«Si nada se rompe antes», «salvo sorpresa de última hora». Esas eran las expresiones más recurridas de no pocos senadores poco antes de proceder a la votación sobre la reforma del ‘sólo sí es sí’ que reflejaban la desconfianza que se ha instalado entre los dos principales partidos desde que se mueven en modo campaña electoral. A pesar del apoyo del PP al viraje de Pedro Sánchez. En la maraña del cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, en medio de las cero viviendas construidas en cinco años de gestión de Pedro Sánchez y las 183.000 prometidas por turnos en tiempo de descuento, ha sido posible un acuerdo que no reparará los daños sufridos por las víctimas de abusos y violaciones pero que endurecerá la situación penal de los delincuentes sexuales a partir de ahora. Un acuerdo importante, nada baladí, porque se trataba de corregir una ley que ha provocado casi un millar de reducciones de condena y la excarcelación de más de un centenar de violadores sexuales y pederastas. En cuestión de siete meses. Un fiasco legislativo provocado por una ministra como Irene Montero avalada en principio por todo el Gobierno. El caso es que esta reforma del PSOE apoyada por el PP, UPN y el PNV corrige algunos desmanes iniciales porque al modificar las penas mínimas de algunas horquillas, impedirá que se produzcan rebajas cuando se impongan en una sentencia (como ha ocurrido hasta ahora) y mantiene la literalidad del consentimiento, como no podía ser de otra manera.

¿Pero qué importa el contenido a estas alturas? Si a Patxi Lopez le cuesta cada vez más ejercitar la autocrítica y reconocer que suscribieron una mala ley, es porque en el fondo no cree que el presidente del Gobierno se equivocara cuando apoyó esta ley al principio sino que la reforman ahora porque les conviene como baza electoral. Su prioridad en estos siete meses no ha sido la corrección urgente de sus defectos. Ha sido la alarma social el motor que ha impulsado al ala socialista del Gobierno a dar el giro para liberarse de la presión demoscópica.

Otro cambio radical en el PSOE al tener que aceptar compañías que han venido despreciando durante toda la legislatura. Tener que practicar el vacío parlamentario con las ministras de Podemos, justificar la ausencia del presidente a la hora de votar su propia reforma, cambiar de aliados y admitir la ayuda del partido de Feijóo con la nariz tapada, tiene, para los socialistas, difícil explicación. Con contadas excepciones como la de la exvicepresidenta Carmen Calvo, que donde ha visto más antifeminismo ha sido en el Ministerio de Igualdad al no querer atender las quejas de las víctimas que han expresado su dolor por el pasado y su miedo por el futuro.

Quienes mandan ahora no quieren dar importancia a los cambios («técnicos» al fin y al cabo, una «errata») ni las gracias al PP (porque no son feministas). El daño está hecho. Y la reparación de una ley que nunca debió promulgarse en los términos iniciales, llega con siete meses de retraso. Aquí ha habido desidia gubernamental.