Andoni Pérez Ayala-El Correo
Uno de los elementos nucleares del Estado social, tal y como se desarrolló, especialmente en Europa tras la II Guerra Mundial, es la sanidad pública. Ésta, de acuerdo con el esquema propio del constitucionalismo social de la posguerra en el que se sustenta la construcción doctrinal del Estado social, se configura como un mandato constitucional para los poderes públicos, a los que se asigna la tarea de dotar a la ciudadanía de un sistema sanitario integral. Y asimismo como un derecho de los ciudadanos, a los que el Estado (social) se compromete a proporcionar la asistencia y las prestaciones sanitarias necesarias para el mantenimiento de su salud.
Nuestra Constitución, al igual que lo hacen bajo formas diversas las de los países de nuestro entorno, reconoce este derecho ciudadano a la protección de la salud (artículo 43), al tiempo que mandata a los poderes públicos para que, con el fin de poder hacerlo efectivo, provean a la ciudadanía de un sistema de sanidad pública. Es gracias a él como se está pudiendo hacer frente en estos momentos a la aguda crisis sanitaria que estamos sufriendo, que de no existir tendría, a no dudar, efectos incomparablemente mayores y mucho más costosos, tanto desde el punto de vista social como también en términos estrictamente económicos.
No está de más hacer estas referencias a la sanidad pública y al Estado social ya que es en este marco y a través de los instrumentos que nos proporcionan, tanto de carácter normativo como institucional, como se está articulando la respuesta a una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en el momento presente. Y con ellos habrá que contar también, una vez se superen los efectos inmediatos de la aguda crisis sanitaria (con la intervención insustituible de la sanidad pública, no se olvide), para afrontar la difícil situación que se va a presentar en la post crisis; en especial, por lo que se refiere a las medidas necesarias para hacer frente a los efectos derivados de esta pandemia en el terreno económico y social.
Una de las enseñanzas, entre otras muchas, que hay que extraer de esta crisis es la necesidad de contar con una sanidad pública que tenga el músculo suficiente para poder afrontar situaciones como la que estamos atravesando en estos momentos. Y a la vista de cómo se han desarrollado las cosas hay que constatar que nuestro sistema sanitario, a pesar de la impagable entrega del personal que lo integra, ha dejado al descubierto lagunas que tienen difícil explicación; y que en cualquier caso urge sean cubiertas sin demora para evitar que situaciones como las que se han dado vuelvan a reproducirse. No tiene explicación, por ejemplo, la escasez del material sanitario (mascarillas, guantes, batas, etc. para el personal sanitario; asimismo la falta de tests y de respiradores, aunque este asunto plantee otros problemas).
No basta con la dedicación del personal sanitario; es preciso también dotarle de los medios adecuados, sobre todo cuando son tan elementales como los reseñados, cuya falta se ha hecho notar estos días. Es una cuestión de previsión y de dedicar los recursos necesarios para estar abastecidos del correspondiente material, que no se entiende muy bien por qué hay que ir a adquirirlo a lugares lejanos en «mercados muy agresivos», como se nos ha dicho. ¿No hay ninguna posibilidad de producirlo en plazos razonables con nuestros propios medios? Cuesta creer que un Estado (social, para más señas), al igual que el de nuestros vecinos, no sea capaz de suministrar a su propio sistema sanitario el material suficiente para prestar la asistencia necesaria a su ciudadanía.
A la vista de esta experiencia, resulta obligado dedicar la atención y los recursos necesarios al reforzamiento de la sanidad pública, empezando por la cobertura de los déficits que nos ha desvelado la crisis sanitaria (muy especialmente los ya reseñados de la inexplicable falta del material suficiente). Porque conviene no olvidar que la sanidad pública no es una opción más entre otras posibles, sino la única que, como estamos teniendo ocasión de comprobar estos días, hace posible afrontar los graves problemas que se plantean en una crisis sanitaria global, sobre todo cuando ésta tiene la envergadura de la que estamos sufriendo.
Y tampoco hay que olvidar, para finalizar, que una sanidad pública integral sólo es posible en el marco de un Estado social, del que es parte inseparable y sin el que carecería de soporte efectivo. Un Estado social que, en la coyuntura crítica en la que estamos, va a tener una buena ocasión para hacer valer su utilidad si es capaz de proporcionar los instrumentos, normativos e institucionales, necesarios para poder afrontar, especialmente en el terreno económico y social, los efectos de una crisis como la actual. No estaría de más que a estas cuestiones se les dedicase la atención debida por parte de todos y que, incluso, pudiesen ser objeto de un amplio acuerdo plural en el que anclar la recuperación económica y social tras la crisis.