El Correo-TONIA ETXARRI
Si Cataluña atravesara por una situación de normalidad, como la que busca en vano el presidente Sánchez, el ministro del Interior no habría previsto el envío de 600 antidisturbios para reforzar el despliegue policial con motivo de la Diada y el 1-O. Porque el presidente de la Generalitat, más activista que gobernante, ya va señalando el camino de la calle para seguir presionando sobre un referéndum de autodeterminación y amagando con excarcelar a los presos independentistas si resultan condenados en el próximo juicio al ‘procés’.
A los gobernantes catalanes se les ha dicho desde hace años que el problema que tienen no es de independencia sino de convivencia, que además de propagar la política del diálogo la deberían aplicar en Cataluña que es donde han provocado una fractura política y social de incalculables consecuencias, que deben acatar las leyes como todo demócrata que se precie. Que no pueden rebasar la legalidad. Lo mismo que ahora está diciendo Pedro Sánchez a Quim Torra se lo dijo Rajoy a Mas y a Puigdemont. Y los aludidos hicieron caso omiso. Porque están en otra galaxia extra institucional desde hace años. En su Estado paralelo, en su República independiente. En su catarsis emocional ombliguista y excluyente.
Por mucho que el presidente Sánchez emplace a Quim Torra a que adopte una actitud de mayor responsabilidad y menor gesticulación, el caso es que el mandatario catalán sigue tensando la cuerda. Hoy negociarán traspasos de competencias y el compromiso de la retirada de algunos recursos, como ha ocurrido en Euskadi, sobre leyes autonómicas interpuestos por el anterior Gobierno del PP. Incluso en la Junta de Seguridad hablarán del conflicto creado por la invasión de lazos amarillos en los espacios públicos. Tal como quería el ministro García Marlaska. Pero ello no impedirá que los representantes del Govern sigan con sus movilizaciones. Porque se dedican, fundamentalmente, a agitar la calle.
Ayer Torra, sin control parlamentario y con la única supervisión del prófugo Puigdemont dijo en Bruselas que «será el pueblo» quien decidirá si se deben abrir las cárceles a los políticos independentistas. De momento son «palabras», como diría la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero teniendo en cuenta que no oculta su intención de provocar una desobediencia de las leyes, y de diseñar una constitución «catalana» si no hay referéndum independentista, quizás el Gobierno debería reaccionar a tanto requerimiento épico de la rebeldía. La vicepresidenta cree que los periodistas utilizamos mal el concepto cuando hablamos de debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Que tenemos que referirnos a las mayorías y minorías, a los escaños en general. Ayer se permitió corregirnos.
Llámese como se quiera. Pero los escaños de este Gobierno son 84 hasta que no se celebren otras elecciones. Así es que, para ser más precisos, podemos hablar de la mayoría condicionada, si quiere. Pero lo cierto es que el Gabinete Sánchez está con las manos atadas a sus socios de la moción de censura. La ministra Batet pide tiempo. Pero ya se ha visto que los tiempos de provocación sin reacción institucional favorecen a los que buscan la desestabilización. Un desafío de la magnitud de los separatistas de Cataluña requiere la contraposición de un Gobierno estable. A la mayor responsabilidad y menor gesticulación que reclama Sánchez, él debería poder encarar los problemas con mayor capacidad de gestión y menos propaganda.