ARCADI ESPADA-EL MUNDO

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Hacia el final de su sobria pero implacable intervención el fiscal Zaragoza abordó la supuesta legitimidad del derecho a la autodeterminación, invocado por algunas defensas, y citó los ejemplos recientes de Alemania e Italia y de cómo sus altos tribunales habían rechazado la existencia de tal derecho. Y fue entonces cuando añadió sin énfasis que los políticos y los ciudadanos de esos países habían acatado con respeto democrático las sentencias. Iba andando por Salesas, camino del Tribunal, oyéndolo por mis airpods como el constitucionalista moderno que soy; y ya que llevaba las manos libres di palmas al cielo azul Renard. No porque hubiera recordado el desacato de los políticos, que enfrente los tenía, sino por aludir al desacato del pueblo catalunyés: lo que casi nadie hace en España hizo ayer el fiscal Zaragoza.

Un lugar ya común es comparar este juicio con el del 23-F. Hay parecidos, desde luego. Los dos fueron graves asaltos a la democracia y han dado origen a juicios espectaculares. Pero las diferencias son numerosas. Una de ellas tiene que ver con los efectos: todos los del 23-F, una vez vencidas las horas de zozobra, fueron buenos. La desactivación del golpe de Tejero dio moral a la vida española. Yo soy muy partidario de la rigidez de los géneros y creo que la transición acabó el 15 de diciembre de 1978. Pero en una cesión metafórica estaría dispuesto a alargar su vigencia hasta el 24 de febrero de 1981, cuando los guardias civiles empezaron a salir por la ventana y ‘Butanito’ seguía cantando goles. Es dudoso que el juicio contra los presos nacionalistas suponga lo mismo. Pero la diferencia más obvia es que en el 23 de febrero la trama civil fue García Carrés y el Colectivo Almendros, «cuando florezcan…». Exagerando, García Carrés y el Colectivo Almendros eran cuatro en España. En el golpe del 1 de octubre, por el contrario, todo era trama civil. Es decir, unos dos millones de catalanes y Trapero.

Gente de tercera división, básicamente del sector negocios, acuden a una de las trampas habituales de su vida para explicar la situación. Si debes un millón al banco, tienes un problema; si debes mil millones, el problema lo tiene el banco. Así el problema del Proceso es que dos millones de individuos se han saltado la ley. ¡El problema es de la democracia! De ahí, siguen los de tercera, la necesidad de las soluciones políticas. Naturalmente la razón que cuentan esos números es falsa y cansino repetirla. Están esos dos millones de catalanes, desde luego. Y otros dos que opinan lo contrario. Y, sobre todo, muchos millones de otros españoles que defienden su democracia y su ley.

El Valido hablaba ayer donde Alsina diciendo que la democracia está por encima de la ley y en la sala el fiscal Cadena dejaba dicho sobre la democracia lo que dijo John Adams: «Un gobierno de las leyes, no de los hombres». Al Valido, como a todos los que manejan esa falacia pueril, hay que seguirle la corriente y animarle a que la mayoría de españoles, es decir, la democracia, sancione algún día sus planes. Pero Adams excava en otra mina. El gobierno de las leyes y no de los hombres es el gobierno no fiado al capricho, la histeria o la mentira de los hombres. El gobierno de la mediación, de la norma, del protocolo. El gobierno difícil. El gobierno que no legisla a golpe de emoción y de turba.

Hay dos millones de catalanes sometidos a una idea maligna. Antes la llevaban decorosamente en privado, como cualquier otro vicio. Pero con el Proceso no solo la exhibieron entre sonrisas melifluas sino que añadieron la malignidad del método. El fiscal Zaragoza les recordó ayer suave, pero valientemente, cuál es su obligación como ciudadanos. A diferencia del 23 de febrero, los presos que están siendo juzgados solo son sinécdoque: parte de un todo insurreccional e independentista. Nadie se ha atrevido a decir estos días que el Supremo está juzgando a Cataluña. La amarga virtud del Proceso es que la partió en dos y ya nadie puede hablar en nombre de los catalanes.