El lunes, en el ‘Financial Times’, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pedía un «fuerte consenso político» para ajustar el déficit (España gastará en 2024 unos 35.000 millones más de lo que es capaz de ingresar) y la deuda (el país debe casi 1,6 billones; sí, con ‘b’). Cuando uno va al ‘FT’, tan importante es el medio como el mensaje. Cos sabía lo que decía y dónde lo decía. Vienen curvas en la economía internacional porque el binomio Ucrania-Gaza tiene consecuencias imprevistas.

La delicada situación pilla a España en funciones, con un Pedro Sánchez que busca sacar adelante una investidura que se está complicando por momentos, como admiten fuentes socialistas. El tiempo se agota. El plazo límite es el 27 de noviembre y lejos de avanzar, la sensación es la contraria. Tanto en público como en privado. Y lo es, sobre todo, debido a la «pelea de gallos» que está protagonizando el independentismo catalán en las figuras de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con las elecciones catalanas como telón de fondo (febrero de 2025).

Ya no basta con beneficiarse de una histórica amnistía en la que exigen poco menos que el Estado pida perdón por lo ocurrido (que lo hagan ellos está descartado). El PSOE ha ofrecido una amnistía a cambio de renunciar a la vía unilateral, pero Puigdemont ya ha dicho que «nunca» lo hará.

Se trata, ahora, de que Moncloa se comprometa a facilitar algún tipo de referéndum en Cataluña, algo a lo que Sánchez, a día de hoy, sigue negándose en redondo. «Si es una línea roja para el secesionismo, iremos a elecciones el 14 de enero. Ellos sabrán si desaprovechan esta oportunidad y abren las puertas a la derecha y a la extrema derecha», sostiene un alto cargo del partido.

Sánchez sabe que, más allá de la investidura –a la que se presentará tenga o no los apoyos necesarios para que todos se retraten–, la negociación clave es la de la gobernabilidad. Garantizarse algo de oxígeno en una legislatura que se prevé diabólica… Y quizá corta. El último en advertir de la complejidad del escenario que se avecina ha sido el lehendakari, Iñigo Urkullu: «Me preocupa tanto la no investidura como la elección de presidente sin estabilidad y con riesgo por lo tanto de volver a unas elecciones aun cuando se haya conformado un Gobierno. Y esta no es una cuestión menor», confesó esta semana desde Japón, donde ha estado de viaje oficial.

Pintan bastos. Urkullu, por cierto, fue quien también advirtió de que Sánchez, en caso de ser reelegido, necesitará «todos los votos» de sus socios «todo el tiempo». La cuadratura del círculo. Porque no hay que olvidar que si la legislatura echa a andar, las reglas del juego cambiarán gracias a la nueva pinza entre el PNV y Junts, que plantará cara al eje de Podemos, ERC y EH Bildu, que dominó la pasada legislatura.

Así lo advirtió el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, en una reciente entrevista en EL CORREO:«Nosotros decidiremos qué leyes salen y cuáles no». Todavía colea el desgaste y el enfado que supuso, por ejemplo, la ley de vivienda. Se trata, recalcó Ortuzar, de impulsar más leyes pensando en la gente y menos en la ideología. «No va a volver a pasar», advierten fuentes jeltzales.

Y es que el PNV, tras los dos últimos varapalos electorales (en las municipales y forales del 28-M y las generales del 23-J), necesita dar un giro de timón que le permita afrontar las elecciones autonómicas del próximo año con ciertas garantías por el duro pulso que se prevé con EH Bildu –por cierto, el de la izquierda abertzale es el único apoyo confirmado que a día de hoy tiene Sánchez al ofrecer sus seis escaños ‘gratis et amore’–.

