Ya nos advirtió Carmen Calvo que Pedro Sánchez hay más de uno, y que todos son coherentes, aunque digan y hagan frases y decisiones contradictorias. En abril de 2019, cuando ganó las elecciones con 123 escaños, supuso que una repetición electoral le daría 140. Para lograrlo, prometió no gobernar con Podemos ni apoyarse en los independentistas y aseguró que la sentencia del Supremo de octubre de ese año se cumpliría íntegramente. Como con las elecciones del 10 de noviembre el tiro le salió por la culata, de lo dicho, nada de nada: hizo una coalición con Unidas Podemos —¡qué abrazo con Pablo Iglesias!—, se aplicó un hipnótico para dormir con tranquilidad, indultó a los separatistas condenados y acaba de pagar la última factura por su apoyo a la investidura: la supresión del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación. Ha saldado, eso cree, sus deudas. 

También ha abonado a sus socios morados de Gobierno el peaje de su apoyo. Irene Montero ya tiene sus dos pésimas leyes: la de Garantía Integral de Libertad Sexual de factura técnica vergonzosa como no es preciso explicar, y la denominada trans, ciscándose en el feminismo socialista cuya batalla igualitaria viene de décadas. Por lo demás, ha consentido todas las excentricidades de los ministros de Unidas Podemos y les ha reído sus gracias. Les ha metido —también a Bildu— en la comisión de gastos reservados (en donde se conocen los secretos del CNI, entre otros) y, siguiendo los criterios de Pablo Iglesias, ha incorporado al partido de los golpistas catalanes (ERC) y al de los legatarios del conflicto por el que ETA tanto se sacrificó en la “dirección del Estado”. Y, por fin, ha cambiado sus inicios de curso con auditorios repletos de gestores del Ibex 35 por una fracasada gira popular durante el último trimestre de este año que agoniza.

Todo este totum revolutum se ha denominado Gobierno progresista, y ahora toca pasar a otro para que el PSOE no se descrisme en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 y, como consecuencia, en las posteriores generales. Toca, pues, el Gobierno peronista, el de los descamisados. Y así, hoy, Sánchez saldrá a la palestra para anunciar medidas económicas de distinta naturaleza para ofrecer la faceta social-peronista de un Ejecutivo que deja atrás las mesas de diálogo, los indultos, la reforma atropellada y abusiva de las leyes orgánicas, el conflicto con las demás instituciones y se dedicará a repartir los panes y los peces de unos presupuestos generales del Estado basados en cifras especulativas y voluntaristas, mientras colapsa el reparto adecuado de los fondos de la UE para responder a los estragos de la pandemia. 

Pedro Sánchez tiene una compleja y poliédrica personalidad. Seguramente narcisista —un síndrome muy habitual—, pero principalmente ambiciosa. La ambición en un político es una fuerza tractora necesaria, pero, si emulsiona con el engaño, la falsedad y la mentira, entonces constituye una perversión. En ella milita este hombre que es el producto de los tiempos que vivimos: la liquidez. Carece de referencias y eso le permite cambiar de criterio como de calcetines, relativizar el valor de la palabra dada o comportarse como un avezado jugador de naipes. Es difícil creérselo tanto cuando afirma como cuando niega. Ahora la cuestión consiste en saber si los ciudadanos tienen o no memoria de pez o de paquidermo, si recuerdan todas y cada una de las promesas incumplidas y las aseveraciones traicionadas o las han olvidado.

El Gobierno —en su versión progresista, previa a la peronista de 2023— ya sabe que, salvo el incremento del SMI, las demás medidas han sido en gran parte un fracaso porque las administraciones españolas carecen de capacidad de gestión. El ingreso mínimo vital lo perciben un porcentaje muy bajo (según Cáritas no llega al 19% de los hogares que debería percibirlo), el real decreto de ahorro energético ha sido una filfa —¿quién se acuerda de los límites de refrigeración y calefacción?— y la subvención a los combustibles es una medida que beneficia a todos por igual, ricos y pobres, vulnerables e invulnerables. Y, si hablamos del bono cultural joven, cabe decir lo mismo: ha fracasado. Solo el 42% de los ciudadanos con derecho a percibir los 400 euros se beneficia de esta medida. 

Pedro Sánchez, en vez de ese peronismo que hoy se pone en marcha, tendría que haber sido más convincente con una reforma fiscal digna de tal nombre. En vez de abordarla se ha dedicado a imponer gravámenes de carácter no tributario a los beneficios extraordinarios al sector energético y a la banca, y a implantar un impuesto a las grandes fortunas para eludir la autonomía financiera de las comunidades autónomas que han bonificado en todo o en parte el impuesto sobre el patrimonio. Por supuesto, no ha elaborado un plan de ahorro en todas las administraciones públicas, y no ha resuelto —al menos de momento— una fórmula adecuada para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y, en último término, ni siquiera ha intentado seriamente un pacto de rentas. 

La comparecencia de hoy del presidente del Gobierno será el primer mitin electoral de las municipales y autonómicas, con argumentos que hagan olvidar el transcurso de tres años de legislatura que han sido ideológicos y sectarios. El problema para Sánchez es que lo que hizo desde 2020 va a seguir teniendo réplicas durante 2023, sus socios van a estar especialmente hostiles, y la oposición —si es perspicaz— podrá rebatirle con eficacia. Quizá crea Sánchez que con haber aprobado los presupuestos y concedida la práctica amnistía a los dirigentes sediciosos —eso, además, dependerá de lo que diga el Supremo—, y haber sacado adelante una serie de leyes que sonrojan por su mala factura técnica y por su incivismo, ha cumplido con los que le invistieron en enero de 2020. No será así: Sánchez es como Prometeo encadenado, lo que le impide cualquier tipo de autonomía política y gestora porque él se encarceló y entregó las llaves de su celda a sus socios. Y un peronismo hogaño no hace olvidar los desastres de antaño.