La cumbre de la OTAN celebrada hoy en La Haya ha finalizado con un acuerdo unánime aprobado por los treinta y dos aliados para elevar el gasto en defensa al 5% del PIB antes de 2035, repartido entre un 3,5% para capacidades militares básicas y un 1,5% para seguridad e infraestructuras críticas.
La decisión responde a un contexto internacional cada vez más inestable, pero, sobre todo, a las presiones de un Donald Trump que ansiaba paliar el desequilibrio en una OTAN que, hasta esta cumbre, dependía en muy buena parte del presupuesto y la maquinaria bélica estadounidense.
El documento firmado es taxativo: “Unidos frente a las profundas amenazas y desafíos a la seguridad, en particular la amenaza a largo plazo que plantea Rusia a la seguridad euroatlántica y la persistente amenaza del terrorismo, los Aliados se comprometen a invertir anualmente el 5% del PIB”. Donde la fórmula «los aliados», sumado al término «unidos» (obviado por la Moncloa), incluye a España y no sólo a los aliados «que se comprometen».
Pedro Sánchez, en definitiva, ha optado por el escapismo político. Tras estampar su firma junto al resto de líderes, ha comparecido frente a la prensa para negar la evidencia y asegurar que España cumplirá con los objetivos de la OTAN invirtiendo únicamente un 2,1% del PIB.
Sánchez ha llegado a afirmar, incluso, que un gobierno del PP “habría firmado un 5%”, negando de forma implícita que él lo haya hecho.
Luego, ha intentado centrar el debate en las “capacidades” y no en «porcentajes concretos”, obviando convenientemente que esas capacidades a las que se ha comprometido, y que no decide él, sino la OTAN, son inasumibles sin una inversión del 5% del PIB. Mucho menos con una inversión del 2,1%.
Según Sánchez, su cálculo es “técnico, no arbitrario” y basta para satisfacer las capacidades exigidas.
El presidente ha negado finalmente su responsabilidad en la determinación de la cifra del 2,1% y la ha atribuido al Ministerio de Defensa de Margarita Robles.
Pero la realidad es muy distinta. El 5% obliga a todos los aliados y el único consuelo para Sánchez es saber que, probablemente, no será él el presidente que deba llegar a ese porcentaje en 2035.
Como dijo Alberto Núñez Feijóo el pasado domingo, lo único que ha hecho Sánchez ha sido darle una patada adelante a su compromiso, negándolo luego por dos razones de conveniencia política.
La primera, evitar dar a sus socios parlamentarios motivos para la ruptura.
La segunda, aliviar la presión mediática por los casos de corrupción que afectan a su entorno.
La reacción internacional a lo que ha sido interpretado como una voluntad obstruccionista de Sánchez, cuando no de una deslealtad peligrosa, ha rozado el vapuleo.
Mark Rutte, secretario general de la OTAN y anfitrión de la cumbre, ha sido claro: “La OTAN está absolutamente convencida de que España necesitará invertir un 3,5%”.
Donald Trump se ha mostrado irritado por la postura española y ha anunciado lo que sólo puede interpretarse como un castigo «comercial» para que España «pague el doble». «España es el único país que no quiere pagar, quiere ser un free rider [un «gorrón»], pero no voy a permitírselo», ha dicho.
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha ironizado: “Si Sánchez cumple con lo acordado invirtiendo sólo un 2,1%, será un genio. Pero los técnicos de la OTAN no son tontos”. Luego ha añadido “me gustaría resaltar que no hay ninguna excepción. Todos han aceptado el mismo texto”.
Mette Frederiksen, primera ministra danesa, ha zanjado la polémica afirmando que lo que España dice “no es correcto, sin el 5% no hay disuasión creíble”.
El consenso en la Alianza, en definitiva, es total: no hay margen para el escapismo presupuestario.
La cláusula de “flexibilidad” que esgrime Sánchez, fruto de una carta negociada a última hora con Rutte, y que el presidente esgrimió el domingo como si se tratara de una nueva “excepción ibérica”, sólo permite a España decidir la ruta presupuestaria más conveniente para alcanzar los objetivos, pero en ningún caso exime del compromiso del 5%.
Esta estrategia de firmar en privado y negar en público, confiando en que los ciudadanos no lean la letra pequeña, erosiona la credibilidad de España en el seno de un organismo clave como la OTAN.
Pero el documento firmado hoy no deja lugar a interpretaciones creativas.
No es la primera vez que Sánchez recurre a la ambigüedad y a las medias mentiras para sortear su difícil posición política. Mientras el resto de aliados asumen el 5% como un deber común en tiempos de guerra, Sánchez insiste en liar la madeja, firmando compromisos que luego desmiente y prometiendo capacidades que los expertos consideran inviables con sólo un 2,1% de inversión.
No es solo una cuestión de imagen. La deslealtad y el negacionismo presupuestario debilitan la unidad de la Alianza en un momento en el que Europa no puede permitirse el lujo de la improvisación. Si el 2,1% fuera suficiente, no habría estallado una rebelión diplomática contra Sánchez ni los principales líderes europeos se habrían apresurado a desmentirlo.
La OTAN necesita socios serios, no juegos de manos con la contabilidad creativa. Contabilidad creativa que esconde, además, la voluntad de hacer pasar como “gasto militar” partidas presupuestarias que desde ningún punto de vista pueden ser consideradas como tales.
El acuerdo de La Haya, firmado por unanimidad y con la literalidad que exige el contexto geopolítico actual, es la única garantía de que Europa pueda hacer frente a las amenazas existenciales que la rodean. El doble juego de Sánchez, lejos de proteger los intereses de España, la aísla y la convierte en el eslabón débil de la cadena atlántica.