Empecé como abogado a los veintitrés años y creo en el Derecho. Tenemos una justicia lenta, a veces desesperantemente lenta, pero que siempre llega. Los ranking internacionales sitúan la calidad de la justicia española muy por encima de la percepción que tenemos de ella.

Aunque, lamentablemente, las toneladas de basura que el Gobierno ha vertido sobre ella, a lo largo de estos ocho años, se han cobrado ya muchos e importantes trofeos. La Fiscalía General, el Tribunal Constitucional o la Abogacía del Estado son ya caricaturas, irreconocibles, que tardarán años en volver a la vida y en poder soñar con el respeto de los ciudadanos.

Pero los jueces resisten y siguen en sus puestos, sin dejarse intimidar y cumpliendo con su mandato constitucional.

En los casos que rodean al Gobierno, a su partido y a la conflictiva familia del presidente (cada vez más casos y cada vez más graves), la aplicación del Derecho se convierte en un pequeño, o no tan pequeño, ejercicio de heroísmo.

Cualquier resolución contraria al poder o a los haraganes que viven del poder activa de inmediato a la sincronizada, como suele llamarla, en su interesante matinal, Ana Rosa Quintana.

Los mastines del Gobierno, los periodistas y tertulianos del régimen, y la legión de asesores desoficiados del presidente tocan a rebato y se lanzan en tiempo real contra la yugular del juez de turno, acusándolo de esbirro de la derecha, de estar al servicio de conjuras para derribar al Gobierno y, sobre todo, de practicar la palabra de moda, el lawfare. Aquel gran hallazgo de Puigdemont, que ahora les encanta a sus socios del Gobierno.

Sólo un juez de tan marcada trayectoria progresista como Santiago Pedraz se está viendo libre hasta ahora de esta ponzoña, pese a haber puesto la proa al sórdido asunto de las cloacas de Leire Díez. Una especie de película de cine negro, más propia de la familia Corleone que del gobierno de un país democrático. Ya veremos por cuánto tiempo respetan al juez Pedraz.

Ser juez y ser honesto en esta España de Pedro Sánchez no sale gratis.

En realidad, la querencia del Partido Socialista a amedrantar y denigrar a jueces incómodos no es un invento de Sánchez, aunque este haya refinado considerablemente la patente.

Los veteranos del Derecho nunca podremos olvidar la cacería desatada contra el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero en los años noventa, cuando asumió la instrucción del turbio asunto Filesa, bajo el gobierno de Felipe González. Aquellas compras de favores del Gobierno a cambio de aportaciones fantasma al Partido Socialista.

El valiente Marino Barbero pagó entonces un incalculable coste personal por su honestidad, que terminó por quebrantar su salud y le obligó finalmente a dejar la Judicatura.

Pero el Estado de derecho aguantó, ganó, y los culpables fueron condenados. Seguro que ahora va a volver a ganar.

El reparto penal de asuntos es en realidad una ruleta rusa para los jueces. Lo que les toca, les toca. Imagino como debió sentirse el juez Peinado un día de abril de 2024, cuando, repasando la rutina de los asuntos nuevos del día, se encontró, seguramente encima o debajo de la carpetilla de alguna pequeña estafa o un robo sin importancia, con aquella denuncia de Manos Limpias, nada menos que contra la esposa del presidente del Gobierno.

Pero Peinado hizo lo que tenía que hacer. Poner manos a la obra.

En los dos años transcurridos desde entonces, la bajeza de los ataques y presiones del Gobierno y sus medios de comunicación han superado cualquier límite de indecencia imaginable. Además de tildarle de «prevaricador» y aplicarle el mantra habitual, marca de la casa, de «facha con toga», los chicos de la sincronizada ridiculizaban al juez magnificando sus errores procesales (que, efectivamente, han sido unos cuantos a lo largo de la instrucción), presentándolo como una especie de lunático e ignorante obsesionado con Begoña Gómez.

Es verdad que Peinado tiene fama en los Juzgados de Plaza de Castilla de hombre extravagante y desordenado.

