EL PAÍS 09/06/17
EDITORIAL
· Apelamos a su responsabilidad y le pedimos que no rompa la convivencia democrática
Descartado ya oficialmente el objetivo de un referéndum independentista pactado, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se propone anunciar hoy la fecha y pregunta del referéndum unilateral ilegal que pretende convocar.
Una vez más, el secesionismo usa de forma sectaria las instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos y no solo a la minoría (aunque amplia) que votó a Junts pel Sí y la CUP. Porque emplear la centenaria sede de la Generalitat para un evento partidista y minoritario es un abuso que simboliza bien la degradación moral de unos partidos en algún caso poco sobrados de moralidad ejemplar.
Hasta ahora, podía alegarse que la responsabilidad de los designios del movimiento nacionalista era compartida. Desde hoy, la principal responsabilidad, política, histórica y ciudadana de los desaguisados previsibles en una operación ilegal de ruptura del orden constitucional y estatutario recaerá en la figura del president.
Por más que otros consejeros y diputados sumen su firma (inválida) o presten su faz (en algunos casos a regañadientes), quien ostenta las competencias para convocar a las urnas en el ámbito autonómico, según el Estatut, es él. Por eso debería reflexionar y evitar en último extremo tomar las decisiones previstas. Porque romper la legalidad no puede traer nada bueno para el conjunto de los ciudadanos que preside.
Aunque se comprometió a abandonar el cargo 18 meses después de las últimas elecciones, Puigdemont ya ha incumplido su promesa, pues el plazo llegó a su término en abril. La prórroga sería plausible si se emplease para fraguar una salida pactada y constructiva al litigio catalán, empeño en que ni el Gobierno central ni el catalán se han esforzado. Pero es inútil cuando se pretende incrementar la tensión, acelerar el desencuentro y provocar mayor conflicto que el existente.
El president Puigdemont tiene un deber ético y político adicional. Aunque su voluntad de retirarse a la vida privada es respetable, solo sería responsable en un escenario de normalidad. No de enfrentamiento, como el que busca el secesionismo. Porque ¿quién gestionará el día posterior al fracaso, el seguro fiasco del referéndum y la decepción de los ilusionados de buena fe? Hay algo tan nefasto como abocar a un país al desastre. Consiste en evaporarse después de haber contribuido a sembrar el caos. Apelamos a su responsabilidad y le pedimos que no rompa la convivencia democrática.