La negativa de Pedro Sánchez a prorrogar el actual estado de alarma o a promulgar otro nuevo no es política, es partidaria y hasta personal. Responde a que el presidente no está dispuesto a continuar siendo portador de malas noticias. Eso se acabó. Lo suyo será anunciar las buenas nuevas de la vacunación, volver a los fondos europeos con la remisión de la propuesta del Gobierno a Bruselas, reiterar que no hay alternativa a la mayoría de su investidura. La pandemia pasa a formar parte de las responsabilidades de otros: comunidades autónomas, ciudadanos, profesionales de la sanidad. Porque el Gobierno quiere apuntarse también a la libertad. A medida que pasan los días se desvanece la presunción de que, tras el escrutinio del 4 de mayo, Sánchez podría rectificar. Porque a medida que él y las ministras y ministros que se refieren al tema insisten en el inicio de un nuevo tiempo frente al SARS-CoV-2 quedarían más en evidencia si finalmente cambian de postura. Aunque resulta elocuente hasta qué punto no son capaces de aportar un argumento definitivo, irrebatible, para prescindir del estado de alarma, convirtiendo su decisión en un acto de fe que emplaza a quienes prefieran lo contrario no solo a demostrar la necesidad de la excepcionalidad constitucional sino a reclamar formalmente su aplicación.

Sería más razonable que Pedro Sánchez mantuviese o actualizase el estado de alarma para el conjunto de las comunidades autónomas, ampliando el margen de discrecionalidad en su aplicación territorial. Pero, a medida que se acerca el 9 de mayo, al lehendakari Urkullu no le va a quedar más remedio que «solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma» para Euskadi, como prevé la ley orgánica de 1981. Sería la única iniciativa coherente para demostrar al resto de los Ejecutivos autonómicos y a la opinión pública española que Ajuria Enea tiene una posición de cuyas consecuencias está dispuesta a hacerse cargo. La única manera de dar sentido a la vindicación del estado de alarma, más allá del envío de cartas a La Moncloa o de la expresión contenida y equívoca de críticas a la negativa de Sánchez por parte de otros dirigentes autonómicos o grupos parlamentarios. Claro que la fatiga pandémica institucional puede acabar contagiándose en una renuncia al estado de alarma por omisión y escapismo.

Para ver si pueden disiparse las culpas y responsabilidades de la incidencia epidémica posterior al 9 de mayo. A la espera de que la vacunación lo disculpe todo.