EL MUNDO 07/09714
En Cataluña, el Gobierno receta economía contra la independencia con un doble objetivo: atraer con rebajas fiscales y ayudas a pagar los servicios públicos por un lado, y disuadir, por otro, a quienes tienten la vía soberanista augurando un hundimiento contable.
Al igual que otros altos cargos del PP en los últimos días, Soraya Sáenz de Santamaría profundizó ayer en esa senda y tasó el «precio» de la libertad que Artur Mas incita a no temer. Según la vicepresidenta, se trata de una factura cara y repleta de riesgos. Tal es así que, tras remarcar que España ha salvaguardado con el rescate de 41.300 millones los activos bancarios, alertó de que los ahorros de los catalanes quedarían amenazados, y las entidades de crédito verían restringido su acceso a la liquidez que proporciona el Banco Central Europeo, al quedar Cataluña desabrigada del manto de Bruselas.
«No estamos hablando de cosas menores», reparó la número dos de Rajoy. «El total de los depósitos bancarios en Cataluña alcanza 195.000 millones de euros, el 101% del PIB catalán. Es un precio demasiado alto», contrapuso Santamaría al pronóstico del presidente de la Generalitat, que cree que las consecuencias negativas de una ruptura serían menos dañinas que permanecer en España.
En la clausura de la conferencia política en la que los populares clamaron contra el pulso secesionista a escasos días de la Diada, la vicepresidenta hizo de la recuperación de la que el Gobierno alardea su principal baza contra el soberanismo. Advirtió de que flirtear con la secesión podría entorpecer el crecimiento y llamó al Govern a la «responsabilidad»: «España es hoy un país en positivo y atractivo. Hemos abierto la puerta de la crisis y estamos cruzando el umbral. Las malas decisiones pueden retrasar esa salida. No conviene perderse en otros caminos».
Santamaría trufó su argumentario a favor de «la Cataluña real y legal» con cifras abultadas y reclamó como mérito del Gobierno haber suministrado oxígeno a una Generalitat que pintó asfixiada por las deudas. Mencionó los 1.720 millones de euros adicionales para abaratar la deuda que las instituciones catalanas percibirán en 2015, los 7.000 millones aportados por el Fondo de Liquidez Autonómica y los mecanismos de financiación del Estado para, entre otros gastos, «pagar a las farmacias». También echó mano al caramelo de la reforma impositiva: estimó que 270.000 catalanes quedarán exentos de tributar por el impuesto de la renta a partir de enero.
Con todo ello, Santamaría previno al nacionalismo de que se encamina hacia la «incertidumbre» económica y le acusó de ocultar el coste de una independencia «irrealizable» y de «hacer pasar una imposición política como si fuera resultado de la voluntad popular».
La vicepresidenta pidió «confianza» en el Gobierno y el Estado de Derecho de cara a las semanas que se avecinan e insistió en que la consulta que los soberanistas ambicionan no se celebrará. «No habrá un referéndum secesionista. Está fuera de la ley. Contraviene la ley de leyes, que es la Constitución, que nos hace a todos depositarios de nuestro futuro y no a quien se siente en la Generalitat», esgrimió.
A punto de ratificarse en el Parlament, Santamaría desdeñó la ley de consultas: «No puede hacer lo que no depende del presidente de la Generalitat, sino de todos los españoles. Pone en evidencia a la Generalitat, que tiene prisa en aprobar una ley que abre muchos interrogantes».
La vicepresidenta no reiteró la oferta de gran coalición que María Dolores de Cospedal extendió sin éxito el viernes, aunque Alicia Sánchez-Camacho sí la retomó. «Debemos tener la generosidad y la responsabilidad de afrontar estos momentos pensando en el bien común por encima de partidismos egoístas. No merecemos estar condenados a tener todos los años de nuestra vida un gobierno independentista o nacionalista», expresó la presidenta del PP catalán.
También hubo referencias implícitas al caso Pujol. Santamaría prescribió a los miembros del Govern que revelen «hasta el último euro» del patrimonio que posean cuando abandonen la institución, como se comprometió a obligar a los ministros cuando la ley de transparencia esté vigente. De la nueva normativa, dijo de hecho que evitará «muchas de las cosas que se han visto».