DESPUÉS del castigo recibido en las elecciones andaluzas, a Pedro Sánchez se le planteaba un dilema: seguir estrechando lazos con los independentistas para aferrarse al poder o desmarcarse de tan tóxica compañía para tratar de frenar su coste en votos para el PSOE. Ayer quedó claro el camino escogido por el presidente del Gobierno, cuya credibilidad no es tan importante como el deterioro institucional que inflige al Estado. Después de sus fratricidas invocaciones a la vía eslovena, después de su manifiesto alineamiento con los CDR que sabotean las infraestructuras públicas y se disponen a asediar hoy mismo el Consejo de Ministros, Torra no merecía la recompensa que Sánchez le concedió ayer en forma de cumbre entre iguales para escenificar la satisfacción del ilegítimo apetito de república de los desleales. Hasta el último momento el Gobierno intentó vender la cita como un «encuentro normal de trabajo», pero finalmente sus miembros se prestaron a una imagen humillante para todos los españoles cumplidores de la ley, concediendo una nueva victoria propagandística al separatismo. Se trata, una vez más, de plegarse ante quienes hicieron a Sánchez presidente y de cuya voluntad sigue dependiendo no solo su permanencia en La Moncloa sino también su hipotética investidura en el futuro.
Pero si denigrante fue entregar esa foto al independentismo, el comunicado posterior de «ambos gobiernos» fue la letra de una claudicación que perseguirá a sus protagonistas –recuérdense sus nombres: Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Meritxell Batet– por el resto de su vida política. Todo un Gobierno de España genuflexo ante quienes día tras día proclaman su voluntad de volver a subvertir el orden constitucional: el Ejecutivo refuerza la coartada con la que el separatismo justifica el golpe del 1-O –«la existencia de un conflicto»–, alimenta la expectativa de satisfacer sus exigencias de más autogobierno y de un referéndum –«una propuesta política que cuente con amplio apoyo de la sociedad catalana»–, ningunea a la mayoría que no es independentista y asume como unívocas «las demandas de la ciudadanía de Cataluña». Lo más grave es que evite, sin duda a demanda de sus interlocutores, mencionar la Constitución: el «diálogo» se llevará a cabo «en el marco de la seguridad jurídica», eufemismo propio de la semántica populista.
La primera cuota se pagó a la vista de todos: los partidos independentistas votaron el techo de gasto para dar oxígeno a Sánchez. Las cesiones cronifican la excepcionalidad democrática en que languidece Cataluña. Todo en aras de la personal ambición del presidente. Pagará sus errores en las urnas, y también lo hará el PSOE de esos barones que no reaccionan, pero entretanto los está pagando la igualdad de todos los españole