisión de Venecia, es lo que los demócratas deben a toda costa evitar.