Los socios parlamentarios del Gobierno escenificaron hasta el último momento su amenaza de bloquear los Presupuestos de 2022. Como preveían en Moncloa desde el principio de la semana, el órdago no se consumó y tanto ERC como PNV evitaron presentar las enmiendas a la totalidad que aseguraron tener redactadas para dar credibilidad a su estrategia, más comunicativa que negociadora. La sobreactuación se mantuvo por parte de los republicanos hasta un minuto antes de que se cerrase el plazo para registrar dichas enmiendas. Los nacionalistas vascos, por su parte, comunicaron su decisión de no bloquear las cuentas públicas a media mañana, poco después de que confirmase lo propio EH Bildu. 

Tanto unos como otros ya habían conseguido con antelación el compromiso del Gobierno de atender a sus demandas. Esto es, la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital en el caso del PNV; y el blindaje de las lenguas cooficiales en la futura ley audiovisual, así como el traspaso de la gestión de las becas (18,6 millones), en el de ERC. Ahora ambas partes seguirán negociando un aumento de partidas en el trámite de enmiendas parciales. Los independentistas catalanes, además, han arrancado al Gobierno el compromiso de convocar durante la primera quincena de septiembre el comité de seguimiento para la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña con tres puntos sobre la mesa: renegociar los factores que llevan a que la ejecución de las inversiones presupuestadas en PGE son inferiores a la media nacional (la Generalitat calcula haber dejado de recibir 3.000 millones en los últimos seis años), identificar nuevos proyectos para ejecutar de forma inmediata y diseñar una «cláusula de salvaguarda» para que no se produzca un déficit inversor el próximo año. 

Las negociaciones y el juego de las escenificaciones se saldó con la satisfacción de todas las partes. ERC y PNV, por representar su política útil y capacidad de arrancar acuerdos al Ejecutivo. El Gobierno, por visibilizar que logra llegar a consensos amplios y, sobre todo, por allanar el camino para unas cuentas que le garantizarán estabilidad para el resto de la legislatura. También para canalizar correctamente los fondos europeos, dado que fía su reelección en 2023 a la «recuperación económica justa». «Este Gobierno muestra, una vez más, que busca consensos», subrayaba el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, al tiempo que calificaba estas cuentas públicas como «una verdadera herramienta de transformación de la vida de la gente y de nuestro sistema de producción y económico».

El Gobierno pretende reeditar los apoyos que ya obtuvieron los actuales Presupuestos. Una amplia mayoría de 188 votos, lo que, a pesar de la minoría del Ejecutivo de coalición (155 escaños), supuso el mayor respaldo a unos Presupuestos desde 2006. El entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó las cuentas públicas con 193 votos. En esta ocasión, los presupuestos del Ejecutivo de coalición obtuvieron cuatro votos menos, pero sumaron el apoyo de hasta once partidos diferentes. Ahora podría llegar a una docena, después de que el BNG, al contrario que el pasado año, decidiese no presentar enmienda a la totalidad. Tampoco lo ha hecho el PDeCAT, que tratará de arrancar más inversiones en el proceso de enmiendas parciales.

Negociar el traspaso del ingreso mínimo vital con el PNV y el Gobierno vasco, una transferencia que, por otra parte, ya comprometía el propio proyecto de Presupuestos, no ha sido fácil, reconoce el Ejecutivo central. Fuentes gubernamentales indican que el acuerdo cuenta con una especie de cláusula de salvaguarda para garantizar que la prestación sea homogénea en todo el territorio vasco y que no haya ninguna disfunción. Además, Seguridad Social amarra una comprobación, a través de una comisión de seguimiento, para confirmar que las condiciones de acceso al IMV son las correctas. Si hay problemas, la gestión retornaría al Estado. El PNV se centrará ahora en asegurar más inversiones para el País Vasco. Principalmente las relativas al AVE, para el soterramiento a su entrada en las ciudades de Bilbao y Vitoria. 

El PNV se centrará ahora en asegurar más inversiones para el País Vasco, principalmente las relativas al AVE 

Las negociaciones continuarán entre el Gobierno y sus potenciales socios, si bien con una mayor tranquilidad tras superar el primer escollo para la tramitación de las cuentas. Será el jueves cuando se debatan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias. Se votan en bloque y no saldrán adelante al no contar con una mayoría suficiente.

La Ley Audiovisual respetará las lenguas cooficiales

Negociaciones sobre las enmiendas parciales, pero también sobre otros proyectos de ley, como será la nueva ley audiovisual. El acuerdo es que se pacte con ERC una cuota de producción audiovisual en esta ley. Todavía se está hablando de porcentajes, siendo la propuesta en estos momentos de los republicanos que el 7,5% de los contenidos audiovisuales sean en catalán o las lenguas cooficiales correspondientes. El pacto recoge textualmente que se «potenciará y fomentará la producción audiovisual, protegiendo las lenguas cooficiales y contribuyendo a su difusión» y que se «respetará todas las actuales competencias de los organismos de gestión y control (CAC) autonómicos y trabajará para dotarlos de nuevas competencias». Además, las televisiones autonómicas con lengua propia se beneficiarán de los nuevos sistemas de financiación que se establezcan y RTVE, en coproducción con TV3, será motor de producción audiovisual, con fondos específicos. ERC también ha arrancado al Gobierno intensificar los trabajos para transferir a Cataluña en ingreso mínimo y la ejecución de la inversión pendiente en programas de ayuda humanitaria este mismo año.

Desde el PSOE han rebajado estos compromisos, refiriéndose solamente a «garantizar porcentajes» en los doblajes y buscar «mecanismos» para la protección de las lenguas cooficiales. Eso sí, el Gobierno priorizará el acuerdo con ERC para sacar adelante la futura ley, en lugar de hacerlo con el PP.

La confirmación de EH Bildu de facilitar la tramitación del proyecto de Presupuestos, el primer escollo tras su llegada al Congreso, tampoco supone, al igual que el PNV y ERC, su apoyo definitivo. Las negociaciones continuarán, si bien fuentes del grupo parlamentario reconocen que las conversaciones con el Gobierno están siendo positivas y esperan «lograr puntos de consenso en las próximas semanas». 

Entre las cuestiones que han puesto sobre la mesa, destaca la derogación de la reforma laboral, advirtiendo que la entrada de Nadia Calviño en las negociaciones con los agentes sociales no puede suponer que «se suavice el camino tomado hasta ahora». La nueva ley audiovisual es también una prioridad para los ‘abertzales’, con el objetivo de que se protejan las lenguas cooficiales. Por último, sostienen demandas netamente de carácter social, y subrayan que «el tema de los presos, aún siendo una de nuestras líneas de trabajo en Madrid, nunca lo hemos puesto como condición en la negociación presupuestaria».