FRANCISCO IGEA ARISQUETA – EL CONFIDENCIAL – 10/06/17
· A la sanidad pública española le pasa a menudo como le pasaba antes a la monarquía en este país: nada más pernicioso para ella que sus más fervientes defensores.
Este miércoles, nos desayunamos con uno de los casos más flagrantes de sectarismo que se recuerdan en el ámbito de la sanidad pública. La solicitud desde la FADSP de rechazar la generosa oferta, realizada por la Fundación Amancio Ortega, de dotar a la sanidad pública con 320 millones de euros de equipamientos. La misma asociación que señala (no sin razón) la insuficiencia financiera del sistema público, rechaza la donación de una fundación privada por el simple hecho de provenir esta de un empresario de éxito. El documento viene cargado de algunos de los más falsos, rancios y tramposos argumentos de la izquierda reaccionaria de nuestro país. Lamento tener que escribir esto de una asociación hacia la que tengo una simpatía natural y con la que comparto objetivos, pero ciertamente se ha cruzado la frontera.
Partamos de la base de que estamos de acuerdo en que es preciso recuperar inversión pública en sanidad. Este año, gracias a que los malvados liberales hemos apoyado el Presupuesto, se incrementará el gasto sanitario en nuestro país en más de 1.700 millones de euros destinados a sanidad en las comunidades autónomas. Además, el presupuesto del ministerio ha crecido también en un 8%. En algunas comunidades como Castilla y León (gracias también a nuestro pacto allí), se superan los niveles récord de gasto por habitante del año 2010. Por tanto, no escribimos desde la posición de quien defiende más recortes, sino desde la posición de quienes han hecho posible detener y revertir la tendencia decreciente del gasto en la sanidad pública.
Si tiene constancia de la existencia de un delito de evasión de impuestos, lo que debe de hacer es ir a la Fiscalía, no poner impedimentos a una donación.
Pues bien, la asociación señala en primer lugar que la obligación de Amancio Ortega es contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios, cosa que arroja una sombra de duda gratuita sobre el personaje. En Ciudadanos, hemos presentado numerosas iniciativas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, y pocas personas saben tanto de ello como mi compañero e inspector de Hacienda en excedencia Francisco de la Torre. Si FADSP tiene constancia de la existencia de un delito de evasión de impuestos, lo que debe de hacer es ir a la Fiscalía, no poner impedimentos a una donación sanitaria de una fundación.
Destaca después FADSP la responsabilidad de la industria textil española en el deterioro de las condiciones de vida y la salud en países como Bangladesh, donde de forma absolutamente torticera se menciona la tragedia del Rana Plaza. Una tragedia en la que nada tuvo que ver Inditex, salvo en la generosa contribución posterior de dos millones de dólares a un fondo de ayuda a los afectados. Es evidente que las condiciones de trabajo y de vida son peores allí que en España, pero es evidente también que la llegada de estas industrias no ha empeorado sino que ha mejorado sus expectativas, su salud y su nivel de vida, como señalan numerosos indicadores —véase, por ejemplo, los del Banco Mundial—. Importar sus textiles y exportar nuestros sindicatos y derechos laborales debería de ser la estrategia, no simplemente criminalizar a quienes han contribuido a generar el mayor crecimiento económico de la zona en toda su historia.
Duda de la necesidad de renovar equipos de alta tecnología y dice que en la sanidad española hay efectos adversos por exceso relativo de tecnología.
En el siguiente párrafo, FADSP pone en duda la necesidad de renovar equipos de alta tecnología y dice que en la sanidad española hay despilfarro, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo de tecnología. Ahí queda eso. Ni un solo dato objetivo. ¿Despilfarro en inversiones en tecnología sanitaria en España? No parece que esto sea lo que ha ocurrido en la mayoría de nuestras comunidades autónomas en los últimos cinco años. La desinversión y el incremento brutal del grado de obsolescencia tecnológico han sido la norma, por el contrario.
Hace más adelante unas consideraciones de carácter socioeconómico sobre el reparto de la riqueza que no tienen ninguna relación con el hecho de la donación; si acaso, justificaría aún más la bondad de la misma, al actuar esta como forma de redistribución. Mezcla después una disertación contra la colaboración público-privada que no viene al caso, ya que la donación no se pude entender más que como eso mismo, DONACIÓN. No existe ningún ánimo de lucro en la misma, ni ningún interés privatizador.
Acaba finalmente con un alegato a favor de derogar la reforma laboral, mejorar la prestación en dependencia y luchar por la igualdad de las mujeres. Hechos todos ellos absolutamente inconexos con la generosa donación de la Fundación Amancio Ortega (cuya empresa emplea a un 75% de mujeres). Solo nos ha faltado una apelación al ‘derecho a decidir’ para tener el programa de IKEA completo.
Desgraciadamente, a la sanidad pública española le pasa a menudo como le pasaba antes a la monarquía en este país: nada más pernicioso para ella que sus más fervientes defensores.
*Francisco Igea Arisqueta es diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.