El PNV se ha visto atrapado en la maraña de socios que ha sabido tejer estos años Pedro Sánchez a golpe de ‘o yo o el caos’. O él o la coalición PP-Vox. El presidente en funciones sabe que lleva las de ganar por mucho que los socios carguen contra sus incumplimientos, como el de las transferencias estatutarias, tema que indigna sobremanera a Urkullu. «Nos ha usado como un clínex», ha llegado a denunciar Ortuzar.

De ahí las voces que surgieron entre las bases para dar un volantazo a la situación y sondear el apoyo a Feijóo que defendió en público el ex diputado general de Bizkaia, José Alberto Pradera, en una entrevista con EL CORREO. Pero mientras la variable Vox tenga tanto peso en la ecuación, es «imposible» que suceda. Y en Génova, que estuvieron dispuestos a poner una alfombra roja a un hipotético apoyo jeltzale en la fallida investidura, lo saben e incluso lo asumen.

La nueva estrategia jeltzale en Madrid pasa por aliarse con Junts. Tal es la situación que el Partido Socialista, según distintas fuentes consultadas, ya ha advertido a Sumar de que no van a pillarse los dedos con medidas muy concretas en el futuro plan gubernamental del Ejecutivo de coalición que luego no pueda sacar adelante en el Congreso. Porque ese paraguas llamado «mayoría progresista», en la práctica, no será tal.

Y es que conciliar los intereses económicos del PNV y Junts per Catalunya con los de Podemos, como ironizó Alberto Núñez Feijóo en su fallida investidura, no será tarea fácil. Dicho de otro modo, que al PNV no le dolerán prendas en apoyar proyectos legislativos que considere beneficiosos para Euskadi aunque lleven el sello del PP. No hay que olvidar que Feijóo no salió investido presidente del Gobierno porque le faltaron cuatro votos y el PNV tiene 5 (Junts, 7).

La «mayoría progresista» puede ser lo más parecido a una guerra de guerrillas en cada negociación. Primero, dentro de Sumar. La coalición que encabeza Yolanda Díaz está integrada por más de una veintena de partidos con idiosincrasias diferentes. Entre ellos destaca Podemos con sus cinco diputados liderados por la todavía ministra Ione Belarra.

Desde las elecciones no han dejado de criticar las formas y las decisiones del núcleo duro de Díaz, negándoles por ejemplo portavocías en el Congreso. Exigen, también, que Irene Montero, o en su caso Belarra, sigan en el Gobierno, pero salvo sorpresa, Podemos no repetirá en un futuro Consejo de Ministros. Y si está decisión se confirma, la guerra interna va a ser cruenta, de forma que dar por sentado el apoyo de los cinco escaños morados en la hipotética mayoría progresista sería más un ejercicio de voluntarismo que de realismo.

Una vez que en Sumar se pongan de acuerdo entre ellas mismas, toca hacer lo propio con el PSOE. Entre los dos partidos suman 152 escaños (121 y 31), es decir, están a 24 de la mayoría absoluta (176). Y aquí hay que acordar con ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6) y PNV (5). Y salvo su voluntad de cambiar el modelo de Estado en favor de la independencia (con estrategias diferentes, eso sí), apenas les une nada más. De ahí la advertencia del lehendakari, de ahí la «preocupación» mostrada y que comparten destacados dirigentes socialistas, liderados por Felipe González. El más vehemente es el único presidente autonómico socialista que logró mayoría absoluta el pasado 28-M, el castellanoleonés Emiliano García-Page.

¿Y si al final hay repetición electoral? «Sánchez es capaz de cualquier cosa por seguir en Moncloa, pero es evidente que todo se les está complicando mucho porque la desconfianza es absoluta de todos con todos», asegura un alto cargo de Génova. Si el 14 de enero vuelven a ponerse las urnas, el único resquicio que le queda al PP es ‘engullir’ a Vox –convenciéndole de no presentarse en las provincias donde no tiene posibilidades–. Y a partir de ahí, si los números sin salir para llegar a Moncloa, intentar persuadir de nuevo al PNV a golpe de propuestas económicas que sean beneficiosas para Euskadi.