Fernanado Garea-El Confidencial
El Gobierno refuerza su posición gracias a la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades y deja a Pablo Casado en posición difícil para rechazarlo
Si todo va según lo previsto por el Gobierno, el miércoles podrá aprobar en el Congreso la sexta y última prorroga del estado de alarma. Y lo hará con más holgura que las anteriores y saldrá del estado de alarma cerca de recuperar el bloque de la investidura, añadiendo la opción de Ciudadanos, tras su cambio estratégico, para acuerdos puntuales.
Sobre todo, Pedro Sánchez podrá decir que en las últimas semanas ha firmado pactos de diferente entidad con PNV, ERC, Ciudadanos, Coalición Canaria, Más País, Compromís y Bildu.
Quedarán fuera del escenario político y sin haber pactado nada con el Gobierno los mismos que estarán de nuevo instalados en el casillero del no: PP, Vox, JxCAT y CUP.
«Sabemos que no tenemos mayoría parlamentaria, pero tenemos la voluntad y la determinación de forjarla día a día, ley a ley«, avanzó Sánchez el 30 de diciembre en el acto de firma del acuerdo de Gobierno y esta vez le ha salido bien. Jugada casi perfecta en una semana que empezó con su ministro del Interior metiéndose en un enorme lío politico, que puede derivar en grave lío judicial por la querella de Vox, por no soportar un no de un coronel que no quiso cometer una ilegalidad, según la versión del guardia civil.
El fin de la negociación no es aún oficial, pero la Moncloa cree que puede tener el voto de nuevo del PNV y Ciudadanos, con la abstención de ERC y Bildu. Este sábado se anunció el acuerdo con el PNV para la prórroga y ya pactaron la gestión del IMV, ayudados por el acuerdo del Gobierno con Bildu para subir el precio de su apoyo a la alarma, por más que insistan en que no tiene nada que ver para no desdecirse de su promesa de no negociar nada diferente, y con Ciudadanos aseguran que hay margen de negociación preparando el día después al estado de alarma.
Con Compromís, el Gobierno negocia lo mismo para la Comunidad Valenciana sobre el IMV y, como avanzó este diario, ha incluido una previsión en el decreto ley para que otras comunidades más allá del País Vasco y Navarra puedan gestionar el IMV.
Finalmente, el poder que da manejar el Boletín Oficial del Estado ha hecho su magia y el Gobierno respira tranquilo, más de lo previsto según lo que le caía en las últimas semanas.
Tanto el acuerdo con PNV como con ERC garantizan también la convalidación del IMV, si es que había alguna duda, y al tiempo esta medida se convierte en arma inigualable de negociación.
Pasada esa votación, el Gobierno respirará lo justo hasta su próximo sobresalto y con la vista puesta en los Presupuestos que empezará a elaborar en septiembre.
El IMV sirve también para medir hasta qué punto queda descolocado el PP, principal partido de la oposición. Su respuesta a su aprobación, a través de Cuca Gamarra, ha sido que esta medida ya la pusieron en marcha gobiernos autonómicos del PP y que no se ha negociado con las comunidades autónomas.
Es decir, si fuera cierto que ya lo pusieron en marcha hace tiempo en sus comunidades quiere decir que no estarán en contra y que tendrán que apoyar el decreto cuando haya que convalidarlo en el Congreso. Pues no está tan claro y, por tanto, el episodio sirve para poner en evidencia la posición de estricta confrontación que mantiene el PP.
Y los presidentes autonómicos del PP, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que tiene elecciones el 12 de julio, querrán también gestionar el IMV como el resto de comunidades.
Si tiene algo de bueno convivir con una oposición extrema es que le permite apoyar su estrategia en las exageraciones de los demás. Permite reagrupar a los suyos y facilita los acuerdos con el resto de partidos, porque se les hace imposible pactar con los otros. «Entre la magia y el fascismo hay un punto medio. Y se llama política», escribió Gabriel Rufián en Twitter la pasada noche.
