Pedro Sánchez ostenta el dudoso honor de ser el presidente que más convenciones democráticas ha abolido. Y desde este jueves ha añadido a su expediente un nuevo hito inédito: haberse convertido en el primer presidente de la democracia que sigue gobernando en contra de la voluntad expresa del Congreso de los Diputados.

Bien es cierto que la aritmética de aquel «somos más», con el que Sánchez se arrogó el triunfo de unas elecciones que perdió, nunca se compadeció con la realidad numérica de un Parlamento de mayoría conservadora.

Y tan pronto como la circunstancial cohesión del bloque de investidura se resquebrajó, y algunos de sus socios comenzaron a votar de acuerdo con su filiación ideológica, cayó la ficción de la «mayoría progresista» de la que se jactaba el PSOE.

La coalición gubernamental se ha vuelto incapaz de superar muchas de las votaciones en el Congreso, así como para aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante sucesivos ejercicios. Lo que consolidó un estado de parálisis legislativa que, en sí mismo, ya equivalía a una tácita retirada de la confianza del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Sólo la ausencia de una mayoría alternativa para hacer prosperar una moción de censura, ante la negativa de Junts a figurar en una suma con PP y Vox, ha permitido mantenerse a un Gobierno sin los apoyos parlamentarios suficientes para gobernar.

Pero la parálisis legislativa ha recibido en los últimos meses el agravante de la proliferación de casos de corrupción que afectan al entorno más cercano del presidente. Lo cual ha precipitado el desmarque de Junts del resto de socios que mantienen su apoyo a Sánchez, para unirse a la oposición en la solicitud de un adelanto electoral.

El Gobierno maniobró para evitar que se visibilizase que la mayoría de la Cámara ya no respalda al Gobierno. Y el pasado martes, la Mesa del Congreso inadmitió a trámite unas enmiendas del PP y Junts que solicitaban formalmente «disolver las Cortes y convocar elecciones generales» ante la «extrema debilidad» del Gobierno.

Pero el PP ha rescatado la moción que no pudo debatirse, registrando un nuevo texto para sortear el rechazo de la Mesa que ha contado con los votos favorables de Vox y Junts. Y así ha podido finalmente evidenciarse lo que sólo el arbitrario veto de Francina Armengol impidió la semana pasada.

Después de que la víspera el presidente se resistiera una vez más a asumir responsabilidades por las decenas de investigaciones judiciales que le afectan, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una moción que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

Por mucho que la iniciativa carezca de carácter vinculante, reviste una gran trascendencia. Porque hasta ahora no se había dado un pronunciamiento explícito de la mayoría absoluta del Congreso exigiendo que «la asunción de responsabilidades del presidente se produzca en forma de dimisión».

Sánchez no está legalmente obligado a atender a esa petición, pero sí está moralmente obligado a dimitir.

Y esa precisión remite a la necesidad de discriminar entre legalidad y legitimidad.

Está fuera de toda duda que, en virtud de su investidura por la mayoría absoluta del Congreso en 2023, Sánchez está legalmente autorizado para ostentar la Presidencia del Gobierno. Pero ha quedado deslegitimado por el propio órgano que lo eligió.

Sánchez conserva su legitimidad de origen. Pero la mayoría de la Cámara ha requerido formalmente que se someta a la fórmula prevista en la Constitución para revalidar la confianza otorgada en su día al presidente. Y, al resistirse a hacerlo, Sánchez ha perdido la legitimidad de ejercicio.

El presidente verbalizó su voluntad de gobernar «con o sin el concurso del Legislativo». Pero no está de más recordar que el sistema político español no es presidencialista. Es decir, uno en que el jefe del Estado, al ser elegido directamente por el sufragio popular, está exento del control parlamentario, y puede completar su mandato con independencia de las vicisitudes parlamentarias.

España es una democracia parlamentaria en la que el Poder Ejecutivo emana del Legislativo, que es quien lo elige y ante quien está constitucionalmente obligado a responder por su gestión política.

Y dado que ya no goza de la confianza del Congreso, Sánchez sigue siendo un presidente legal, pero ha dejado de ser un presidente con legitimidad para seguir gobernando.