Si de poco sirven las comisiones de investigación en los parlamentos, porque se utilizan como plataforma de juicios paralelos, cabe preguntarse sobre la utilidad de los plenos de control en esta legislatura. Al presidente del Gobierno se le pregunta por el récord del precio de la luz, el IVA reducido, la pandemia o el niño de Canet al que se le impide que estudie el 25% de sus asignaturas en castellano. Y el presidente sólo promete un Debate sobre el Estado de la Nación para el año que viene. Fin de la cita. No está hecho para la oratoria el presidente. No busca persuadir. Sólo que le escuchen. Por eso prefiere los mítines. Las conferencias de prensa sin preguntas. Las visitas a zonas catastróficas gobernadas por el PSOE. De ahí que en los plenos de control encaje de mala gana las críticas, se haga el escandalizado respondiendo con alusiones personales («¿cuantos cafés lleva hoy, señor Casado?»). Ayer se le vio en apuros y contrariado. Hasta el punto de elevar una queja a la presidenta de la Cámara cuando era interpelado por Ciudadanos. ‘Seño, que me hacen preguntas que no están en el temario…’. La cuestión fue que Arrimadas le reprochó que el Gobierno no estuviera haciendo nada para defender los derechos del niño de Canet y Sánchez le respondió que cada vez más catalanes (y catalanas) quieren «concordia y convivencia». No se referiría a sus socios de ERC que, desde la Generalitat, están infringiendo las sentencias judiciales y, además, hacen de su rebeldía un desafío constante al Estado democrático. Más concreta que el huidizo Sánchez resultó la ministra de Educación que, a la defensiva, recriminaba a la oposición que estuvieran pidiendo al Gobierno un imposible: intervenir donde no tiene competencias. Pero no es exacto. La Abogacía del Estado podría solicitar la ejecución forzosa del fallo judicial, que obliga a impartir el 25% de asignaturas en castellano, porque la Generalitat no piensa cumplirla. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Y la Abogacía? Pues eso.

Pero no hay ni una mala palabra para ERC de quienes Sánchez depende para amarrar su estabilidad parlamentaria. Rufián puede ser un ignorante sobre las diferencias de defensa que tiene quien declara ante un juez en condición de testigo o investigado. Pero se mueve como un ‘cum laude’ del parlamentarismo porque sabe que tiene a Sánchez sometido. Ha conseguido lo que quería. Que el Gobierno ayude a costear parte de la cuota de las plataformas audiovisuales en las lenguas cooficiales. Sin contradecir la normativa europea. Los incentivos llegarán con cargo a los Presupuestos. Esta es la política lingüística prioritaria de los socios de la Moncloa. ¿Y el cumplimiento de la ley en Cataluña? El presidente sí sabe, pero no contesta. Quien pregunta, crispa.