ABC-LUIS VENTOSO
No le pongan mística amarilla: cometieron graves delitos y responden por ellos
DESDE el siglo XX hasta hoy, España ha frenado tres intentonas separatistas de quebrar por la fuerza su unidad, aunque no sin esfuerzo y sufrimiento. El primer envite llegó el 6 de octubre de 1934, cuando Companys, de ERC, declaró atolondradamente la República Catalana en un balcón de Barcelona. El general tarraconense Batet se encargó de cumplir con su deber y reinstaurar la legalidad. Batet, que tenía lo que hay que tener, incluso empleó su artillería contra los insurrectos. Lógicamente, la justicia de la República Española impuso severas condenas a los independentistas que se habían sublevado para romper el país: pena de muerte para los militares cómplices (luego conmutada por cadena perpetua) y 30 años de cárcel para los dirigentes políticos del levantamiento. Además fue suspendida la autonomía catalana. No pudieron con España.
El segundo gran ataque a la unidad de España comenzó en 1958 y se prolongó medio siglo. Se llamaba ETA y amargó la vida del país hasta 2010, cuando fue derrotada por el Estado. Con una crueldad extrema, que costó más de 800 muertos y 3.000 heridos, el movimiento terrorista trató de imponer la independencia del País Vasco mediante la violencia y el chantaje. Policías, militares, políticos y muchas personas anónimas se dejaron la vida contra aquel bárbaro proyecto totalitario. No pudieron con España.
El tercer y último intentó llegó en octubre de 2017, cuando políticos separatistas de ideario xenófobo desoyeron todas las advertencias del Gobierno central y pisotearon la Constitución y las leyes autonómicas para declarar por fuerza la República Catalana. Además, utilizaron para su golpe las instituciones de todos los catalanes, cuando la mayoría no querían la independencia. Tampoco pudieron con España y ayer comenzaron a ser juzgados por sus gravísimos delitos.
Por mucha mística amarilla que le pongan el separatismo, sus tontos útiles tipo Colau y los nacionalistas foráneos, el asunto resulta sencillo: ningún país permite que una parte de su territorio se desgaje a la brava y violentando las leyes nacionales. Algo así te lleva a la cárcel de cabeza en Francia, EE.UU., China, Rusia… y lógicamente también España. Eso sí, la democracia española garantiza un juicio justo, público y con respeto a la presunción de inocencia (aunque resulta complicado que no te declaren culpable si tú mismo te has jactado con alharaca de cómo te fumabas la ley). Existen una serie de coletillas huecas que el nacionalismo catalán –y el vasco, y el escocés…– repiten como si fuesen mantras sagrados. Por ejemplo: «Decidir no es delito». Uno, gallego al fin, respondería con un «depende». Si decides atracar un banco me temo que habrá delito. Y si machacas la norma medular de un Estado, su Constitución, pues también. Los magistrados del Supremo, juristas eruditos de acreditado prestigio, analizarán las acciones de los doce acusados, las compararán con lo que establece la ley y emitirán su sentencia. Así de simple. Y si Junqueras tiene que cenar una larga temporada en la cárcel, pues tampoco nos deprimiremos en demasía, porque intentar romper un país y destrozar la convivencia de los catalanes no es regalar rositas en Sant Jordi.