Pero tampoco debe de ser tan fácil mantener la concentración en el trabajo cuando uno tiene que instruir una causa compleja y protegerse, al mismo tiempo, de lo más sucio del Estado.

Los habituales Óscar Puente, Óscar López, Félix Bolaños (siempre requiere un esfuerzo supremo recordar que Bolaños es nada menos que ministro de Justicia) rivalizaban en tono pendenciero contra el juez.

Pablo Iglesias se sumaba encantado.

Los noticieros de RTVE lanzaban a las ondas su nube tóxica de cada día.

En octubre de 2024, la entonces ministra portavoz Pilar Alegría anticipaba desde la sala de prensa de Moncloa el pronto archivo del procedimiento y acusaba, condescendiente, al juez Peinado de estar «pedaleando en la nada», como si estuviera hablando de un enajenado.

En realidad, el clímax del asunto había llegado ese verano. Pedro Sánchez, Begoña Gómez y un periodista, Máximo Cabrera, presentaron tres querellas simultáneas contra el juez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todas ellas fueron rechazadas.

La encabezada por Pedro Sánchez, obviamente autor espiritual de las tres, era especialmente mezquina, porque hasta utilizó, para interponerla, los servicios de la Abogacía del Estado. Seguramente, a la abogada del Estado que le tocó en suerte preparar aquel escrito impresentable nunca se le pasó por la cabeza a lo que tendría que prestarse cuando estudiaba sus oposiciones y soñaba con ser abogada del Estado.

Pero Peinado siguió trabajando en silencio. Con sus errores de bulto, pero con aciertos mayores e incuestionables. Acumuló datos, testimonios y documentos, algunos de ellos irrefutables.

Las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Juan Carlos Barrabés para que le adjudicaran un contrato público de Red.es no las habría firmado ni Delcy Rodríguez.

El asunto del software y las circunstancias que rodearon esa cátedra de pacotilla creada para Begoña Gómez en la Universidad Complutense fueron también tomando forma.

A lo largo de los muchos recursos que interpusieron las defensas, la Audiencia Provincial de Madrid, a la vez que ponía de relieve los traspiés indudables del juez y corregía algunas expresiones, fuera de lugar, de sus resoluciones, iba apoyando y confirmando en lo sustancial la instrucción de Peinado.

Su auto de abril de este año, acordando la continuación del procedimiento con arreglo a la Ley del Jurado, con lo que esta clase de juicios conlleva de exposición pública, etcétera, volvió a desatar (si es que en algún momento habían estado atadas) las lenguas de los ministros y corifeos del Gobierno, acusándole nuevamente de prevaricar y de intentar vejar y perjudicar a Begoña y a su marido presidente.

Como si las normas procesales sobre competencia funcional y sobre la clase de juicio a seguir frente a cada clase de delito se le hubieran ocurrido al juez Peinado, y no fueran normas preestablecidas y de orden público procesal.

Sarah Santaolalla llegó a afirmar en la televisión pública que, a la hora de celebrar el juicio, no sería posible encontrar en Madrid (en este «Madrid de Ayuso») nueve ciudadanos imparciales para juzgarla. Como Abraham en el relato del Génesis, cuando fracasó intentando encontrar a diez hombres justos en Sodoma para salvarla del fuego divino. Cualquier disparate es bienvenido.

Ese auto de la Audiencia Provincial, dictado por cinco magistrados, pone las cosas en su sitio. Confirma en lo sustancial la instrucción y la fortaleza de los indicios de delito acumulados por el juez Peinado, a base de trabajo y tesón. Confirma la competencia del tribunal del jurado.

Y confirma que Begoña Gómez ha de ser juzgada por nueve ciudadanos, como cualquier otro español. Aunque sea la mujer del presidente. De este presidente que siempre hace trampas.

Peinado, pese a sus rarezas, está culminando un trabajo de incalculable valor, porque lo ha hecho en condiciones dificilísimas y bajo el peso de toda la maquinaria de guerra del poder, de este poder.

Los que creemos en la superioridad del Derecho sobre los gobernantes corruptos siempre estaremos en deuda con él.

*** Diego Cabezuela Sancho es abogado.