El pasado jueves a las ocho de la mañana, una ola de optimismo invadió las redacciones de los medios de comunicación de casi toda España. El Partido Socialista y el Partido Popular anunciaron en ese instante un acuerdo para renovar la cúpula de Radiotelevisión Española (RTVE), un pacto que presagiaba que durante esa jornada podrían llegar otros similares para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, organismos todos ellos donde reina la interinidad desde hace meses.

“Al fin un pacto de Estado entre el PSOE y el PP”, anunciaron algunos aquella mañana, festejando la noticia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se hubieran puesto de acuerdo en algo por primera vez en mucho tiempo. En momentos tan convulsos como los que estamos viviendo es fácil agarrarse a un clavo ardiendo, pero celebrar el enésimo secuestro de la televisión de todos los españoles por parte de los políticos es cuanto menos curioso.

Presentar como algo positivo un pacto entre PSOE y PP por el simple hecho de que no es lo habitual es un absurdo. Lo que hay que juzgar es el detalle del acuerdo. Si ambos pactasen robarnos a manos llenas, ¿también nos parecería una buena noticia? Lo de RTVE no se puede calificar de robo, pero en absoluto se trata de algo que vaya a mejorar la vida de los españoles. Y calificarlo con el pomposo nombre de «pacto de Estado» es una broma pesada. Pactos de Estado serían los de la Educación, la Sanidad, la Economía, las pensiones… pero no esto, que no es más que un burdo mangoneo de instituciones que deberían ser independientes y, por tanto, quedar libres de cualquier injerencia política (y lo mismo vale para RTVE que para el CGPJ o el TC).

Comisarios políticos en RTVE

Veamos cómo se ha producido este atropello. La ley que regula RTVE, que data de septiembre de 2017, establecía que la elección de los diez miembros del consejo de administración debía hacerse por concurso público. Así, un comité de expertos debía valorar los currículos y los proyectos de gestión de todos aquellos que quisieran aspirar a una plaza, y luego el Congreso de los Diputados debía elegir los diez nombres de entre los 20 mejor puntuados por esos expertos.

En el caso que nos ocupa, hubo 95 personas que se presentaron al concurso. El comité de expertos examinó sus proyectos y los ordenó según su puntuación. ¿Y saben qué pasó entonces? Que como sus amiguetes no se clasificaron entre los 20 primeros, los partidos decidieron en octubre de 2020 pasarse por el forro la criba de los expertos: elegirían a dedo a quienes les diera la gana de entre los 95 aspirantes iniciales. La excusa esgrimida por los políticos para cargarse el trabajo de los expertos tampoco tiene desperdicio: sólo había tres mujeres entre los 20 primeros y eso impedía elegir un consejo paritario. Pero conviene recordar dos pequeños detalles: los expertos evaluaron los proyectos sin conocer el nombre o el sexo de los candidatos… y de los diez finalmente elegidos por los partidos apenas hay cuatro mujeres.

Cinco pruebas del despropósito

Una vez roto el corsé de los expertos con la coartada de la igualdad de género, luego pasa lo que pasa, que acabas eligiendo a cualquiera:

1.- Solo uno de los diez nombres elegidos por los partidos estaba entre los diez primeros del concurso público. El único consuelo es que se trata del que será nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, que quedó en cuarta posición.

2.- Solo tres de los nombres elegidos por los partidos quedaron entre los 20 primeros de los expertos, es decir, los otros siete jamás hubieran podido conseguir el puesto de no haberse roto las reglas del juego.

3.- Pero no es que los elegidos estuvieran entre los puestos 20 y 30, por poner un ejemplo, y que se hubieran quedado a puntito de entrar. Nada más lejos de la realidad: una de las elegidas quedó en el puesto 86 (¡de 95!) y otros dos ocuparon las plazas 56 y 59.

4.- Para hacerse una idea del insulto a la inteligencia que nos acaban de perpetrar Sánchez y Casado, con la complicidad de Podemos y del PNV, basta echar un vistazo a la puntuación obtenida por los consejeros elegidos en el proyecto de gestión que tuvieron que presentar para aspirar al cargo. La puntuación máxima que otorgaban los expertos era de 30 puntos. ¿Saben ustedes cuántos de los diez elegidos consiguieron aprobar ese capítulo, es decir, lograr 15 o más puntos? Tres personas. Y de los otros siete elegidos quizás ustedes piensen que se quedaron al borde del aprobado… pero lamento decirles que uno obtuvo un 0, otro un 2, otra un 5,5 y otra un 6 (¡de 30 puntos posibles!).

5.- De hecho, una de las consejeras finalmente elegidas recibió el siguiente reproche por parte de los expertos: “Su proyecto está copiado de la Wikipedia”. Pero da igual, todo vale.

Los partidos han renunciado a elegir a los mejores para administrar una empresa que gestiona mil millones, pero el país está alborozado porque Sánchez y Casado se han puesto de acuerdo en algo

En definitiva, España en estado puro. Viva el enchufismo y la incompetencia y muera el mérito y la inteligencia. Los partidos renunciando a elegir a los mejores para administrar una empresa que gestiona mil millones de euros anuales… y medio país alborozado porque al fin Sánchez y Casado se han puesto de acuerdo en algo.

Casado se echó atrás con el resto de pactos el jueves por la tarde, y todavía no sabemos si es un movimiento táctico o algo definitivo. Lo que sí vimos el viernes es una comparecencia de Sánchez, la primera en dos meses, cuyo único propósito fue culpar al PP de no colaborar. “Necesitamos un acuerdo para reconstruir el país y luchar mejor contra la pandemia”, llegó a decir el presidente del Gobierno, sin aclarar en ningún momento por qué un reparto partidista de las butacas de órganos supuestamente independientes contribuiría al bienestar de España y a la lucha contra la covid. En Moncloa deben pensar que todos somos imbéciles.