El 16 de enero de 1973 un comando de ETA secuestró a Felipe Huarte Beaumont, gerente de Torfinasa. Su padre había sido el empresario Félix Huarte Goñi, que durante el franquismo ocupó cargos como el de vicepresidente de la Diputación foral de Navarra. Desde esa posición había promovido el desarrollo industrial de la provincia.

No se trataba del primer rapto de ETA. En diciembre de 1970 la organización había secuestrado a Eugen Beihl, cónsul de la República Federal Alemana, para llamar la atención sobre el proceso de Burgos. El segundo rehén, en enero de 1972, fue Lorenzo Zabala, gerente de Precicontrol, que atravesaba un enconado conflicto laboral. La banda terrorista obligó a la firma a aceptar las demandas de los trabajadores.

También estaba en huelga la plantilla de Torfinasa en 1973. Sin embargo, cuando miembros de ETA propusieron a un enlace sindical intervenir mediante una «acción», este se había negado y les hizo prometer que renunciarían al plan. Los terroristas no cumplieron su palabra, ya que tenían un móvil poderoso. A cambio de la vida de Huarte, no solo exigieron que Torfinasa accediera a las reivindicaciones de sus empleados, sino también un sustancioso rescate: 50 millones de pesetas. Para estupor de ETA, los trabajadores no quisieron aprovecharse de aquella ventaja y suspendieron la huelga. No obstante, la organización consiguió lo que realmente buscaba, el botín, y soltó al rehén.

Tras aquel éxito, todas las ramas de ETA recurrirían al secuestro de empresarios, directivos y profesionales para pagar el sueldo de los terroristas liberados, los pisos, los vehículos, las armas, los explosivos… Pondré tan solo dos ejemplos. En marzo de 1976 ETA-pm raptó al industrial Ángel Berazadi. Sus allegados no pudieron sufragar los doscientos millones de pesetas que se les reclamaron y la banda decidió dar un escarmiento. El cadáver apareció en abril cerca de Elgóibar. En junio de 1982 ETA-pm VIII Asamblea secuestró a Miren Elósegui, comerciante, hija del propietario de Boinas Elósegui (Tolosa) y esposa del gerente. Su rescate ascendió a 25 millones de pesetas. Miren Elósegui fue la única mujer secuestrada por la organización. Falleció el pasado día 8.

Las diferentes ramas de ETA raptaron a un total de 86 personas (sin contar los secuestros exprés). De acuerdo con un trabajo elaborado por Francisco J. Llera y Rafael Leonisio, «la mayoría de los secuestros (51%) tuvieron una motivación económica; es decir, se buscaba el cobro de un rescate (en la mayoría de los casos) o bien la apertura de alguna caja fuerte de un banco». Fueron más comunes los del primer tipo, en los que ETA se valía de la amenaza de muerte para que las familias de sus víctimas pagaran grandes sumas de dinero.

Además de su afán recaudatorio, en ocasiones los secuestros económicos servían para intimidar a aquellas personas que eran reticentes a sufragar el ‘impuesto revolucionario’. Durante un tiempo los terroristas acompañaron sus cartas de extorsión con una fotografía del cautiverio de Berazadi en la que alguien le apuntaba con una pistola a la cabeza. Esa impactante imagen puede verse en la exposición del Centro Memorial. Tres de los rehenes de ETA fueron asesinados por sus captores al no poder satisfacer el rescate exigido: Berazadi en 1976, Javier de Ybarra en 1977 y Francisco Arín Urcola en 1983. Otro, Luis Manuel Allende, falleció unos meses después de su liberación, en febrero de 1983, a consecuencia de una enfermedad derivada de su cautiverio.

Hace cincuenta años, con el secuestro de Felipe Huarte Beaumont, la banda estrenó una de sus principales fuentes de financiación. En ‘La bolsa y la vida’, obra coordinada por Josu Ugarte, Florencio Domínguez estimaba que de 1973 a 1996 las distintas ramas de ETA consiguieron por esa vía entre 6.086 y 6.416 millones de pesetas. El dinero obtenido mediante los raptos, los atracos y el ‘impuesto revolucionario’ permitió a la organización seguir matando durante décadas.

Los crímenes de ETA, incluyendo los secuestros, fueron jaleados por una parte de la población, la misma que hostigaba a los pacifistas y a quienes llevaban un lazo azul en la solapa para pedir la libertad de los rehenes. Desde 2011 las palabras del nacionalismo radical se han edulcorado, pero no sus hechos, que hablan por sí mismos. Ningún condenado por delitos de terrorismo ha colaborado para la resolución de los más de trescientos asesinatos que han quedado sin reproche penal. Ni de los secuestros. Y a lo largo del pasado año Covite registró 547 actos de apoyo a ETA. Ojalá en 2023 asistamos a cambios reales. Para empezar, que los presos de la banda tengan el valor de hablar y que el contador de Covite se quede a cero.