- Cuando un gobernante se siente acorralado multiplica el dispendio y los gestos de autoridad. Cuanto más evidente es el derrumbe, más grandiosas las promesas y más enfáticas las denuncias.
Los historiadores lo saben bien; los políticos, en cambio, parecen empeñados en ignorarlo.
Cuando un gobernante se siente acorralado multiplica el dispendio y los gestos de autoridad, cuando en verdad ya no le queda autoridad que ejercer.
No es nuevo, ni siquiera un manual de resistencia. Esa cosa que ni siquiera Julio Mazarino habría imaginado cuando escribió su Breviario.
Desde siempre, cuanto más frágil es la posición, más ruidosa e histriónica es la proclama.
Lo acabamos de ver en el Congreso de los Diputados. Cuanto más evidente es el derrumbe, más grandiosas las promesas y más enfáticas las denuncias. Es una especie de síndrome de Vercingetórix, estrategia de tierra quemada y cloacas.
Los afectados directos concluyen que hay que resistir, porque rendirse es más humillante que perder. O porque rendirse supone perder el control, tal y como aprendimos en Signore e signori, buonanotte (1976).
Pero no se engañe nadie. Un gobierno rara vez se hunde de golpe. Se hunde como las catedrales góticas que Viollet-le-Duc estudió con detalle. Es decir, por acumulación de grietas.
El proceso a veces es lento, en ocasiones incluso casi imperceptible desde su interior, pero muy claro desde fuera.
España lleva meses asistiendo a esa dinámica, y quien tenga ojos para ver y no los haya cerrado por lobotomía, habrá identificado la geometría de la mutación, el desorden o el colapso.
En esta fase terminal, el de los apoyos no es un tema menor. Aliados que, en circunstancias normales, nadie aceptaría ni exhibiría.
Pero no es nuestro caso: batasunos, independentistas y comunistas son ya homologables al gran estadista o al honesto y humilde quiosquero.
Es evidente que un gobierno con mayoría sólida no necesita buscar ni prometer impunidad.
Un gobierno con respaldo popular no necesita pactar con quienes han jurado abiertamente disolver el Estado que se supone deben gobernar juntos. Ni busca alinearse con los cuatreros del mundo reunidos en Barcelona gritando «democracia».
Cuando los socios imprescindibles son los que han sido condenados por sedición, o los que negocian cada votación como un bazar, no estamos ante una coalición de gobierno: estamos ante una coalición de supervivencia mutua.
Ahora bien, lo que viene después es conocido. Chapucear, que decía aquel, es poco. Es latrocinio y corrupción sistémica.
Las instituciones del Estado dejan entonces de servir al ciudadano corriente y la ficción del interés general para convertirse en instrumentos de conservación del poder.
El BOE deviene en tablón de anuncios del clientelismo.
Las subvenciones pierden su naturaleza administrativa para adquirir la de soborno institucionalizado.
La fiscalidad se transforma en arma potentísima y asfixiante.
El presupuesto público, cuando no puede aprobarse porque el Parlamento ya no obedece, se manipula en las sombras. ¿Cuántas veces ha modificado el Gobierno las partidas presupuestarias y de gasto y por cuál importe en este tiempo?
«Llega un momento en que ni la alarma más ruidosa, ni el gasto más generoso, ni el censo más abultado bastan para detener lo que ya no tiene solución política»
No es gestión. Es el manejo de caja de quien sabe que el tiempo se acaba y procura repartir cuanto puede antes de que le cambien la llave. Y el Tribunal Constitucional tendrá los santos bemoles de bendecir esto.
Y qué decir de la tentación del censo.
Toda historia de autócratas en decadencia incluye este capítulo: el intento de modificar el cuerpo electoral antes de que el cuerpo electoral pueda pronunciarse.
En el siglo XIX lo hacían con el encasillado y el caciquismo. Maquiavelo lo describió como la capacidad del príncipe de hacerse con el favor del pueblo antes de que el pueblo se le vuelva enemigo.
La forma contemporánea es más sofisticada en su presentación y más burda en su propósito: regularizaciones masivas, leyes de memoria selectiva como arietes genealógicos, aceleración administrativa de procesos de nacionalización que en condiciones normales llevarían años, etcétera.
Millones de nuevos potenciales votantes. Las cifras exactas pueden ser discutibles; la intención, bastante menos.
Y también llega el asalto a la Justicia. Cuando la política ya no puede defenderse ante el electorado, intenta defenderse ante los jueces ocupando los tribunales.
Es la lección que aprendieron Perón en 1946, Chávez en 1999 y tantos otros antes y después: un poder judicial controlado es el paraguas perfecto para todas las tormentas.
En España, la resistencia del CGPJ a ser intervenido, las firmes condenas del Tribunal Supremo, los autos del juez Peinado contra la esposa del presidente, la instrucción de causas que afectan a expresidentes del Gobierno. Todo ello constituye el cuadro de una Justicia que todavía funciona y de un poder que todavía no ha conseguido apagarla.
Todavía.
Balzac observó en La Rabouilleuse que los parásitos siempre trabajan con más energía cuando el organismo que los alimenta está a punto de morir.
Es una descripción exacta de lo que ocurre en nuestra vida pública, en la que reina la agitación contra quien controla, supervisa y juzga. Pero el médico clínico sabe leer el síntoma correcto: sabe que la agitación no es salud.
La Justicia sigue su curso. El déficit democrático se acumula. Las grietas se multiplican.
Y llega un momento en que ni la alarma más ruidosa ni el gasto más generoso ni el censo más abultado bastan para detener lo que ya no tiene solución política: sólo salida.
Lo que está por ver es si esa salida será ordenada o no. La historia española tiene ejemplos de ambas cosas.
Y conviene no olvidar que la diferencia entre una y otra no la decide el que cae, sino los que quedan.
*** Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho administrativo.