Así, los aliados de la investidura comprueban que no solo no hay más alternativa por la pura aritmética parlamentaria, sino que no tienen más remedio que preservar a este Gobierno porque lo otro les parece inasumible. Y algún partido que como Ciudadanos no apoyó la investidura prefiere negociar acuerdos con el Ejecutivo para hacer valer sus diputados y, sobre todo, para diferenciarse del resto de la oposición.
La estrategia del PP y Vox termina por convertirse en aliado involuntario del Gobierno, porque no solo es dura, sino que termina por no ser eficaz
En esas votaciones, el PP ya no tiene ningún papel más que el de reiterar todas sus acusaciones al Gobierno. A su rechazo a la alarma se ha acogido la Moncloa para justificar sus decisiones, incluido el pacto con Bildu. Lo hace a costa de obviar la forma en la que se cerró el acuerdo, pero lo puede hacer porque el PP lo facilita.
De alguna forma, la estrategia del PP y Vox termina por convertirse en aliado involuntario del Gobierno, porque no solo es dura y extrema, sino que termina por no ser eficaz. A la pregunta de qué dijo el PP en el Congreso el miércoles en la sesión de control nadie contestaría con las frases de Pablo Casado, sino que hablarían de la acusación de Cayetana Álvarez de Toledo contra el padre de Iglesias. Mientras se discutía si el FRAP era un grupo terrorista no se hablaba tanto de cómo Marlaska se ha metido en un lío y ha resucitado un procedimiento judicial discutido.
Por eso, algunos barones del PP, que sí han promovido pactos con la oposición, discrepan de esa estrategia de la dirección nacional del partido. Y Feijóo que ya peleó contra el nombramiento de Álvarez de Toledo como portavoz, ha mostrado públicamente su discrepancia.
El Gobierno también ha ido pasando de fase en su estrategia respecto a la oposición. Sánchez empezó la gestión de la pandemia instalado en la unilateralidad y solo la abandonó cuando asustado comprobó que podía perder las votaciones de prórroga del estado de alarma. Tuvo también su fase de propuesta de Pactos de la Moncloa, incluso con el PP, y ahora está en la fase de utilizar el modelo de oposición de Casado en su beneficio.
El presidente del Gobierno lo interpretó el miércoles en el Congreso con la frase «si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que, si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha, y eso es un problema para la democracia española».
Y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo hace a su manera, con una fórmula que casi siempre le ha funcionado y que consiste en crear marcos, en fijar una idea a base de insistir en ella, para provocar una polarización política. Así primero fue la casta, luego la trama con su concreción en el «tramabús«, luego las cloacas y la guerra judicial y ahora la del golpe de Estado para derribar al Gobierno.
La frase de Iglesias sobre Vox en la Comisión del Congreso no es un hecho aislado, sino que estaba precedido de otras en busca de esa polarización
La frase de Iglesias sobre Vox el jueves en la Comisión de Reconstrucción del Congreso no es un hecho aislado, sino que estaba precedido de otras expresiones similares del vicepresidente y líder de Unidas Podemos en busca de esa polarización. Como explicó Iván Gil en El Confidencial, Iglesias en dos entrevistas en prensa extranjera, concedidas al semanario portugués ‘Expresso’ y al diario italiano ‘La Stampa’ hablaba expresamente de «ataques de una ultraderecha política y mediática dispuesta a romper los consensos y asumir formas de golpismo».
La estrategia de Sánchez e Iglesias, interpretada de distinta forma pero con el mismo objetivo, tiene como inconveniente que opaca decisiones del Gobierno. Por eso, Iglesias asegura que se arrepiente de haber dicho eso el jueves porque motiva a sus bases, pero quita el foco sobre las medidas de reconstrucción. Especialmente la que es su principal logro político: el ingreso mínimo vital.
En todo caso, lo bueno de un Gobierno de coalición es que cubre diferentes frentes y ocupa todo el espacio. Tiene dentro a la vez al Gobierno y a la oposición y permite abarcar un amplio espectro.
Además, la ventaja de tener un presidente y un vicepresidente obsesionados, directamente o por persona interpuesta, con la comunicación política y la táctica es que se hace de la necesidad virtud y todo se aprovecha, incluso supuestos malestares internos con actos de otros miembros del Gobierno.
