La propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para bajar la tensión en Cataluña implica subir un 70% la inversión media que ha venido aprobando el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 en infraestructuras catalanas.
En la llamada Declaración de Barcelona que acaban de acordar las ejecutivas del PSOE y del PSC, Sánchez plantea como uno los guiños a los nacionalistas prorrogar la disposición adicional del Estatut, que consagra que los Presupuestos del Estado dediquen cada año a infraestructuras en Cataluña lo que esta comunidad pesa en el Producto Interior Bruto total de España. Es decir, al menos el 19% del total.
Tal esfuerzo implica elevar en un 70% la inversión que, como media, ha venido reservando Mariano Rajoy a esta comunidad autónoma desde 2012.
El Gobierno de Zapatero no llegó a cumplir aquella disposición del Estatut, que fue anulada por el Tribunal Constitucional al considerar que no se podía imponer ninguna inversión especial en ninguna comunidad, pero sí se acercaba más que Rajoy. Todavía en 2011, con España en recesión y con déficit récord, Zapatero destinó el 15,2% de la inversión estatal en infraestructuras catalanas superando los 2.500 millones ese año.
Si el Gobierno del PP hubiera adoptado la propuesta de Sánchez, habría tenido que invertir 850 millones anuales más desde 2012, situando a Cataluña muy por encima del resto.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho, sin embargo, un esfuerzo especial en los presupuestos de 2017 y ha superado la media de años anteriores hasta destinar el 13,3% del total a Cataluña. Si sólo se toma este último año 2017, la propuesta de Sánchez de cumplir el Estatut implica aumentar un 43% la inversión en este territorio. En conjunto, el plan socialista habría supuesto invertir 5.100 millones más en Cataluña desde 2012 y 500 millones más que Rajoy sólo en 2017.
La llamada Declaración de Barcelona incluye también un impulso a grandes planes de infraestructura de interés para Cataluña. Entre ellos menciona «finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa con conexiones a los puertos de Barcelona y Tarragona»; «mejorar la red de cercanías»; finalizar «obras de soterramiento» en diversos municipios catalanes y «aumentar la aportación del Estado» al metro de Barcelona.
En otro apartado, PSOE y PSC acuerdan también que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en la llamada Declaración de Granada socialista de 2013, que reconoce el llamado principio de ordinalidad, clave para Cataluña. Se trata de que, a la hora de repartir el dinero por parte del Estado, «no se coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia».
Dado que España aún debe rebajar su déficit y deuda, el cumplimiento de la Declaración de Barcelona entrañaría inevitablemente recortar la inversión en otras comunidades o partidas presupuestarias.
A la vista de los informes de la Intervención General del Estado, Andalucía y Cataluña son las comunidades que más inversión del Estado han recibido en cifras absolutas desde el inicio de la crisis en 2008. Andalucía ha recibido 26.104 millones. y Cataluña, 20.725 millones.
Ambas dejan lejos a Madrid, con 15.368 millones y la Comunidad Valenciana, con 12.911 millones. La Generalitat defiende que las cifras son insuficientes, porque no impiden que Cataluña reciba mucho menos de lo que aporta, el llamado déficit fiscal, y además, sostienen que en euros por habitante, hay varias comunidades que superan la inversión estatal en su territorio.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende, por su parte, que este tipo de cálculos se analicen a largo plazo y que, además, no recogen todo el esfuerzo inversor estatal, puesto que hay proyectos en otras comunidades que también benefician al resto.