Resulta humanamente comprensible que los cargos y los militantes del PSOE que habían erigido a su antiguo líder en bandera del progresismo, al igual que todos aquellos que, desde la disparidad ideológica, simpatizaban con su figura y su legado, sientan una profunda turbación. Como lo es sentir, se vote lo que se vote, que un mazazo de esta naturaleza perjudica al sistema democrático por la estupefacción que inocula. Pero resulta un ejercicio de temeraria o interesada ingenuidad que dirigentes socialistas sigan abrazándose a lo que representó Zapatero para negarse a contemplar la gravedad de los indicios que se van desgranando en su contra. Del mismo modo que en un Estado de derecho no pueden existir zonas grises de impunidad, al expresidente le asiste, como a cualquiera de sus conciudadanos, la presunción de inocencia. Pero a la espera del resultado de la instrucción judicial, el relato conocido de los hechos que se han ido destapando deconstruye, en el terreno puramente ético, la imagen de probidad de la que Zapatero y los suyos se han ufanado en todos estos años.

Si que el exmandatario guarde silencio puede responder a su legítima estrategia de defensa, no hay nada que justifique el mutismo de Pedro Sánchez, que solo se ha pronunciado forzado por las preguntas de la oposición en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Es imperativo que se someta a la fiscalización pública no solo por su cercanía a Zapatero, sino porque el rescate de Plus Ultra por 53 millones del erario de todos, ahora bajo sospecha de ser el colchón para un corrosivo tráfico de influencias a cambio de mordidas, fue aprobado por su Consejo de Ministros. Y porque si persiste, como parece, en su determinación de agotar una legislatura que el PNV y Podemos ya ponen en cuarentena, ha de argumentar cómo piensa hacerlo más allá de una resistencia cada vez con menos resuello.