También se aprovecha la fuerza del adversario, en este caso la de la dura oposición de centroderecha, para aislarle y para facilitar la firma de acuerdos prácticamente con todos los partidos.
De esta forma, en el mismo Ejecutivo pueden convivir quienes firman un manifiesto con otros partidos pidiendo al Gobierno la libertad de los presos independentistas y quienes en ese mismo Consejo de Ministros tienen que decidir sobre los indultos a esos reclusos.
Los que alertan de un golpe de Estado y los que prefieren moderación en los discursos. Los que optan por calmar a los mercados para facilitar el apoyo de Europa y los que mantienen sus programas de máximos con impuestos a las grandes fortunas. Los que denuncian una persecución judicial contra el Gobierno y critican las resoluciones judiciales y los que contactaron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para apaciguar los ánimos.
Cuentan los ministros que los textos que han de aprobar en los Consejos se cuelgan con muy poco tiempo en su intranet por pura desconfianza
¿Está el Gobierno dividido? Más bien lo que está es acostumbrado a vivir así. Ha normalizado esas diferencias y una semana más los ministros consultados insisten en que este Gobierno durará, entre otras cosas porque no hay alternativa.
Es verdad que su funcionamiento interno es peculiar en comparación con el de anteriores gobiernos. Por ejemplo, cuentan los ministros que los textos que han de aprobar en los consejos se cuelgan con muy poco tiempo en su intranet por pura desconfianza, por lo que no les da casi tiempo a estudiarlos, y que hablan entre ellos de «la autoridad» cuando se refieren al núcleo duro de decisión en el que la mayoría no está presente y que les llevan las decisiones ya hechas.
Hay también otras discrepancias casi históricas entre ministros por agravios personales en sus anteriores vidas, como la de Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que resurgen estos días.
Un ejemplo de medida que describe el funcionamiento del Gobierno es la del ingreso mínimo vital (IMV), una de las decisiones más trascendentes y necesarias del Ejecutivo de coalición. Tuvo varias etapas de discusiones en Consejo de Ministros y, sobre todo, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, porque aunque está en el programa electoral de los dos partidos y en el acuerdo de Gobierno, el área económica entendía que no era el momento y que había que estudiarlo con tranquilidad.
Los ministros de Unidas Podemos, encabezados por Pablo Iglesias, presionaron desde dentro y fuera del Gobierno para que se acelerara. El ministro José Luis Escrivá formó parte del grupo de los que quería retrasarlo por motivos técnicos o burocráticos y la ministra portavoz, María Jesús Montero, informó en rueda de prensa de que se tardaría en aprobarlo.
Así iban hasta que Iglesias acordó con Sánchez, los dos mano a mano, aprobarlo en mayo para ponerlo en marcha en junio. «La autoridad» impuso a los demás este ritmo y Escrivá se enteró mientras comparecía en el Congreso. Luego no ha sido un camino de rosas porque Escrivá se enredó en negociaciones que parecían interminables con las comunidades autónomas, pero se impuso el ritmo rápido acordado.
Ya dijo Iglesias en el acto de firma del acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos aportaba la frescura y el empuje y el PSOE, la experiencia
Los equipos de Nadia Calviño, Escrivá e Iglesias han trabajado casi coma por coma y como si fuera la negociación de un acuerdo parlamentario, más que una decisión de un Gobierno. Pero este Gobierno se ha acostumbrado a vivir así y, como aseguran varios ministros, lo importante es que se aprueban esas medidas.
Y la presentación de la medida también define cómo es el Gobierno: se iba a aprobar el martes en el Consejo de Ministros, pero el núcleo duro («la autoridad«) entendió que era mejor solemnizarlo el viernes en un Consejo extraordinario y con inusual presentación de dos miembros del Gobierno: Iglesias y Escrivá. Es decir, la diversidad del Gobierno televisada en directo.
Ya dijo Iglesias en el acto de firma del acuerdo de Gobierno el 30 de diciembre que Unidas Podemos aportaba la frescura y el empuje y el PSOE la experiencia y el conocimiento de la Administración.