Pero, entre unos y otros, emergen dos colectivos que, con toda base y legitimidad, empiezan a cuestionarse si la estrambótica ‘performance’ presidencial no sería, en realidad, un rebuscado atajo para emprender con renovadas energías -y con renovados apoyos- un proceso de reformas encaminadas a apuntalar el mandato sanchista. Un mandato, por cierto, amenazado no por oscuras conjuras de la ultraderecha ni fábricas digitales de corrosivas ‘fake news’, sino por la precariedad de su mayoría parlamentaria, la volatilidad de socios imprescindibles como un Puigdemont encantado de tener «bien cogido al Estado» y la incapacidad para siquiera presentar, hasta la fecha, un proyecto de Presupuestos.

Hablamos, claro, de los jueces y los periodistas, que se han echado -algunos- a temblar ante la inconcreta promesa del líder de emprender un proceso de «regeneración democrática». ¿Qué significa eso? Sánchez no ha especificado en qué consistirán las medidas de choque para devolver la calidad democrática española a los estándares exigibles, aunque en otras ocasiones ha exhibido esos mismos estándares para presumir de que la salud del sistema ha mejorado desde que gobierna el PSOE. La afirmación la lanzó hace no tanto, en su discurso de la moción de censura en la que Vox presentó a Ramón Tamames hace poco más de un año, en el que sacó pecho por una supuesta subida de nota que, en realidad, no era tal. España sigue en el puesto 23 de la lista de ‘The Economist’, empatada con Francia y catalogada como «democracia plena» (una categoría que perdió en 2021 precisamente por las dudas sobre la independencia judicial). Mientras, otros organismos como Freedom House o Amnistía Internacional señalan la insoportable prolongación de la interinidad en los órganos de gobierno de la judicatura, pero también otras conductas achacables a diferentes instancias, como la tragedia de la valla de Melilla, el espionaje a cargos independentistas con ‘Pegasus’ o la muerte de ancianos en las residencias públicas durante la pandemia.

No parece, por lo tanto, que la emergencia democrática haya estallado de la noche a la mañana, en estos cinco delirantes días de abril. Más bien, la nueva ofensiva política que se temen los jueces para rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los vocales del Poder Judicial y a los magistrados del Supremo parece, en realidad, una manera de apretar las filas y, si es posible, absorber en el sanchismo a la desnortada izquierda a la izquierda del PSOE después de garantizarse el control de los órganos judiciales correspondientes. Tanto Podemos como Sumar tratan de tomar la iniciativa -los morados registraron ayer un texto propio-, pero Europa ya tiró de las orejas al Gobierno cuando intentó alterar las reglas de juego para no tener que depender del PP para la renovación de los órganos judiciales.

Con los «pseudomedios» que señala Sánchez sin citar cabeceras -aquí, como en botica, hay de todo, pero nadie ha desmentido las informaciones sobre las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez publicadas en ‘El Confidencial’- sucede algo parecido. ¿Se busca ahogar a aquellos medios considerados panfletos antigubernamentales o combatir con honestidad la desinformación? En Europa ya está en tramitación una ley que aborda la publicidad institucional y la financiación que obliga a los diferentes Estados miembros a adoptarla. No es, por tanto, una iniciativa visionaria de Sánchez para salvarnos de la ‘fachosfera’, sino otro golpe de efecto discursivo para fomentar la adhesión emocional de los suyos al peligroso discurso de buenos y malos que tanto se ha escuchado en estos días y que emite señales de alarma bien visibles entre odiosos ecos de lo sucedido en el 36.