Los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, gestionados ya como un único frente bajo emergencia de interés nacional, han calcinado alrededor de 77.000 hectáreas y obligado a evacuar o confinar a 120.000 personas.

El perímetro supera en la actualidad los 280 kilómetros y varios frentes siguen fuera de la capacidad de extinción conjunta de las administraciones españolas.

La situación, por tanto, no admite tacticismos, patadas adelante o los habituales lamentos de rigor que a nada conducen.

El cambio climático es el factor acelerador. La evidencia empírica muestra que cada vez se quema más superficie y con mayor virulencia, no sólo en España, sino en todo el planeta.

Reconocerlo no implica, sin embargo, que la respuesta a corto y medio plazo contra los incendios deba subordinarse a la lucha global a largo plazo contra el calentamiento. Entre otros motivos, porque esa lucha a largo plazo está sólo en una parte muy pequeña en nuestras manos.

Es urgente por tanto distinguir entre prioridades a corto y largo plazo. Un solo ejemplo. La lucha contra las causas sociológicas, económicas o políticas que explican el aumento de los robos y los asesinatos no debe distraer del hecho de que la prioridad inmediata es impedir que esos delitos se cometan.

Nadie sensato sostiene, por tanto, que haya que resolver primero la pobreza para actuar contra la delincuencia, olvidándose de la batalla contra los delitos concretos que suceden en la actualidad.

Con los incendios ocurre lo mismo: el clima obliga a una prevención mucho más radical e intensiva, incluso si esa radicalidad choca con planteamientos ecologistas que restringen aclareos, pastoreos, quemas prescritas y limpieza de bosques y cauces; que incrementan la burocracia hasta extremos absurdos; o que condenan la vida rural, el pastoreo, la ganadería e incluso la misma agricultura si está enfocada al consumo masivo.

Los datos del Tribunal de Cuentas de octubre de 2023 ilustran el desequilibrio. Tras los grandes incendios de finales de los años ochenta y principios de los noventa, España impulsó tanto la extinción como la gestión forestal.

Entre 2000 y 2008 se mantuvo ese esfuerzo.

La crisis de 2008 marcó el punto de inflexión: el gasto en prevención se recortó más del 50%, mientras el de extinción se sostuvo.

Entre 2018 y 2020, la partida estatal de tratamientos selvícolas (desbroces, clareos y eliminación de biomasa) pasó de 4,95 millones de euros a 2,56 millones, una caída del 48,3% que el propio Tribunal calificó de especialmente acusada.

El gasto forestal total creció, pero el aumento se debió casi por completo a las subvenciones.

Mientras tanto, cayeron la investigación forestal, la educación ambiental y la defensa de la propiedad. Aumentó el volumen agregado de recursos; pero no se recuperaron las actuaciones materiales que reducen el combustible.

Esa distorsión no se corrige con más hidroaviones ni con mejores discursos. El abandono rural y la acumulación de biomasa convierten cada ola de calor en una amenaza explosiva.

La prevención estructural exige recuperar la gestión activa del monte; aceptar tensiones con determinadas sensibilidades ambientales que, incluso cuando son honradas y no interesadas, generan más daño del que evitan; y destinar recursos reales a limpiar, no sólo a apagar.

Por eso es imprescindible un pacto de Estado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ese acuerdo debe concretarse antes de que termine julio en una reunión del Ministerio para la Transición Ecológica con todas las comunidades autónomas.

Porque si agosto repite el patrón del año pasado, España puede enfrentarse a la quema de un millón de hectáreas en uno o dos años. Sánchez y Feijóo no pueden irse de vacaciones sin haber cerrado ese compromiso. La respuesta a los incendios actuales no puede ser la irresponsabilidad.

La extinción sigue siendo indispensable y el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos y los medios aéreos merece reconocimiento.

Pero sin una política que recupere la gestión del territorio y reduzca de forma radical el combustible, cada verano será una ruleta rusa.