La última sentencia sobre Junqueras es un regalo para los demagogos. Suscita tantas cuestiones jurídicas y políticas que pide libro. Libro gordo. El tribunal europeo se aparta del criterio mantenido hasta ahora por las instituciones en un detalle donde, sin duda, está el diablo: ¿Cómo se adquiere la condición de eurodiputado? Pues, de ahora en adelante, por la mera proclamación de los resultados electorales. O sea, que jurar el cargo en Madrid, recoger el acta o presentarla en Bruselas es indiferente.
Nótese que el tribunal luxemburgués se ha pronunciado a solicitud del Tribunal Supremo. Cuestión prejudicial se llama esa petición. Bien, resuelta está, y parecerá discutible que el Supremo dictara sentencia sobre Junqueras sin esperar a la resolución de lo que él mismo había planteado. Lo que no es discutible es que Junqueras ya no es eurodiputado al estar condenado en firme. Y nada objeta Luxemburgo a esa circunstancia, ni mucho menos insta a la anulación del juicio o a la liberación del reo, que es la forma en que el afectado, sus abogados y su partido han decidido presentar la cosa al club de fans.
Es más, quien debe interpretar los efectos que produce la sentencia del TJUE es el tribunal español. Conviene recordar -seguro que el Supremo no lo olvida- que cuando se proclamaron los resultados electorales, o sea, cuando Junqueras adquirió la condición de eurodiputado, su caso ya estaba visto para sentencia. Antes de eso carecía de inmunidad; no había que pedir el suplicatorio para su procesamiento a una cámara a la que no pertenecía.
El lío jurídico marea al lego, pero ni jueces ni fiscales se van a perder, así que un poco de calma, porque para Junqueras no hay consecuencias prácticas; todo es una pompa de jabón que emboba y deslumbra a los niños. Aquí el ratón que parió la montaña: debió permitirse a don Oriol abandonar la prisión para jurar la Constitución (a su manera) y recoger el acta. Vale, gracias, Luxemburgo: Three points. Ahora Fiscalía pide la ejecución de la pena de inhabilitación, y listos.
Si Junqueras y sus abogados no aprovecharan la sentencia europea y el aparente laberinto jurídico para desacreditar la actuación de la Justicia española en su conjunto no serían Junqueras y sus abogados. Forma parte del ruido ambiente que los portavoces de ERC se permitan exigir al gobierno de España que «respete y cumpla las sentencias». El humor catalán.
Hasta aquí lo concerniente al interesado en sentido estricto, Oriol Junqueras. Y aunque sobre él y solo sobre él se ha pronunciado el TJUE, el que se va a beneficiar temporalmente de la movida es el excéntrico Puigdemont, señor del Castillo de irás y no volverás. Gobernante de mentirijilla es eurodiputado de verdad porque el Parlamento Europeo ha corrido a adoptar al criterio de Luxemburgo. Puigdemont está procesado, está fugado, pero no está condenado. Como parlamentario goza de inmunidad. Habrá que pasar por el suplicatorio y toda la mandanga.
Dado el contexto político español, las consecuencias de lo anterior son imprevisibles, como sucede con las bombas de racimo. Primer efecto: se han congelado cual frigopié las negociaciones PSOE-ERC. Notará el lector que la condición de la formación de Junqueras para regresar a la mesa suena modesta: que el gobierno controle a la Abogacía del Estado. Ni siquiera se han referido, cuando escribo estas líneas, a la Fiscalía, a pesar de la ligereza con que Sánchez se vanaglorió de mandar en ella.
Los maximalismos llegarán a puerta cerrada, seguro, pero a ERC se le presenta un problema de aspecto insoluble: sin maximalismos ante los micrófonos y las cámaras, Convergencia (no te escondas) les comerá pronto el terreno en la carrera hacia las elecciones catalanas; con maximalismos ante los micrófonos y las cámaras, al PSOE se le pondrá chungo seguir morreándose con golpistas. Por eso desde el jueves la investidura de Sánchez pinta mal. En su carta a los Reyes Magos, ERC se pide primero gobernar Cataluña; tener pillado a Fráudez viene como accesorio del juguete grande.
Y a ver cómo le ganas las catalanas a un Puigdemont crecido, inmune, de gira, ofreciendo ruedas de prensa diarias en el Parlamento Europeo, tomando la palabra desde su escaño para denunciar que Spain is a fascist State, incluso protagonizando la campaña desde Perpiñán… con tu jefe encarcelado. Puigdemont usará contra Junqueras la «injusticia» de la prisión de Junqueras, después de haberse escapado en el maletero del coche mientras el otro se quedaba a dar la cara.
Si las elecciones catalanas se presumían cercanas, mucho más ahora con Torra condenado a inhabilitación por desobediencia en sentencia no firme. Resolución que en otro momento habría dado combustible por un tubo a las tertulias, pero que ahora, con la acumulación de fenómenos extraños en la atmósfera política, es cosa segundona y enojosa. Torra lucirá a todas horas su condena como un galardón. «A mí no me inhabilitará un tribunal con motivación política», fanfarronea ya. Y entre los dos presidentes de la Generalitat le harán la cama a Esquerra.
A todo esto, en el país más europeísta de la Unión empieza la desafección, por imitar el término favorito de aquel separatismo vergonzante que alimentó el procés. Desde el golpe, han llegado de Europa demasiados sinsabores. En general, las instituciones y los principales Estados miembros han estado a nuestro lado. No podía ser de otro modo, el Tratado de la Unión (artículo 4.2) es inequívoco. Las decepciones son básicamente judiciales:
Las de Bélgica, que desatiende euroórdenes contra etarras sanguinarios; ¿cómo iba a atender las referidas a Puigdemont? Las de Alemania, donde un tribunal de tres al cuarto le enmendó la plana a nuestro Tribunal Supremo entrando en el fondo del asunto. Las de Escocia, donde no ven riesgo de fuga en la fugada Ponsatí. La reciente del TJUE, que no debió pronunciarse sobre una cuestión que ya no tenía consecuencias jurídicas para Junqueras y que estaba claro que iba a utilizarse como bomba de racimo en frentes que comprometen nuestra integridad territorial. Ojo con eso. España será la más europeísta, pero los amores unidireccionales se agotan.