En su carta semanal a los lectores, un compañero ha propuesto la generalización del sistema de Concierto Económico que opera para el País Vasco a todas las comunidades autónomas como la mejor fórmula para solucionar ese sudoku infernal de la financiación autonómica del que se quejaba el ministro Pedro Solbes; el que nunca pudieron finalizar ninguno de los gobiernos de la Transición; y sobre el que han vuelto a poner en el foco de la actualidad las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts. Parece ser –digo parece porque esto de los pactos es materia oscura y reservada, solo apta para espíritus privilegiados e inteligencias superiores–, que a los catalanes independentistas se les ha prometido un sistema propio y original de financiación, con el objetivo de compensar presuntos agravios financieros pasados (aquello que el hoy responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó como «las cuentas y los cuentos del independentismo», en versión formal) y calmar sus ardores de exclusividad. De ahí a que se considere la generalización del sistema como un imposible matemático solo hay un paso que muchos han dado ya. Según esa postura, el ‘privilegio vasco’ resulta asumible por su escasa entidad dentro del conjunto, pero no habría manera de cuadrar los números si se pretendiera extender el modelo a todas las comunidades.

¿Es cierta esa postura? No. El sistema de Concierto es compatible con la solidaridad y mejoraría la eficacia del gasto público. Con alguna premisa previa, como que el Cupo esté bien calculado. Una premisa cuyo cumplimiento no es evidente en la actualidad, sobre todo si observamos la muy diferente capacidad de gasto público existente entre las diferentes autonomías que ni las divergencias de renta existentes, ni la mayor conciencia fiscal, ni la mejor administración del gasto –en el caso que tales cosas se den– son capaces de explicar. Sin olvidarse de las transferencias realizadas desde la Seguridad Social para cubrir los desequilibrados saldos regionales.

La generalización del sistema del Concierto exigiría otra premisa que consiste en fijar con precisión el perímetro de las competencias del Estado, algo que reconozco resulta imposible a día de hoy. A partir de ahí, aplicaríamos un sistema federal en el que Estado tuviese sus responsabilidades sustentadas por impuestos de ámbito general y, del resto, las comunidades podrían elegir sus deseos competenciales y poner, a voluntad, sus gravámenes regionales para obtener los fondos necesarios para financiarlos. Una sana competencia que solo espanta a los políticos que no desean competir y a los que aborrecen esforzarse en ser mejores.

La ventaja de un sistema así es que incluye la corresponsabilidad fiscal que es una de las mayores virtudes del Concierto vasco. Cada uno gastaría de lo suyo y cuando cada uno gasta de lo suyo, se gasta menos y se gasta mejor. No habría Fondo de Liquidez Autonómica y se completaría el sistema con un fondo de solidaridad que funcionase mejor y con mayor transparencia que el actual, que es manifiestamente mejorable.

Así que la idea de extender el Concierto vasca merece un análisis que no se hará, porque unos no quieren hacerlo, otros no saben hacerlo y a la mayoría le da pereza pensar en las penalidades políticas de su implantación.