Este periódico reclamó en el anterior editorial que el Gobierno tuviera en cuenta el primer dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el polémico impuesto a la banca, en fase parlamentaria, que pretende gravar sobre los intereses de las entidades sin que puedan trasladar el coste a los clientes. La sugerencia de la institución presidida por Christine Lagarde fue clara: es una medida contraproducente y peligrosa.

Contraproducente, entre otros motivos, porque provocará un frenazo en seco de los préstamos, debilitará la competitividad de los grandes bancos respecto a sus competidores extranjeros, restará los efectos positivos de la subida de tipos y comprometerá la viabilidad del sector español en general.

Y peligrosa porque, a las puertas de la recesión y en un contexto económico desalentador, no hay nada peor que contribuir al nacimiento de una crisis financiera.

Ayer, lejos de considerar las recomendaciones de la máxima institución monetaria de la Unión Europea, el Gobierno respondió con sorna y reproches. La primera sorpresa llegó con las declaraciones de José Luis Escrivá, que desacreditó el informe como un “corta y pega” de otros anteriores. Llama la atención que esta vacua argumentación proceda del ministro de Seguridad Social, un veterano de las instituciones económicas nacionales y comunitarias. Escrivá no sólo ha trabajado para el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), cuya presidencia ocupó hasta su nombramiento ministerial, sino también para el propio BCE.

Con todo, la reacción más inquietante llegó del presidente Pedro Sánchez, que extendió la sombra de la sospecha sobre Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, deslizando que no se guía por criterios técnicos, sino partidistas: “Lo conocemos bien en la política española”. Yendo un paso más lejos, Sánchez sugirió que el exministro de Economía está detrás de una estratagema que instrumentaliza el BCE para intereses ajenos a la salud económica de España.

Reducir la principal institución monetaria de los europeos a una marioneta de Guindos es una afirmación impropia de un jefe de Gobierno. Cuesta imaginar una actitud similar en otro líder de una democracia seria.

Parece evidente que Sánchez está inmerso en una dinámica que, a corto plazo, le dará resultados. Puede que la retórica de «los señores de puros» que se extienden de Madrid a Bruselas sea tan burda como efectiva. Funcionará en los mítines y en los debates televisados. Pero cuando se trata de una institución europea como el BCE, donde está representada la elite económica de la Eurozona, resulta absurdo e impensable que se dejen manipular por una querella política de baja estofa.

Y, sin embargo, hay algo más grotesco en sus declaraciones. Sánchez no debería jugar con el BCE, al que tanto debe, ni ponerse a la altura de las extravagancias de Unidas Podemos, que acusó a la institución de practicar “terrorismo financiero”. Conviene que recuerden que el BCE ha comprado más de 270.000 millones de euros de deuda pública española en los últimos tres años. Y que ha beneficiado especialmente a países como España con unos tipos muy bajos que han servido para compensar los terribles datos de déficit y deuda.

El terrorismo financiero del BCE salvó a España, en definitiva, de sufrir un repunte agudo de la prima de riesgo y un agujero en las cuentas muy difícil de subsanar. Cabe preguntarse dónde estaría Sánchez, abonado a la baja política a pocas semanas de un año electoral decisivo para su futuro, si no fuera por el BCE. O si Lagarde se hubiera cruzado de brazos como hizo el banco central tras la crisis financiera de 2008, hasta que Mario Draghi se comprometió a “hacer lo necesario” para salir adelante.

A Sánchez no le valen los análisis y recomendaciones del Banco de España. Ni de la AIRef. Ni del FMI. Ni de las instituciones económicas independientes más prestigiosas. Lo asombroso es que, a esa lista, incorpora la mano que le da comer. La misma que ha terminado por morder.